Más de 60 puntos se mantienen
bloqueados en todo Bolivia como parte de las protestas contra el gobierno.
Bolivia atraviesa desde el 1 de mayo de 2026 la convulsión
política más severa del gobierno de Rodrigo Paz, el presidente de centroderecha
que asumió hace apenas seis meses tras ganar en segunda vuelta electoral. Lo
que comenzó como un pliego de demandas sectoriales se transformó en una
exigencia unificada de renuncia presidencial. Al menos tres personas han muerto
como consecuencia indirecta de los bloqueos. La crisis sigue activa.
La chispa fue triple. Un escándalo por la distribución de «gasolina basura» dañó más de 5.000 vehículos y generó la salida del ministro de Hidrocarburos en abril. La promulgación de la Ley 1720, que permitía reclasificar pequeñas propiedades agrarias como medianas —favoreciendo a grandes agroindustriales de Santa Cruz— fue rechazada de inmediato por organizaciones indígenas, campesinas y ambientalistas que la consideraron inconstitucional. Y la Central Obrera Boliviana (COB) continuaba sin respuesta a su demanda de aumento salarial del 20%, que se sumaba al ya otorgado a comienzo de año.
Esos tres conflictos convergieron. El 1 de mayo, la COB
declaró paro indefinido movilizado. En los días siguientes, el magisterio
nacional dispuso paros de 24 horas, la Confederación Única de Trabajadores
Campesinos de Bolivia (CSUTCB) bloqueó rutas de manera escalonada en todo el
país y grupos indígenas de Pando y Beni completaron 24 días de marcha desde la
Amazonía hasta La Paz.
El epicentro es El Alto y la ciudad de La Paz, sede del
Ejecutivo y el Congreso. Según la Administradora Boliviana de Carreteras, el 17
de mayo se registraban al menos 22 puntos de bloqueo activos, la mayoría en el
departamento de La Paz. Las rutas hacia Oruro, Copacabana y Río Abajo
permanecían cortadas o con paso intermitente.
La radicalización fue gradual pero sostenida. El 14 de mayo,
Mario Argollo, secretario ejecutivo de la COB, el sindicato más grande del
país, declaró: «Ya se ha dejado de lado el tema de pliegos. Acá hay un pedido
único: el alejamiento y la renuncia del presidente.» Ese mismo día, decenas de
mineros cooperativistas llegaron a El Alto para sumarse a las movilizaciones.
Al día siguiente se enfrentaron con policías a punta de dinamitazos en los
alrededores de la Casa Grande del Pueblo.
El gobierno respondió con concesiones parciales y
endurecimiento simultáneo. Rodrigo Paz abrogó la Ley 1720 el 13 de mayo,
afirmando: «Qué significa la palabra abrogación, eliminación, ya no existe. Se
acabó esa ley.» Pero la medida no detuvo las protestas: los campesinos e
indígenas continuaron en vigilia exigiendo además el cumplimiento de promesas
electorales que consideran incumplidas. «Queremos que se vaya, ya no queremos
diálogo», declaró el dirigente campesino Jaime Condori.
En paralelo, el comandante de la Policía Boliviana, Mirko
Sokol, anunció operativos de desbloqueo. La madrugada del sábado 16 de mayo,
unos 3.500 uniformados con apoyo militar iniciaron una intervención en El Alto
y en la carretera La Paz-Oruro. La Defensoría del Pueblo reportó 57 personas
detenidas en esa jornada. Bolivia TV transmitió en directo los gases
lacrimógenos y las cargas de dinamita.
Las víctimas hasta ahora son consecuencia de la interrupción
de servicios de emergencia. Una joven de 20 años falleció en El Alto tras
convulsionar tres horas sin atención médica. Ana Enns, turista de 56 años
originaria de Belice, murió al descompensarse en la ruta de Desaguadero. Una
tercera muerte fue reportada por organizaciones de derechos humanos de El Alto
el 14 de mayo, sin que el gobierno la haya reconocido oficialmente.
