“En Venezuela hay economistas que usan regresiones como otros usan escapularios: no para entender la realidad, sino para espantar demonios.”
Hoy voy a escribir sobre un asunto recurrente en la política interna venezolana y su intersección con la política exterior norteamericana. El tema de las sanciones generales. Lo hago no porque sea un tema que me apasione, sino muy al contrario, porque me tiene hasta la coronilla el empeño de un pequeño pero influyente grupo de economistas en torcer la realidad, en pretender que el día es noche. Su más reciente trabajo divulgativo-desinformativo está suscrito por el economista Miguel Santos y ha sido difundido, entre otros, por el doctor Ricardo Hausmann, quizá el economista venezolano más conocido en el extranjero. El trabajo en cuestión plantea que las sanciones económicas no han causado mayor daño a la población venezolana y que además han servido para "contener" las prácticas de la dictadura. Dicho esto, entremos en materia.
Permítanme abrir con una imagen
incómoda. Imagínense ustedes a un paciente en terapia intensiva —ya muy grave
por años de abandono médico— a quien de pronto le cae encima un piano.
Cuando un familiar pregunta si el piano ha contribuido al deterioro, el equipo
médico contesta, con gesto profesoral, que el paciente ya estaba mal antes y
que por lo tanto el piano es analíticamente irrelevante. Esa, en cifras y con
ecuaciones, es la tesis central del Cambridge Element "From Collective
Punishment to Constraints on Authority", recientemente publicado por el
llamado grupito de Boston — no confundir con el Grupo de Boston de mis
estimados Pastor Heydra y Pedro Pablo Alcántara, sino una pequeña cofradía de
economistas venezolanos que lleva años, papers y columnas dedicadas a una
empresa singular: absolver académicamente las sanciones económicas contra
Venezuela.
Conviene aclarar algo de entrada,
antes de que el coro habitual reaccione con sus salmos: nada de lo que sigue
niega el desastre chavista. Hacerlo sería obsceno. La destrucción institucional
venezolana empezó mucho antes de las sanciones petroleras de 2017-2019. PDVSA
ya estaba militarizada, saqueada y técnicamente colapsada. El control de
cambios había convertido la economía en un zoológico cambiario administrado por
mafias. La hiperinflación venía incubándose desde los tiempos en que Donald
Trump todavía despedía concursantes en televisión. Todo eso es verdad y nadie
sensato pretende discutirlo.
Pero de esa verdad no se desprende la
conclusión que el grupito de Boston intenta venderle al mundo desde hace años:
que, como la crisis ya existía, las sanciones no habrían producido daño
incremental significativo. Aquí es donde le lanzan el piano al paciente. Las
sanciones sancionan —ese es, precisamente, su propósito declarado, y de paso la
razón por la cual los gobiernos las imponen—. Negarlo no es heterodoxia
académica: es necedad.
La literatura económica seria sobre
crecimiento restringido por balanza de pagos —desde Thirlwall hasta Chenery y
Strout, pasando por la inteligente y elegante Mrs. Forbes— estableció
hace décadas algo que cualquier estudiante decente de economía internacional
aprende en su segundo año: cuando una economía extremadamente dependiente de
divisas externas pierde acceso a financiamiento, exportaciones o mecanismos de
pago, el ajuste ocurre por compresión de importaciones, caída del consumo y
deterioro del bienestar. Y Venezuela era exactamente eso: un petroestado
hiperdependiente donde el crudo representaba alrededor del 95 % de las
exportaciones. No hace falta militar en el chavismo para entender la mecánica
de semejante shock; basta haber aprobado economía internacional sin fanatismo.
Lo verdaderamente extraordinario es que varios miembros del propio grupito de
Boston publicaron durante años, antes de su conversión, sobre estos mismos
mecanismos —restricciones externas, colapsos importadores, fragilidad petrolera—.
Hoy pretenden que, milagrosamente, cortar el grifo de ingresos petroleros a una
economía hiperdependiente no produce efectos marginales detectables. El piano,
según ellos, cae sobre el paciente sin tocarlo.
¿Cómo se sostiene semejante
contorsión? Mediante un viejo truco estadístico que conviene desmontar con
calma, porque es donde está el corazón del problema. El Cambridge Element no
demuestra ausencia de daño; demuestra, en el mejor de los casos, incapacidad
para detectar ciertos efectos bajo diseños empíricos débiles y altamente
contaminados. La distinción es elemental y cualquier estudiante serio de
inferencia causal debería conocerla. El propio paper lo admite con una candidez
sorprendente: reconoce que Venezuela carece de un contrafactual creíble, admite
contaminación por shocks simultáneos, admite dificultades severas de
identificación, admite que no puede aislar limpiamente el efecto de las
sanciones. Pero después de confesar todas esas limitaciones, los autores
ejecutan un salto mortal epistemológico: usan esos mismos diseños débiles —que
ellos mismos han descalificado dos páginas antes— para concluir que no existe
daño incremental relevante. Es como declarar inocente a un acusado porque el
laboratorio perdió las muestras.
