Por Cristina Papaleo
La presencia en Argentina del magnate tecnológico
estadounidense Peter Thiel, cofundador de Palantir, genera inquietud acerca del
futuro de las libertades civiles, los derechos digitales y la democracia.
El empresario multimillonario Peter Thiel es una de las
figuras más influyentes del ecosistema tecnológico estadounidense, cofundador
de Palantir Technologies,
una plataforma de recopilación de enormes volúmenes de datos que opera
con inteligencia
artificial (IA). Su supuesta intención de instalarse en Argentina y su
compra de una propiedad en Buenos Aires generan preocupación más allá del
mero ámbito económico, tanto en organizaciones civiles y de derechos
humanos, como Amnistía
Internacional, como en observadores y analistas argentinos consultados por
DW.
Thiel se autodefine, al igual que el presidente
argentino, Javier
Milei, como "anarcocapitalista" y "enemigo del
Estado". "En muchos aspectos, Argentina parece estar
convirtiéndose en un laboratorio, en una suerte de espacio de
experimentos", dice el politólogo Gustavo Marangoni.
La presencia de Thiel "llama especialmente la atención, porque el Gobierno de Milei reivindica la libertad individual, pero, al mismo tiempo, está impulsando la creación de bases de datos y espejos virtuales de control de los ciudadanos", subraya, añadiendo que "Peter Thiel tiene definiciones muy polémicas respecto de la democracia, al disociarla de la libertad".
La tecnológica Palantir también estuvo detrás de la captura y
traslado a EE. UU. del expresidente de Venezuela Nicolás Maduro y
de los procedimientos contra migrantes por parte de ICE.
"Palantir es
una empresa de minería de datos que hace entrecruzamiento de bases de datos de
innumerables fuentes, como navegación de GPS, datos de webcams, de redes
sociales, y que Thiel esté en Argentina e incluso haya tenido reuniones con
Milei y con ministros genera muchos interrogantes", coincide Sebastián Di
Doménica, experto en inteligencia artificial y medios digitales.
Un "gemelo digital" y datos de personas
en protestas
El Gobierno de Javier Milei anunció en mayo de 2026 la
creación del programa "Gemelo Digital Social", una plataforma de IA
que integrará grandes volúmenes de datos personales sobre salud, movilidad y
hasta la participación en protestas, a fin de simular escenarios sociales y
predecir su impacto. Pero el riesgo para los datos personales es una historia
de larga data en Argentina.
"Aunque Argentina fue un país de vanguardia en este
sentido, se ha producido un vaciamiento en materia de protección de datos, una
ausencia total de política pública de seguridad informática, con un problema
adicional, que es la fragmentación de bases de datos de uso público",
comenta Tomás Pomar, especialista en Derecho Informático y presidente del Observatorio
de Derecho Informático Argentino (ODIA).
"En ese marco se produce la presencia de Thiel",
señala, "con una narrativa de la extrema derecha que toca temas que
preocupan a mucha gente". Pomar advierte sobre el peligro que se corre en
Argentina de "perder la discusión en términos democráticos, porque muchos
están exigiendo respuestas a los problemas, por ejemplo, a la inseguridad, o
que se faciliten trámites públicos, y no les importa la vigilancia en este
sentido".
Este experto y su organización alertan, hace
tiempo, sobre la falta histórica de interoperabilidad entre las bases de
datos públicos, por ejemplo, de los ministerios. Si a eso se suman problemas de
ciberseguridad, dice Pomar, "hablamos de la falta de gobernanza de datos".
Milei: una reforma a los servicios secretos, ¿y ahora
qué más?
Con su segunda reforma a la Ley de Inteligencia Nacional por
decreto (DNU 941/2025), Milei
propició que los agentes de los servicios secretos puedan operar sin vigilancia
judicial ni los debidos procedimientos legales bajo el pretexto de la
seguridad nacional.
"También se habilitó a las fuerzas de seguridad a
hacer ciberpatrullajes
en redes sociales o en ámbitos web abiertos", resalta Di
Doménica.
"Los posibles acuerdos entre el Estado y las empresas de
vigilancia y gestión de datos, como la de Peter Thiel, genera
preocupación", confirma Manuel Trufó, director de Justicia y Seguridad del
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) . "Estas empresas son
cuestionadas por haber utilizado sus capacidades en
acciones como represión, persecución de migrantes y otros abusos. Además,
esto se agrava por sus posturas públicas, que se perciben como favorables a
prácticas que contribuyen al deterioro de la democracia a nivel global y en
Argentina".
Asimismo, Trufó alerta sobre el hecho de que "el Estado
se está volviendo cada vez más opaco, se debilitan los controles sobre
adquisición de herramientas tecnológicas con más posibilidad de controlar a la
gente y de hacer inteligencia ilegal".
Para Pomar, otro aspecto importante es la posibilidad de que
los datos de ciudadanos argentinos se trasladen a EE. UU, también,
supuestamente, sin los controles debidos, en el marco del Acuerdo
entre Estados Unidos y Argentina sobre Comercio e Inversión Recíprocos (ARTI),
firmado el 5 de febrero de 2026.
¿Se acerca Argentina a un modelo de vigilancia estatal
como el de China?
Con este acercamiento del Gobierno de Milei a Peter Thiel,
¿podría Argentina, a través de Palantir, convertirse en un Estado de vigilancia
al estilo de China?
"Hay diferencias estructurales con China", sostiene
Tomás Pomar, "si bien no se puede negar que esto aumentaría la
vigilancia". Pero "el modelo de vigilancia chino no es de
contratación pública, está en manos del Partido Comunista, y China no negocia
con proveedores externos", detalla.
"Creo que sería muy diferente al estilo de China, tanto
por el tipo de tecnología ―China está mucho más avanzada― como por el concepto
de vigilancia y sus fines", dice Patricio Giusto, consultor político y
experto en Relaciones Internacionales.
"En este sentido, la concentración de información de los
individuos en manos del Estado ―que es todo lo contrario de liberal― para
mantener lo que el Gobierno de Milei llama su 'batalla cultural', plantea un
riesgo porque existe una limitada capacidad de control sobre estas iniciativas
del Gobierno", considera el politólogo Marangoni. "Y esto está
vinculado a negocios muy puntuales de concentración y control de datos, por lo
cual vemos, en este caso, una relación bastante peculiar entre el poder
político y los poderes económicos".
El experto en IA Sebastián Di Doménica aclara que "a
veces es difícil llegar a al público masivo con la información sobre los
peligros de sistemas de vigilancia como el de Palantir. La gente vive más en el
día a día con sus dificultades económicas, y no está tan atenta a ello. Pero el
asunto podría tener relevancia en las elecciones del año que viene, si es
instalado como tema de debate por los grandes referentes públicos".
"Si el Estado argentino decide cerrar contratos con
Palantir, para la vigilancia masiva y el análisis predictivo, por supuesto que
estamos claramente en una situación de deterioro de la democracia",
puntualiza.
Y advierte que eso podría llevar a decisiones sesgadas y
discriminatorias que afecten a minorías. "Eso requiere un debate y un
control por parte de organismo independientes”, enfatiza. "Argentina debe
estar muy atenta para impedir la instalación de este tipo de sistemas que
perjudican la democracia y las libertades”.
Tomado de DW / Alemania. Imagen: Matias Baglietto/REUTERS.