El costo económico es concreto. La Cámara Departamental de
Industrias estima pérdidas de hasta 15 millones de dólares diarios. El sector
turístico acumula 150 millones de bolivianos en cancelaciones. Aproximadamente
5.000 camiones de alto tonelaje permanecen varados, con carga de combustible,
ganado vivo y soya de exportación. El gobierno activó desde el 10 de mayo un
puente aéreo para abastecer La Paz de carne y vegetales; Argentina se sumó con
dos aviones militares Hércules.
El vocero presidencial José Luis Gálvez ha descartado la
renuncia de Paz y atribuye las protestas al narcotráfico y al expresidente Evo
Morales. «El financiamiento del narcotráfico está detrás de estos dirigentes»,
afirmó. Morales lo negó desde su cuenta de X: «Que el pueblo ejerza su derecho
a la libertad de expresión y protesta no es un ataque a la democracia.»
El vicepresidente Édman Lara marcó distancia pública. En una
carta al presidente, lo instó a dialogar con los sectores movilizados y
advirtió: «Negar el diálogo sería desconocer el origen del mandato popular.» La
fractura dentro del propio oficialismo es uno de los factores que los analistas
señalan como nuevo elemento de vulnerabilidad para Paz.
Bolivia en una deriva derechista: las políticas de Paz contra
los pobres
Rodrigo Paz Pereira, de centroderecha y afiliado al Partido
Demócrata Cristiano, asumió la presidencia en noviembre de 2025, cortando con
casi dos décadas de gobiernos del MAS. Su propuesta es clara: dar un volantazo
hacia el mercado. Eso de “capitalismo para todos”, atraer inversión privada,
ordenar la macro, achicar el Estado con un enfoque de «motosierra», al estilo
de Javier Milei, descentralizar y que las cosas funcionen con más eficiencia.
Entre las primeras medidas, la más brusca fue quitar los
subsidios a los combustibles. Esos subsidios se comían miles de millones y
dejaban un déficit enorme. Los precios se fueron por las nubes: la gasolina
subió casi 90% y el diésel más del 160%. Con la plata que se ahorran, dicen,
van a darle la mitad a las regiones. Y declararon la emergencia económica, por
si quedaban dudas.
Para compensar el golpe, subieron el salario mínimo un 20%
(quedó en 3.300 bolivianos desde enero de 2026), la Renta Dignidad para los
adultos mayores pasó a 500 bolivianos y crearon unos bonos focalizados. La idea
es que los más vulnerables no la pasen tan mal.
En lo económico, abrieron las compuertas: incentivos a la
inversión privada y extranjera, un régimen para repatriar capitales con 0% de
impuestos, liberaron exportaciones, bajaron aranceles e impuestos, hicieron más
flexible el tipo de cambio y pusieron un “fast track” para los inversores. Las
empresas públicas que están en rojo van a reestructurarse, y sectores como
hidrocarburos, litio, electricidad y agricultura podrían abrirse a privados.
En lo institucional, van por descentralizar recursos, dar más
autonomía a los departamentos, reformar la justicia y tal vez tocar la
Constitución para atraer inversiones y modernizar el Estado. Todo un paquete de
unas diez leyes sobre minería, hidrocarburos, inversiones y economía verde.
Y claro, el impacto en la gente más pobre es el gran tema.
Quitar los subsidios pega duro: el transporte, la agricultura informal, las
familias de bajos ingresos sufren con el alza de combustibles, fletes y
alimentos. Calculan una inflación de alrededor del 20% y ya se arman protestas
de sindicatos, indígenas y mineros. El gobierno responde que los subsidios
beneficiaban más a los ricos y fomentaban la ineficiencia; que con el salario y
los bonos se compensa. Pero muchos dicen que no alcanza y que a corto plazo la
pobreza va a crecer. A mediano plazo, según el oficialismo, la estabilidad, la
inversión y el crecimiento terminarán generando empleo e ingresos. Habrá que
ver.
Fuente: La Red 21 / Uruguay.
