Un informe presentado ante la ONU denuncia más de 170
vulneraciones de derechos humanos en los territorios ocupados en el 2025
Fosfato, pesca, arena, sol, viento... Y ahora también
hidrógeno verde. El historial de explotación
de los recursos del Sáhara Occidental por parte del Reino de Marruecos es
extenso, como llevan años
documentando los defensores del territorio ocupado.
Para su plan de extracción del gas sostenible, en un proyecto
llamado Offre Maroc, Rabat ha facilitado la asignación de terrenos a empresas
europeas en un territorio que, según la ONU, no le pertenece legalmente. En
concreto, ha llamado a participar a la española Acciona, las francesas Total
Energies y Engie o la saudí ACWA Power, según explica el Grupo de Trabajo sobre
Derechos Humanos en el Territorio Ocupado en su informe anual que presentarón
este jueves ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra. “Todas
ellas están asegurándose terrenos en territorio ocupado para sus futuros
proyectos en El Aaiún, Bojador y Dajla”, aseguran los investigadores.
En el caso de Acciona, fue el consorcio ORNX, formado por
la joint venture Acciona Nordex Hydrogen (ANGH) y la
estadounidense Ortus, quien firmó el año pasado el acuerdo para asegurar
terrenos en El Aaiún, donde estudia implantar un proyecto de producción de
amoníaco renovable.
“Se trata de un proyecto a largo plazo que aún se encuentra en una fase de estudio muy preliminar”, apuntó a La Vanguardia un portavoz de ANGH. “Cualquier desarrollo que eventualmente se lleve a cabo se ajustará plenamente a la legalidad internacional y a los acuerdos comerciales vigentes, en particular entre la UE y los países del Norte de África”, agregó la misma fuente, que también destacó el potencial del proyecto para generar empleo y desarrollo económico.
La extracción de recursos en territorios no autónomos
(...) es considerada ilegal
Autores del
informe 'Voces de la resistencia'
El Sáhara Occidental es un territorio separado y distinto de
Marruecos según el derecho internacional. Mientras Rabat reclama que la región
tiene el estatus de comunidad autónoma marroquí —una demanda
avalada por el gobierno de Donald Trump en su primer mandato—, el
pueblo saharaui exige poder decidir su futuro en un referéndum de
autodeterminación.
Desde la retirada de España en el 1976, Marruecos es
considerado potencia ocupante, por lo que no tiene soberanía sobre el
territorio. “La extracción de recursos en territorios no autónomos sin el
consentimiento explícito del pueblo saharaui es considerada ilegal”, recuerdan
los autores del informe, que mencionan acuerdos de las Naciones Unidas. Así lo
dictaminó una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE del 2024 que subrayó
que los pactos
agrícolas y de pesca firmados entre la UE y Marruecos no eran válidos porque
no incluían el mencionado permiso.
A pesar de ello, la región atestigua la degradación de la
minería de fosfatos o el vaciado de sus acuíferos, debido a las explotaciones
con participación extranjera. Una certificadora contratada por la empresa de
agricultura intensiva Maraissa, del grupo francés Azura, advirtió que Dajla,
donde operan desde el 2006, es una región con estrés hídrico estructural, según
recuerda el informe.
“El pueblo saharaui residente en los territorios ocupados por
Marruecos ve cómo la explotación de sus recursos naturales beneficia de forma
desproporcionada a empresas marroquíes y a multinacionales extranjeras,
mientras su situación de pobreza y dependencia se perpetúa y agudiza”, reza el
documento, en el que ha colaborado el Instituto NOVACT de Noviolencia y la
Asociación Catalana de Amigos del Pueblo Saharaui.
Cualquier desarrollo que se lleve a cabo se ajustará
plenamente a la legalidad internacional”
Portavoz
de Acciona Nordex Hydrogen
Además de la “apropiación de tierras”, los autores del
informe han denunciado ante la ONU más de 170 vulneraciones de los derechos
humanos por parte de Marruecos durante el 2025, lo que supone un aumento del
70% respecto al año anterior.
La investigación documenta también el endurecimiento de las
represalias contra activistas, periodistas y defensores de derechos humanos —
mediante la “asfixia económica” (despidos de empleos o el veto a becas
universitarias), las “desapariciones forzosas” (arrestos secretos por parte de
policías de paisano), el “maltrato” a prisioneros políticos o la “expulsión de
329 observadores internacionales” desde el 2014, entre otros métodos—.
Asimismo, detalla la intensificación del bloqueo informativo.
“No son incidentes aislados: son las piezas de una estrategia
calculada para hacer insostenible la vida del pueblo saharaui. Y mientras eso
ocurre, empresas europeas firman contratos sobre esas mismas tierras”, afirma
Ghalia Djimi, defensora saharaui de los derechos humanos y miembro del Grupo de
Trabajo (integrado por defensores basados en El Aaiún y activistas
internacionales). Desde el 2009, la activista participa en las sesiones del
Consejo de la ONU de Ginebra.
Djimi, que estuvo desaparecida forzosamente a manos de
Marruecos entre 1987 y 1991, lamenta que “todos los países aliados de Marruecos
permitan que un pueblo, cuya tierra es rica en pesca y minerales, caiga en la
pobreza y aboque a los jóvenes a la emigración forzosa”, añade la defensora
a La Vanguardia.
No son incidentes aislados: son parte de una
estrategia para hacer insostenible la vida del pueblo saharaui
Ghalia
Djimi, Defensora saharaui de los derechos humanos
“Tenemos todos los factores para poder vivir una vida digna,
pero estos países —sobre todo España, que es responsable de todo lo que estamos
sufriendo, pero también Francia, Reino Unido y Estados Unidos— fomentan este
imperialismo y capitalismo”, agrega.
Tomado de La Vanguardia / España. En la imagen de Giovanni
Mereghetti (UCG/Getty), turbinas eólicas en el desierto cercano a El Aaiún, la
capital ocupada del Sáhara Occidental.
