Abg. Ángel Linares Rincón
El dolor por las pérdidas humanas en
Venezuela es incalculable. Sin embargo, pasada la fase crítica de rescate,
enfrentamos un nuevo riesgo: que la burocracia estatal agrave la crisis
humanitaria de los sobrevivientes. La ocurrencia de dos terremotos de magnitudes
7.2 y 7.5 en el norte del país nos ha dejado un saldo devastador. Con más de
500 fallecidos, miles de heridos y la pérdida masiva de patrimonios, la
prioridad inicial ha sido, con justa razón, salvar vidas.
Pero transcurridas las primeras 48
horas de la catástrofe, una dura realidad se impone: nuestro marco legal
ordinario no está diseñado para procesar una emergencia de esta magnitud. La
rigidez administrativa actual amenaza con paralizar la ayuda a quienes lo han
perdido todo. Por ello, proponemos a la Asamblea Nacional la aprobación
inmediata de un Bloque Legal de Contingencia fundamentado en cuatro pilares
urgentes:
Primero: Identidad sin trabas para los sobrevivientes. Cientos de familias han perdido todos sus documentos físicos bajo los escombros. Sin cédula o partida de nacimiento, se hace imposible acceder a subsidios, atención médica prioritaria o incluso reagrupar familias. Es imperativo un Decreto Especial que ordene al SAIME y al Registro Civil habilitar la reposición gratuita y exprés de documentos, eliminando el requisito de testigos formales. Además, se debe otorgar validez inmediata a copias digitales y declaraciones juradas provisionales. La falta de un papel no puede ser un muro para recibir ayuda humanitaria.
Segundo: Dignidad y celeridad legal
para las víctimas. Actualmente, el Código Civil exige plazos de hasta varios años para
declarar legalmente la muerte presunta de una persona desaparecida. Ante el
colapso de tantas estructuras, obligar a los deudos a enfrentar un litigio
eterno es cruel e inviable. Debemos crear una Ley Especial de Procedimiento Sumarísimo para la Declaración de
Fallecimiento por Catástrofe. Este mecanismo abreviado permitirá a viudas,
huérfanos y familiares acceder de forma expedita a pensiones, cobrar seguros de
vida o ejercer la custodia de menores, saltando la dolorosa espera de la
jurisdicción civil ordinaria.
Tercero: Un respiro económico frente
a las deudas y los alquileres. Aunque el sismo es un caso de fuerza mayor, dejar la
resolución de alquileres y deudas en manos de tribunales saturados provocará un
colapso judicial y económico. Quienes perdieron sus negocios o viviendas no
pueden enfrentarse, además, a la quiebra inmediata o al desalojo. Mediante un
Decreto de Emergencia Económica, se debe imponer una moratoria obligatoria
sobre créditos hipotecarios, comerciales y tarjetas de crédito en las zonas
afectadas. Igualmente, exigimos la suspensión temporal de los desalojos por
impago en inmuebles dañados. Es momento de proteger a la gente y a las unidades
productivas.
Cuarto: Construir para la vida:
nuevas normas y cero impunidades. La caída de edificaciones residenciales ante estos
sismos ha dejado una lección que no podemos ignorar: los parámetros del Ministerio de Vivienda y las normas sismorresistentes
de SENCAMER están obsoletos frente a la actividad actual de la
falla de Boconó. No podemos reconstruir el país con los mismos parámetros que
acaban de fallar. Es necesario promulgar una Ley Nacional de Reconstrucción Urbana que actualice de inmediato
los coeficientes de aceleración sísmica. Esto incluirá auditorías obligatorias
para todo edificio de más de cuatro pisos en la región norte-central, y, de
vital importancia, tipificará delitos penales específicos para constructores e
ingenieros que omitan los nuevos estándares de seguridad.
La respuesta
a esta crisis no puede fragmentarse en oficinas y ministerios aislados. El
Estado debe actuar como un solo bloque. El llamado es a la acción. Exhortamos a
la Asamblea Nacional a constituir hoy mismo una Comisión Legislativa de
Emergencia, cuya tarea debe ser unificar estas cuatro reformas en un solo texto
normativo de contingencia. La velocidad con la que actuemos hoy determinará si
nuestro país transita de la tragedia a una reconstrucción ordenada, justa y con
verdaderas garantías para todos los venezolanos.
