La cumbre de los
Acuerdos de Isaac reunió en Buenos Aires a dirigentes, legisladores y
organizaciones alineadas con Israel y el trumpismo. La ultraderecha regional
busca reconfigurar las leyes locales para subordinar los recursos estratégicos
del Cono Sur
El evento congregó a la
primera línea de las nuevas derechas regionales: desde el senador
brasileño Flávio Bolsonaro hasta legisladores clave del bloque
fujimorista de Fuerza Popular en Perú, representantes del Partido
Republicano de José Antonio Kast en Chile, y parlamentarios de Cabildo Abierto
en Uruguay.
La reciente cumbre de los Acuerdos
de Isaac en el Alvear sigue apostando a la naturalización del reciente
alineamiento geopolítico de la Argentina, consolidando un proceso de
subordinación con variadas muestras desde que Javier Milei se sentó en el sillón presidencial.
La cumbre congregó a la primera
línea de las nuevas derechas regionales: desde el senador brasileño Flávio
Bolsonaro hasta legisladores clave del bloque fujimorista de Fuerza
Popular en Perú, representantes del Partido Republicano de José Antonio
Kast en Chile, y parlamentarios de Cabildo Abierto en Uruguay.
Esta alianza de las nuevas derechas parlamentarias, estructurada por el presidente de la Israel Allies Foundation, Josh Reinstein, opera como una plataforma unificada para proyectar la agenda de Tel Aviv en América Latina. El alineamiento de Argentina con este esquema se extrema en un momento de severo aislamiento internacional para el primer ministro Benjamin Netanyahu, cercado por investigaciones por crímenes de guerra ante los tribunales internacionales debido al genocidio desplegado en Gaza y la agresión militar contra el Líbano.
Al quebrar la histórica doctrina de neutralidad y multilateralismo de la Cancillería, una tradición de autonomía que resguardaba los márgenes de decisión nacional, la aventura libertaria compromete de manera directa la soberanía del país, subordinado desde el control de los recursos estratégicos hasta las capacidades científicas y de defensa autónomas.Distintos observadores de la
coyuntura oficial ponen el ojo en el nivel de influencia que ejerce la
organización ultraortodoxa Jabad-Lubavitch dentro del entorno
presidencial. Quienes examinan este entramado señalan que dicha impronta
ideológica aporta un componente dogmático que suele traducirse en un
debilitamiento de los marcos de justicia social y del respeto por las
normativas vigentes.
En el plano de las decisiones de
Estado, esta matriz de pensamiento se materializa en hitos como el rechazo al
ingreso de Argentina al bloque de los BRICS o el anunciado traslado de la embajada
argentina a la ciudad de Jerusalén, una medida que desafía de forma abierta
los consensos de las Naciones Unidas. Al catalogar a Irán como un enemigo
oficial de espaldas al Poder Legislativo, la Casa Rosada quiebra de forma
unilateral el histórico acuerdo de neutralidad que las distintas fuerzas
políticas sostuvieron desde el retorno democrático en 1983.
Al eludir los canales del Congreso
de la Nación, el Ejecutivo no solo viola las prerrogativas constitucionales
sobre la paz y la seguridad exterior, sino que divorcia la agenda gubernamental
de la voluntad democrática del país.
El vecino argentino, Peter Thiel
La cumbre de Buenos Aires opera de
este modo como el marco de validación para un modelo donde el Cono Sur pasa
a funcionar como un campo de pruebas desregulado para tecnologías de control
masivo, adaptándose a las demandas operativas del capital tecnológico global.
Estas reformas incorporan de manera
central los sistemas de fusión de datos de la corporación estadounidense Palantir. Los
informes técnicos internacionales sobre el sector securitario revelan que Palantir opera
en estrecha simbiosis con el complejo militar de Israel, habiendo suministrado
la plataforma de inteligencia artificial aplicada en los teatros de operaciones
de Gaza y Líbano.
Mientras fondos de inversión
escandinavos, como Storebrand Asset Management, retiran sus
capitales de Palantir aduciendo riesgos inminentes de violaciones al derecho
internacional humanitario, el gobierno argentino le otorga el procesamiento de
sus flujos de información civil. En una claudicación que expone la baratura
ideológica y la precariedad estratégica del oficialismo, el Estado argentino
acepta las condiciones de un llave en mano tecnológico extranjero a cambio de
una supuesta validación geopolítica que la comunidad internacional ya rechaza.
La implantación de estas
herramientas de vigilancia algorítmica genera una subordinación digital
irreversible. El procesamiento de datos públicos y la asignación automatizada
de perfiles de riesgo sobre los ciudadanos argentinos quedan delegados en un software
corporativo cerrado y transnacional.
