Por el Comité Editorial del New York Times*
¿Ha habido alguna vez un episodio de corrupción presidencial
tan flagrante y amenazante para el orden constitucional? Desde luego, no en los
tiempos modernos. El Departamento de Justicia del presidente Donald Trump está
utilizando el dinero de los contribuyentes para crear un fondo de
enriquecimiento político de 1.800 millones de dólares. Aunque supuestamente fue
creado para compensar a quienes, según el departamento, han “sufrido la
instrumentalización y la persecución de la ley”, en realidad recompensará a
leales dispuestos a desafiar la ley y cometer actos violentos en nombre del
presidente.
El fondo consigue combinar tres de los comportamientos más alarmantes de Trump. Uno, es una forma evidente de corrupción, procedente de un presidente que ha utilizado su cargo para enriquecerse a sí mismo, a su familia y a sus aliados. Dos, el fondo continúa su patrón de uso del Departamento de Justicia como ejecutor para castigar a quien considera sus adversarios y proteger a sus amigos y aliados. Tres, el fondo es su último intento de reescribir la historia sobre las elecciones de 2020 y el ataque al Congreso del 6 de enero de 2021.
Vale la pena hacer una pausa para situar el fondo en el
contexto más amplio del proyecto político de Trump: está destruyendo pilares de
la democracia estadounidense para consolidarse en el poder. Sostiene que las
elecciones solo son legítimas cuando él gana. Utiliza las fuerzas de seguridad
federales para investigar y perseguir a sus supuestos enemigos. Expulsa de su
partido a los dirigentes que se atreven a desafiarlo. Califica a los miembros
del otro partido y de la sociedad civil de traidores y enemigos. Incentiva a
sus partidarios a infringir la ley en su nombre y los recompensa cuando lo
hacen. Ordena a sus aliados que cambien
las reglas electorales para mantener a su partido en el poder.
El proyecto de Trump aún no ha triunfado, al
menos no del todo. Muchos estadounidenses –en el sistema judicial, en
el Congreso, en los gobiernos estatales y en otros lugares– siguen defendiendo
la democracia y oponiéndose a sus ambiciones autocráticas. A estas alturas, sin
embargo, nadie debería hacerse ilusiones sobre lo
que intenta hacer.
La existencia del fondo es una historia de autogestión
política. Es nominalmente el producto de una endeble demanda personal que Trump
presentó este año contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por su sigla
en español), organismo que él supervisa, por la filtración de sus declaraciones
de impuestos durante su primer mandato. Esa demanda dio lugar a una negociación
absurda, en la que los abogados de una parte representaban a Trump, el
ciudadano, y los de la otra, a Trump, el presidente.
Para mayor absurdo, los abogados del gobierno dependían de
Todd Blanche, el fiscal general en funciones, quien anteriormente había
trabajado como abogado personal de Trump. Una juez federal de Miami que ayudaba
a supervisar el caso, Kathleen Williams, señaló que
las dos partes no eran adversarias, lo que ponía en duda el proceso. Incluso
Trump reconoció la situación poco después de presentar la demanda al decir: “Se
supone que tengo que llegar a un acuerdo conmigo mismo”.
Aun así, las conversaciones siguieron adelante porque el
Departamento de Justicia de Trump estaba al mando. Como era de esperar,
desembocaron en un acuerdo extremadamente favorable para él.
A cambio de que el presidente retirara la demanda contra el
IRS, tanto él como sus partidarios recibirán beneficios financiados por el
Estado. Para Trump, la ayuda viene en forma de permiso para haber eludido
impuestos. El gobierno le
ha concedido a Trump y a su familia inmunidad frente a las continuas
auditorías de sus pagos de impuestos. Según los expertos, tiene un largo
historial de maniobras
contables cuestionables, y las auditorías podrían haberle costado más de
100 millones de dólares. Ahora no le costarán nada.
Para sus partidarios, las dádivas procederán de una caja
negra. El Departamento de Justicia recurrirá a una fuente permanente de
ingresos que el Congreso creó en 1956, conocida como Fondo de Sentencias,
destinada originalmente a resolver demandas contra el Gobierno federal. Como
señaló Paul Figley, antiguo funcionario del Departamento de Justicia, el nuevo
fondo parece legal pero contrario a la intención del Congreso. “Es una política
horrible”, dijo Figley a El Times.
