Juan Linares / Opinión *
Mientras el régimen impulsa una Constituyente sindical para
eliminar la retroactividad de los beneficios, los trabajadores sobreviven con
el salario más bajo del mundo y una protección social en ruinas.
En el centro del debate venezolano se encuentra una discusión
que afecta la médula de la economía familiar: la reforma del sistema de
protección social y el futuro de las prestaciones sociales. El sector
trabajadores, el Estado y los empresarios están inmersos en una controversia
que, de concretarse, podría significar un retroceso histórico en los derechos
laborales, con especial impacto en los pensionados y jubilados.
Desde 2025, el régimen de Nicolás Maduro y ahora el
interinato de Delcy Rodríguez han continuado y siguen planteado la instalación
de una Constituyente Sindical para modificar artículos clave de la Constitución
Nacional y de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras
(LOTTT). El objetivo es perverso,y todos los trabajadores, jubilados y
pensionados sectores sindicales y gremiales independientes, es eliminar la
retroactividad de las prestaciones sociales, un beneficio que durante décadas
fue un pilar de la seguridad económica de los venezolanos.
Antes del canto de sirenas: Un sistema que funcionaba
Quienes vivieron la era anterior a 1999 recuerdan un sistema
de prestaciones sociales que, tras 25 años o más de servicio, permitía a los
trabajadores acumular un capital suficiente para emprender proyectos económicos
o simplemente vivir con dignidad durante la jubilación. Las pensiones, aunque
modestas, alcanzaban para cubrir las necesidades básicas de una familia.
Pero todo cambió con la llegada de Hugo Chávez, el
"encantador de serpientes" que, con promesas revolucionarias, sedujo
a una mayoría que optó por no taparse los oídos como los marineros de Ulises.
La "Revolución Bonita" pronto se convirtió en un experimento de
expropiaciones, militarización del Estado y corrupción galopante. Para 2000,
los venezolanos ya empezaban a sentir los primeros coletazos de la debacle.
La primera estocada llegó con la reconversión monetaria, que
eliminó ceros al bolívar y pulverizó el valor real de las prestaciones
acumuladas. Un trabajador que había ahorrado durante años vio cómo su
indemnización apenas alcanzaba para comprar un cartón de huevos. El daño estaba
hecho, pero lo peor estaba por venir.
El "presidente obrero" y el golpe al salario
Con Nicolás Maduro, la situación se agravó hasta extremos
insospechados. El autoproclamado "presidente obrero" implementó el
Memorando 2792 (2018) y el Instructivo ONAPRE (2022), dos instrumentos que
centralizaron y redujeron los ingresos del sector público. Estos mecanismos
eliminaron la autonomía de la contratación colectiva, aplanaron las tablas
salariales, recortaron hasta un 70% las primas y bonos, y congelaron los
beneficios socioeconómicos conquistados por décadas de lucha sindical.
El resultado: el salario mínimo en Venezuela es hoy de apenas
0,21 dólares al mes, el más bajo del mundo. Para disimular la miseria, el
régimen inventó un "Ingreso Integral de los Trabajadores" (ITT) que
cambia de nombre según la conveniencia política, pero que no alcanza ni para
cubrir una fracción de la canasta alimentaria, cuyo costo supera los 730
dólares mensuales.
La reforma de los artículos 89 y 92: ¿El fin de la
retroactividad?
En este contexto de precariedad extrema, el gobierno y sus
aliados empresariales -entre ellos Fedecámaras, Fedeindustrias y sindicalistas
alineados como los de la CBST, encabezados por Wills Rangel- han resucitado la
idea de eliminar la retroactividad de las prestaciones sociales. Para ello, se
requiere reformar los artículos 89 y 92 de la Constitución, así como los
artículos 104, 122 y 142 de la LOTTT.
La propuesta ha sido comparada por críticos con un
"campo de concentración" o un "gueto" para los
trabajadores, pues despoja a los empleados de la posibilidad de recibir una
indemnización justa tras años de servicio. Mientras tanto, en el Ministerio de
Educación, los docentes, administrativos y obreros con más de 25 años de labor
son "jubilados forzosamente" con prestaciones que oscilan entre los
100 y 300 dólares, una cifra irrisoria que apenas les permite "irse a morir
a su casa".
Mientras tanto, en los países nórdicos...
La discusión en Venezuela contrasta brutalmente con los
modelos de protección social de países como Noruega, Suecia y Dinamarca. Allí,
el sistema combina pensiones públicas universales, planes ocupacionales
negociados por sindicatos y ahorro privado. Los ciudadanos financian este
entramado mediante impuestos y cotizaciones obligatorias, pero reciben a cambio
una vejez digna:
· Noruega: Pensión mínima garantizada de unos 2.000 a 2.300
euros, con promedios totales que superan esa cifra.
· Suecia: Pensión de garantía de 850 a 900 euros para quienes
no cotizaron, pero la media total ronda entre 1.500 y 2.500 euros.
· Dinamarca: Pensión estatal básica de aproximadamente 2.300
euros, sumada a la pensión laboral (ATP) y ahorros privados.
Además, estos países ofrecen asistencia médica gratuita o de
bajo costo, cuidados de larga duración, centros de día, residencias
subvencionadas y ayudas para vivienda y calefacción.
¿Qué hacer? Una hoja de ruta posible
Frente a la propuesta regresiva del régimen, los trabajadores
y jubilados venezolanos preguntan: ¿Por qué no se realiza un estudio técnico
que vincule la recuperación económica con la mejora salarial? A medida que la
producción petrolera se reactive, que se recuperen las empresas básicas de
Guayana y que se repare el sistema eléctrico nacional, el Estado podría
reestructurar su gasto público -actualmente devorado por una burocracia que
consume el 60% del presupuesto operativo- para destinar recursos al aumento
progresivo del salario hasta cubrir la canasta alimentaria.
Solo entonces se podría pensar en un sistema de protección
social similar al de los países nórdicos, que garantice:
1. Asistencia médica gratuita o de muy bajo costo.
2. Cuidados de larga duración, con centros de día y ayuda a
domicilio.
3. Pensiones que cubran las necesidades básicas.
4. Subsidios para vivienda, alquiler y recreación.
El camino pasa por la democracia
Este escenario, sin embargo, es inviable bajo la actual
estructura corrupta, criminal y antidemocrática que busca perpetuarse en el
poder. Más del 90% de los venezolanos rechazan al régimen y aspiran a vivir en
libertad, con empleos dignos y una excelente calidad de vida. La solución, por
tanto, pasa por elecciones libres y democráticas que permitan construir un
nuevo pacto social, donde el trabajo no sea sinónimo de esclavitud voluntaria
ni la jubilación una sentencia de muerte.
Como escribió un poeta: "No hay mal que dure cien años,
ni cuerpo que lo resista". Pero para que esa sentencia se cumpla, los
venezolanos deben alzar su voz, organizarse y exigir que los cantos de sirenas
no vuelvan a engañarlos. Esta vez, la historia no puede repetirse.
*Las opiniones contenidas en este articulo son de la
exclusiva responsabilidad del autor.
