Dr. Manuel
Fariñas / Opinión
La confianza democrática no se decreta: se construye. Y en Venezuela, donde la ciudadanía ha visto deteriorarse la credibilidad de las instituciones, el sistema electoral ocupa un lugar central en esa fractura. En la Constitución de 1999 se establece un Poder Electoral autónomo, imparcial y transparente, pero la práctica ha derivado en un organismo cuya legitimidad es cuestionada por amplios sectores sociales.
Hoy, cuando el país intenta reencontrarse con un horizonte de convivencia y reglas claras, la discusión sobre un nuevo Consejo Nacional Electoral no es un debate técnico: es un debate ciudadano.
¿Qué exige
realmente la Constitución?
La CRBV define al Poder Electoral como un poder independiente, con responsabilidades que van desde la organización de los comicios hasta la garantía de los derechos políticos. Sus principios rectores: autonomía, imparcialidad, participación y transparencia, no son ornamentales: son condiciones para que la voluntad popular sea respetada.
Un CNE que no cumpla esos principios afecta directamente la vida cotidiana: la confianza en el voto, la estabilidad institucional y la posibilidad de resolver conflictos por vías pacíficas.
Lecciones de la
región: cuando los árbitros sí generan
confianza.
En Iberoamérica existen experiencias que demuestran que es posible construir instituciones electorales respetadas incluso en contextos de polarización:
- Brasil: El
Tribunal Superior Electoral ha enfrentado campañas de desinformación y
presiones políticas, pero su estructura judicial y su profesionalización han
permitido sostener procesos confiables.
- México: El INE
ha sido reconocido por su sistema de auditorías ciudadanas y su blindaje frente
a los partidos.
- Chile: Su sistema electoral destaca en transparencia, rapidez en el escrutinio y participación ciudadana.
Estos modelos no son perfectos, pero comparten tres elementos fundamentales: independencia, profesionalización y controles ciudadanos.
¿Qué debería
caracterizar a un nuevo CNE venezolano?
- Independencia
verificable: designación por consenso amplio, no por cuotas partidistas.
-
Profesionalización técnica: carrera electoral, concursos públicos,
certificaciones.
- Transparencia
radical: publicación de actas, auditorías abiertas, observación
internacional.
- Participación
ciudadana: veedurías, contraloría social, mecanismos de denuncia.
- Tecnología auditada: sistemas verificables y trazabilidad del voto.
Reconstruir la confianza es reconstruir la República.
Venezuela necesita un árbitro electoral que sea percibido como un garante, no como un actor político. La región demuestra que es posible. La Constitución lo exige. La ciudadanía lo reclama.
Un nuevo CNE no es un fin en sí mismo: es el punto de partida para recuperar la confianza en la democracia y abrir un camino de convivencia institucional.