A esto se suma una segunda anomalía,
esta vez de orden ético-metodológico: el grupito de Boston opera con estándares
de evidencia radicalmente asimétricos. Si otro investigador encuentra efectos
negativos de las sanciones, se le exige identificación perfecta, controles
sintéticos impecables, paralelismo absoluto, robustez universal y ausencia
total de shocks concurrentes. Pero si ellos mismos encuentran coeficientes
estadísticamente no significativos, basta un p-value mediocre para proclamar
urbi et orbi la inexistencia de efectos. Y cuando defienden su teoría favorita
—la de que las sanciones habrían producido constraints on authority y reformas
positivas—, ni siquiera exigen identificación causal: allí basta la narrativa
institucionalista, una anécdota sobre la dolarización y un par de observaciones
ex post. Para demostrar destrucción, estándar imposible; para acreditar
nulidad, estándar mínimo; para celebrar beneficios institucionales, estándar
puramente literario. Eso no es ciencia rigurosa: es abogacía econométrica.
Y resulta especialmente irritante la
manera en que se presentan estos productos —profundamente autorreferenciales—
como si fueran arbitrajes neutrales. Los autores citan trabajos previos
escritos por ellos mismos para validar sus propias conclusiones, revisan una
literatura en la que son parte interesada y utilizan datos propietarios
inaccesibles a la replicación independiente. Sin acusar a nadie de fraude —no
es necesario, ni elegante—, basta aplicar el viejo principio editorial según el
cual un paper no puede fungir simultáneamente como tribunal, fiscalía y testigo
experto de su propia causa.
Vale la pena detenerse aquí en un
episodio revelador. Hace unos meses, otro columnista de este medio, Gustavo
Coronel, comentó un estudio publicado en The Lancet sobre el efecto mortal de
las sanciones. Coronel reconoció honestamente que la complejidad estadística
del trabajo lo excedía. Hasta ahí, impecable: la humildad analítica honra a
quien la práctica. El problema apareció cuando, acto seguido, intentó
desacreditarlo invocando sesgos ideológicos y relaciones personales de los
autores, sin responder una sola objeción metodológica sustantiva. Es una escena
muy venezolana —descalificar primero, leer después—; pero incluso Coronel
terminó admitiendo lo esencial: las sanciones económicas producen,
inevitablemente, efectos negativos sobre la población. Es decir, concedió el
punto exacto que el grupito de Boston lleva años intentando evaporar
estadísticamente.
Tampoco salva el argumento la
metáfora favorita de esta escuela: la quimioterapia. Toda quimioterapia seria
exige evaluación constante del daño colateral; ningún oncólogo responsable
celebra la toxicidad del tratamiento como si fuera irrelevante. La mide, la
monitorea y la incorpora al análisis riesgo-beneficio. En cambio, buena parte
del debate venezolano sobre sanciones ha sido secuestrado por una lógica
binaria, casi religiosa: si reconoces costos humanos, eres chavista; si los
ignoras, eres demócrata. Esa infantilización del análisis es precisamente lo
que vuelve tan peligrosos los productos académicos del grupito. No porque
cuestionen exageraciones previas —muchas merecían ser cuestionadas—, sino
porque intentan reemplazar un exceso propagandístico por otro de signo
contrario, esta vez envuelto en el celofán del Cambridge University Press.
La realidad, menos cómoda para todos,
cabe en tres proposiciones que cualquier lector honesto debería poder sostener
simultáneamente. Maduro destruyó Venezuela. Las sanciones agravaron
marginalmente esa destrucción. Y los supuestos beneficios institucionales
derivados de ellas siguen siendo empíricamente ambiguos, modestos y
teóricamente sobrevendidos. Negar cualquiera de las tres no exige econometría:
exige ideología. Ibsen Martínez podría resumir esta tragicomedia académica con
una de sus líneas feroces,
Ibsen Martínez quizás habría resumido
toda esta tragicomedia académica con una línea feroz:
“En Venezuela hay economistas que
usan regresiones como otros usan escapularios: no para entender la realidad,
sino para espantar demonios.”
Ibsen, que se sepa, no formuló nunca
esa frase exacta, pero el diagnóstico es suyo y la sospecha también: cuando un
cuerpo académico necesita repetir cada año, ecuación tras ecuación, que el
piano no hizo daño, lo más probable es que esté tratando de convencerse a sí
mismo.