Bajo la justificación técnica de la
ciberseguridad y el “combate al terrorismo”, el experimento
libertario desplaza las capacidades soberanas del Estado hacia una
dependencia estructural.
Esta sumisión tecnológica reactiva,
de forma casi paródica, la fantasía mediática de la instalación en el país
de Peter Thiel, un romance con el suelo argentino que se
esfumó al poco tiempo pero que dejó como herencia el desembarco de su andamiaje
de control civil
Vaciamiento atómico y claudicación
soberana
La contraprestación material de
este alineamiento incondicional exige el desmantelamiento de las capacidades
científicas autónomas y la facilitación de los recursos estratégicos del país.
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) opera
aquí como el corolario de un proceso sistemático de flexibilización integral.
Su aprobación legislativa que habilitó severas exenciones fiscales y cambiarias
para infraestructura digital, minería crítica y centros de
datos, funciona como la garantía jurídica última para las corporaciones
transnacionales insertas en la denominada Pax Silica.
Detrás de este concepto se esconde
la configuración de un orden global donde las corporaciones de Silicon
Valley, asociadas a los complejos militares, imponen una “pacificación
tecnológica” a cambio del acceso irrestricto a los recursos del sur global. En
este esquema, el RIGI corona el desmantelamiento de las normativas locales:
desde la degradación de los controles ambientales para facilitar el
extractivismo, hasta la desregulación laboral que ofrece mano de obra
precarizada.
De este modo, el andamiaje
normativo se reconfigura por completo para proteger el flujo de datos y divisas
de las compañías extranjeras, blindándolas por treinta años frente a cualquier
intento de regulación soberana del Estado argentino.
En simultáneo, el vaciamiento
presupuestario y laboral que el Poder Ejecutivo ejecuta sobre la Comisión
Nacional de Energía Atómica (CNEA) expone la dimensión material de
este desarme soberano. Esta política programática, que paralizó el desarrollo
del reactor modular de baja potencia CAREM y forzó despidos masivos de
científicos, busca clausurar la autonomía tecnológica del país.
El correlato represivo de esta
entrega se evidencia en los centros atómicos de la nación, que hoy sufren una
militarización inédita por parte de la Gendarmería Nacional bajo
la premisa de resguardar objetivos ante supuestas "amenazas
externas".
El impacto más profundo de esta
subordinación dogmática se localiza en el Atlántico Sur, allí
donde la entrega oficial choca de frente contra una de las fibras más sagradas
de la memoria popular, para el pueblo argentino, el reclamo soberano por las
Islas Malvinas es un emblema identitario. La corporación petrolera israelí
Navitas Petroleum, en sociedad con la firma británica Rockhopper
Exploration, avanza hoy sin obstáculos en la explotación
hidrocarburífera ilegal del yacimiento Sea Lion.
Ante esta flagrante afrenta a la
soberanía nacional, la Cancillería comandada por el esquema de Pablo
Quirno: ha garantizado un silencio protector, archivando el reclamo
histórico con tal de no incomodar a sus socios de Tel Aviv. Este desembarco de
actores vinculados al esquema extractivo israelí sobre bienes comunes
estratégicos reconoce un antecedente en los convenios hídricos firmados desde
2022 con la estatal Mekorot.
Pero bajo el paraguas de los Acuerdos
de Isaac, la entrega se institucionaliza como doctrina de Estado: un
modelo donde el sentimiento y el territorio de una nación son conscientemente
rematados en el altar de los compromisos políticos de la Casa Rosada con
Washington y el gobierno de Netanyahu.
De espaldas al pueblo: naturalizar
el despojo
De este modo, la diplomacia mística
de la Casa Rosada opera bajo una estrategia de naturalización por saturación. A
través de fotos oficiales, discursos mesiánicos y cumbres corporativas, el
oficialismo intenta instalar como un hecho consumado y "normal".
El ocultamiento y el salteo
parlamentario son la condición necesaria para el experimento: estos acuerdos
ocurren de espaldas al pueblo argentino porque estas resoluciones violan de
forma directa los marcos regulatorios fundamentales de los derechos humanos.
Durante las sesiones en Puerto
Madero, los promotores de los Acuerdos de Isaac enfatizaron la exigencia de que
los parlamentos locales adopten de forma obligatoria la definición de
antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto
(IHRA).
Este instrumento normativo es
severamente cuestionado por relatores de las Naciones Unidas debido a su
utilización instrumental para asimilar la crítica legítima a las políticas de
ocupación y extractivismo con expresiones de odio, abriendo la puerta a la
persecución penal del activismo político.
Se busca así blindar legalmente el
saqueo: quien denuncie la entrega del litio, el vaciamiento de la CNEA o el
negocio petrolero en Malvinas será perseguido penalmente como un «delincuente
de odio» o un «enemigo del Estado».
Tomado de Diario Red / España. Imagen de archivo.
