Abg. Ángel Linares / Opinión
La crisis eléctrica actual, es el resultado de un deterioro multicausal que se ha extendido por casi dos décadas. No fue un evento fortuito, sino la acumulación de fallas estructurales y una gestión técnica deficiente.
El declive comenzó con la centralización y
politización del sector en 2007, tras la creación de Corpoelec. Esta fusión de
empresas regionales —antes eficientes— en un solo ente centralizado eliminó la
autonomía técnica y la transparencia, priorizando criterios políticos sobre los
operativos.
A esta debilidad estructural se sumó una profunda desinversión y la corrupción. Pese a los presupuestos multimillonarios asignados, gran parte de los fondos se diluyó en malversaciones y proyectos inconclusos. El parque térmico colapsó: aunque se adquirieron plantas para reducir la dependencia de la central hidroeléctrica del Guri, muchas nunca operaron correctamente o fueron abandonadas por falta de mantenimiento, dejando al sistema vulnerable ante las fluctuaciones ambientales.
La masiva fuga de talento humano fue otro factor determinante. Debido a salarios insuficientes y condiciones precarias, casi la mitad del personal calificado —incluyendo ingenieros y técnicos especializados— emigró. Esta pérdida de capital intelectual dejó las maniobras complejas en manos de personal inexperto, agravando el descuido de turbinas y líneas de transmisión. Además, el congelamiento prolongado de las tarifas impidió la autosustentabilidad del sistema, forzándolo a depender de un presupuesto estatal cada vez más limitado.
Finalmente, factores coyunturales recientes terminaron de asfixiar la red. El mega-apagón de 2019 marcó un punto de no retorno en el desgaste de los equipos, mientras que las sanciones internacionales dificultaron el acceso a financiamiento y repuestos originales.
El impacto del cambio climático —manifestado en el fenómeno de El Niño y temperaturas récord— ha disparado la demanda a niveles insostenibles para una red que opera a menos del 40% de su capacidad.
Situación actual y perspectivas de recuperación
Hoy, el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) atraviesa una
fase crítica. De una capacidad instalada superior a los 30,000 MW, el sistema
genera apenas entre 12,000 MW y 13,000 MW, evidenciando un déficit estructural
profundo.
Los racionamientos persisten pese a los anuncios oficiales de estabilización de marzo y la implementación de un plan de ahorro de 45 días.
En este escenario, empresas como Siemens Energy y GE Vernova realizan misiones técnicas para evaluar el Complejo Bajo Caroní (Guri, Caruachi y Macagua), responsable del 80% del suministro nacional. Mientras tanto, el parque termoeléctrico permanece inoperativo en más de un 80% debido a la obsolescencia y la escasez de combustible.
Bajo el marco de un acuerdo energético bilateral anunciado por Washington a inicios de 2026, la recuperación eléctrica es un pilar indispensable para reactivar la producción petrolera. El plan proyecta una inversión de entre 15,000 y 40,000 millones de dólares en un horizonte de 5 a 15 años. Los ejes de esta estrategia incluyen la emisión de licencias OFAC (48A y 49A) para facilitar el suministro de tecnología y el sistema "Green Line" para el ingreso expedito de personal técnico.
La hoja de ruta contempla tres fases esenciales:
1.
Estabilización: Detener los apagones masivos y asegurar energía para hospitales
y el sector petrolero (inversión de $15,000 a $30,000 millones en tres años).
2.
Reactivación: Recuperar la capacidad industrial.
3. Modernización: Apertura a la inversión privada y digitalización de la red.
Para viabilizar estas acciones, se han propuesto mecanismos de pago mediante cuentas controladas con ingresos petroleros. No obstante, las empresas proveedoras exigen garantías sólidas y estabilidad jurídica antes de iniciar obras de gran envergadura.
En definitiva, la superación del colapso eléctrico no solo exige una titánica inversión técnica, sino una reforma estructural del marco jurídico que rige el sector. La viabilidad de la hoja de ruta planteada para este 2026 está ligada a la creación de garantías de seguridad jurídica, la transparencia en la ejecución de los fideicomisos petroleros y el restablecimiento de la institucionalidad en la gestión pública.
Sin un entorno normativo sólido que incentive la
participación privada y proteja la inversión extranjera bajo estándares
internacionales, la estabilización del sistema seguirá siendo una meta esquiva.
El restablecimiento del servicio eléctrico es, en última instancia, el
presupuesto procesal indispensable para el ejercicio efectivo de los derechos
económicos y sociales de la nación.
Imagen referencial.