El departamento ha
destinado 1800 millones de dólares a lo que denomina, en un alarde
orwelliano, Fondo contra la instrumentalización, y ha invitado a presentar
solicitudes a quienes hayan sido objeto de ataques por “motivos políticos,
personales o ideológicos”. Blanche –que mantiene su cargo de fiscal general en
funciones en gran medida por su disposición a utilizar el poder federal al
servicio de los caprichos personales de Trump– nombrará una junta de cinco
miembros, y los líderes del Congreso podrán opinar sobre uno de los cinco. Trump
puede despedir a cualquiera de los miembros en cualquier momento.
Para entender quién probablemente recibirá pagos, basta con
observar quiénes ya han recibido anteriormente acuerdos del Departamento de
Justicia. Michael Flynn, quien fue brevemente asesor de seguridad nacional de
Trump en 2017, recibió
1,25 millones de dólares, a pesar de que se declaró culpable de mentir
a agentes del FBI. La familia de Ashli Babbitt, que participó en los disturbios
del 6 de enero, y a quien agentes federales dispararon cuando ella y otros se
acercaban al hemiciclo de la Cámara de Representantes, recibió
casi 5 millones de dólares, a pesar de que los investigadores exculparon a
los autores de los disparos. El gobierno de Trump está pagando a quienes
cometieron actos violentos y delitos, siempre que sean sus aliados.
El calendario del fondo es la clave de cómo Trump planea
usarlo. El Departamento de Justicia dijo que el fondo dejaría de procesar las
reclamaciones el 15 de diciembre de 2028, semanas antes de que el presidente
abandone el cargo, asegurándose de que el dinero se distribuya mientras él
todavía tiene el poder de despedir a quien se oponga. El plazo coincide
exactamente con la duración de la autoridad de Trump.
Incluso algunos de sus defensores habituales están
descontentos. El senador John Thune, republicano de Dakota del Sur y líder de
la mayoría, dijo mansamente que “no era muy partidario” del fondo. Brian
Morrissey, consejero general del Departamento del Tesoro, renunció
a las pocas horas del anuncio, siete meses después de que el Senado lo
hubiera confirmado.
Ofrecer sobornos es solo una parte de la cuestión. Otra,
según Blanche, es “garantizar que esto no vuelva a ocurrir”. ¿Qué es
exactamente “esto”? La aplicación ecuánime de la ley.
El gobierno de Trump ya ha despedido a agentes federales que
cumplieron con su deber al investigar los intentos del presidente de anular las
elecciones de 2020. Trump ha concedido
clemencia general a más de 1500 alborotadores del 6 de enero, algunos de los
cuales ahora podrían recibir
pagos. Su Departamento de Justicia consiguió que James Comey, el
exdirector del FBI, fuera imputado por cargos dudosos como retribución por su
papel en la investigación de los vínculos de la campaña de Trump con Rusia en
2016. El fondo continúa el esfuerzo por convertir la aplicación de la ley en
una herramienta de poder político bruto.
El fondo también fomenta la anarquía futura en nombre de
Trump. Envía el mensaje de que utilizará su poder no solo para proteger de la
rendición de cuentas a quien infrinja la ley, sino también para colmarles de
beneficios. Así como el castigo es un elemento disuasorio, las recompensas son
un incentivo.
Después de los abusos del presidente Richard Nixon en el
escándalo Watergate, el Congreso y el poder ejecutivo construyeron normas y
tradiciones para garantizar que las agencias federales, especialmente el
Departamento de Justicia, operaran en el interés público, y no en el del
presidente. Trump ha intentado
desmantelar este sistema. Una vez que se haya ido, habrá que
reconstruirlo, y mejor que antes. Ha expuesto y explotado sus defectos y
lagunas. A menos que se subsanen, la corrupción y la perversión de la justicia
de Trump corren el riesgo de convertirse en la norma.
Mientras tanto, los estadounidenses deberían tener claro lo
que está haciendo el presidente. Está tomando su dinero para repartirlo entre
delincuentes.
*El Comité Editorial está conformado por un grupo de
periodistas de opinión cuyos puntos de vista se basan en su experiencia,
investigación, debates y ciertos valores muy
arraigados. Es independiente de la sala de redacción.
