BRASILIA. – El fantasma de la
seguridad pública y la sombra del presidente estadounidense Donald
Trump irrumpieron de lleno en el escenario político brasileño, abriendo
una grieta de imprevisibles consecuencias diplomáticas y económicas.
En una decisión de fuerte impacto, el
gobierno de los Estados Unidos decidió esta semana clasificar
al Primeiro Comando da Capital (PCC) y al Comando Vermelho (CV) como
organizaciones terroristas internacionales. La medida pone al presidente
brasileño Luiz Inácio Lula da Silva bajo presión en su principal
flanco débil frente a la opinión pública, mientras la oposición bolsonarista
celebra la medida como un triunfo.
La declaración, que entrará en
vigor el próximo 5 de junio, activa los mecanismos penales y financieros de las
categorías de Terrorista Global Especialmente Designado y de Organización
Terrorista Extranjera.
Esto abre un escenario inédito: el combate a las dos principales bandas criminales de Brasil sale de la órbita puramente policial y pasa a ser tratado bajo la doctrina de Defensa Nacional norteamericana, habilitando a agencias como la CIA y el Pentágono a intervenir de manera extraterritorial en la persecución de sus activos.
El impacto electoral de la medida es
inmediato. La seguridad pública se ha consolidado como una de las
principales preocupaciones de los brasileños. El tema ha dejado al descubierto
una profunda contradicción en el electorado: un abrumador 73% de los
ciudadanos defiende que las organizaciones criminales reciban el tratamiento
jurídico de grupos terroristas, pero un 58% admite el temor a una eventual
operación militar de Estados Unidos en su propio territorio, según datos de la
consultora Quaest.
La urgencia por capitalizar este
descontento responde a la extrema paridad de los sondeos. Según la última
encuesta de Datafolha, Lula da Silva obtendría el 47% de las intenciones
de voto frente al 43% del senador Flavio Bolsonaro para una eventual
segunda vuelta presidencial en octubre.
La reacción del Palacio del Planalto
a Washington fue de una dureza inusual. El gobierno emitió un comunicado en el
que calificó la intervención de la familia Bolsonaro
como “deplorable” y acusó directamente al senador Flavio
Bolsonaro –hijo mayor del exmandatario y precandidato presidencial– de ser
un “traidor de la patria” por haber empujado esta agenda en
Washington junto al secretario de Estado, Marco Rubio, horas antes del
anuncio.
Para la oposición, sin embargo, la
jugada representa una oportunidad perfecta para desviar el foco de atención de
temas negativos que venían acorralando su campaña, como el
escándalo del liquidado Banco Master y los vínculos de Flavio con el banquero
Daniel Vorcaro, preso por haber montado un fraude multimillonario.
El propio Flavio no tardó en
capitalizar el anuncio a través de un video para sus redes sociales: “En un
viaje como precandidato, hicimos más por Brasil y por la seguridad de los
brasileños que el PT y Lula en 17 años de mandato. Mientras Lula fue de rodillas
detrás de Trump a hacer lobby a favor de Comando Vermelho y PCC, yo fui a
trabajar para que fuesen tratados como terroristas, que es lo que son”.
“La seguridad de nuestra población es
demasiado importante para ser manipulada políticamente por traidores, por
falsos patriotas, involucrados con el crimen organizado”, sentenció, por su
parte, la nota oficial del Planalto, en una clara alusión al viaje del
legislador.
Más allá de la retórica pro-soberanía
del PT, el equipo económico del gobierno encendió las alarmas por las
repercusiones financieras globales de la medida. Existe el temor de que la
decisión de los Estados Unidos provoque penalizaciones involuntarias o
restricciones sobre empresas brasileñas legítimas que operan en sectores
permeados por el crimen formal, como la logística, los combustibles o el
agronegocio. Incluso, las autoridades brasileñas mencionaron el riesgo de
que se ataque o sancione la infraestructura del Pix, el sistema de
transacciones instantáneas del Banco Central, bajo la sospecha de que facilita
el flujo financiero de bandas criminales.
En diálogo con LA
NACION, Maurício Santoro, politólogo y profesor de la Universidad del
Estado de Río de Janeiro (UERJ), descartó la posibilidad de un escenario de
intervención militar unilateral o de capturas en suelo brasileño. “No creo que
vaya a haber ningún ataque militar contra el territorio brasileño. Lo que sí
puede pasar es que la Marina o la Fuerza Aérea americana ataquen, en aguas
internacionales, barcos o aviones sospechosos de estar vinculados al crimen
organizado brasileño, de forma similar a lo que ocurrió en el Caribe”, explicó
el especialista.
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Sin embargo, Santoro advirtió que el
impacto más severo e inmediato será de naturaleza económica. “Estados Unidos
puede convertir cualquier tipo de transacción económica con ellos en
un crimen federal en su territorio”, señaló. El analista de la UERJ destacó la
sofisticación del entramado financiero montado por el PCC, con “una red de
empresas, un brazo financiero que es muy sofisticado y muy amplio, y es muy
difícil saber exactamente qué empresas controla el PCC”.
Según Santoro, “se crea una zona
de inseguridad jurídica que va a ser un problema grave”. “Mirando el
ejemplo de México el año pasado, esto puede llevar a una caída de la inversión
extranjera en Brasil por el temor a sufrir sanciones norteamericanas”, alertó.
Por su parte, Leonardo Paz
Neves, politólogo e investigador del Núcleo de Inteligencia Internacional de la
Fundación Getulio Vargas (FGV), consideró que, si bien la seguridad pública
marcará la agenda de la campaña, la medida estadounidense carece de
efectos prácticos y responde a una lógica electoral.
“La cuestión seguridad pública es uno
de los temas más importantes en Brasil desde hace décadas y, en estas
elecciones, está ganando una relevancia más fuerte”, explicó Paz Neves,
señalando que en años electorales donde la economía marcha bien, la atención
tiende a desplazarse hacia la violencia urbana.
Sin embargo, el analista de la FGV
fue categórico al evaluar la efectividad real del anuncio de Washington. “La
derecha, a través del senador Flavio Bolsonaro, sabe que esto no va a
resolver nada. Tanto es así que su propio padre, cuando fue presidente, no
buscó esta solución. Solo se crea una nomenclatura más dura, pero no genera
ninguna política concreta de combate a la violencia”.
El especialista anticipó que el
debate sobre la seguridad pública generará dividendos para la oposición debido
al clamor de la población por respuestas punitivas. “Esta es una respuesta
demagógica que funciona, porque se crea una nomenclatura dura y la mayor parte
de la población tiende a aplaudir las decisiones de fuerza”, evaluó Paz Neves.
El investigador de la FGV advirtió,
por último, que este tipo de alineamientos genera un severo perjuicio en la
relación bilateral de Brasil con los Estados Unidos, limitando el margen de
cooperación. “Esta jugada vuelve a bloquear la relación pragmática”, concluyó
Paz Neves, anticipando meses de alta turbulencia política en América del Sur.
Fuente: La Nación / Argentina.
