El bloqueo político y
la falta de asistencia internacional de los últimos años condena a la población
de los campamentos de Tinduf (Argelia) a una vulnerabilidad aún mayor
Abderrahmane Taleb
Omar
Cincuenta años después
del inicio del exilio saharaui, que iba a durar días, no décadas, la vida en
los campamentos de Tinduf (Argelia) continúa
dependiendo casi por completo de la ayuda humanitaria internacional. Una
asistencia marcada por altibajos constantes y cada vez más condicionada por la
polarización política global. La actual coyuntura internacional ha
puesto contra las cuerdas al sistema de ayuda humanitaria y a la Ayuda
Oficial al Desarrollo diseñado tras la Segunda Guerra Mundial.
La pandemia de la
covid-19, la
guerra en Ucrania y la multiplicación de conflictos abiertos —Gaza,
Sudán, Libia, Siria o Yemen— han tensionado al límite la arquitectura
humanitaria global. A ello se suma el auge de discursos contrarios a la
cooperación internacional y la prioridad otorgada a los ajustes fiscales en los
principales países donantes. Estados Unidos, la Unión Europea, Alemania y el
Reino Unido —que en 2023 concentraban cerca de dos tercios de la ayuda oficial
al desarrollo mundial— han
aplicado recortes significativos en sus presupuestos.
En el caso estadounidense, la eliminación de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la cancelación de contribuciones a distintas agencias de Naciones Unidas, como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), ha supuesto para estos organismos la pérdida de en torno al 40% de su presupuesto. En el caso saharaui, el impacto ha sido devastador: la ayuda canalizada a través de estas agencias se redujo un 47,7% el último año, lo que representa casi la mitad de la asistencia externa total que reciben los refugiados, según fuentes oficiales de las autoridades saharauis.
Tras la presentación
en Argel por parte de Acnur del Plan
de Respuesta para los Refugiados Saharauis (SRRP 2026–2027) —un
documento que ya incorpora recortes significativos—, el Consorcio de ONG,
integrado por 19 organizaciones humanitarias presentes en los campamentos,
lanzó a finales de noviembre del pasado año un llamamiento urgente a la
comunidad internacional para responder a la grave crisis humanitaria que
atraviesa el pueblo saharaui.
El sector sanitario ha
sufrido un recorte del 25% y los programas dirigidos a mitigar el impacto de la
discapacidad, del 65%
Las consecuencias son
tangibles. La distribución de alimentos se ha visto afectada en un 82%, lo que
obligó al Programa Mundial de Alimentos a suspender desde 2023 el 33% de la
ayuda destinada a las familias más vulnerables, una partida que fue compensada
mediante las ayudas proporcionadas por la Media Luna Roja Argelina. El sector
sanitario ha sufrido un recorte del 25%; y los programas dirigidos a mitigar el
impacto de la discapacidad, del 65%, según la Media Luna Roja Saharaui.
Esta situación llevó a
Unicef a lanzar, a mediados del mes pasado, un llamamiento urgente para alertar
de que más de 40.000 alumnos de la red de escuelas primarias corrían el riesgo
de perder su escolarización. Asimismo, advirtió de que los incentivos económicos
de más de 2.000 maestros voluntarios —que permiten mantener las aulas abiertas—
también están en peligro. En este contexto, Unicef ha informado de que solo ha
logrado recaudar el 53,3% de los fondos necesarios para mantener el sistema
educativo saharaui a flote.
En los campamentos,
situados en el desierto argelino, donde las temperaturas extremas y las
tormentas de arena forman parte de la vida cotidiana, el acceso al agua es una
cuestión de supervivencia. Este suministro depende en gran medida de Acnur,
cuyos recortes presupuestarios —agravados por la proliferación de crisis en
otras regiones— han implicado una reducción del 53% en el mantenimiento de la
flota de camiones cisterna, los pozos y los incentivos destinados a
trabajadores locales.
A esta situación se
añade la decisión de la Comisión Europea de aplicar, en noviembre del pasado
año, un recorte de alrededor del 33%
de la ayuda humanitaria destinada a los campamentos a través de su
Dirección General de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria
Europeas (ECHO).
Las consecuencias son
previsibles: aumento de la migración, debilitamiento del tejido institucional y
riesgo de radicalización en una región frágil frente a las nuevas amenazas
El drama saharaui, de
los más prolongados y desfinanciados, rara
vez ocupa titulares internacionales. La disminución de la asistencia
externa se vive, por tanto, en silencio. Y se combina con otros factores que
agravan la precariedad: el aumento de la inflación, la devaluación del dinar
argelino y el cierre de los territorios liberados para la población civil
saharaui, que constituían un espacio complementario para actividades económicas
como el comercio, la ganadería o la minería artesanal. Además, el uso intensivo
de drones por parte de Marruecos ha provocado nuevos desplazamientos hacia los
campamentos, incrementando la presión sobre unos recursos ya menguados.
El deterioro de las
condiciones de vida es evidente, especialmente para mujeres, personas mayores y
jóvenes. Para muchos, la única salida imaginable es emprender un proyecto
migratorio que permita sostener a sus familias. Esta dinámica tiene efectos
directos sobre los servicios públicos locales, como la educación o la sanidad,
que dependen en gran medida de mano de obra local.
Para muchos, la única
salida imaginable es emprender un proyecto migratorio que permita sostener a
sus familias
La extrema
polarización internacional y el
auge de narrativas contrarias a la cooperación y a los principios de
derechos humanos —sobre los que se edificó el sistema multilateral desde
mediados del siglo pasado— no solo impactan en la vida cotidiana de los
refugiados saharauis. También inciden en el horizonte de una
solución política al conflicto. Mientras los aliados de Marruecos, EE
UU, Israel y Emiratos Árabes, impulsan marcos que eluden el derecho del pueblo
saharaui a la autodeterminación, la frustración acumulada crece. Las
consecuencias son previsibles: aumento de la migración, debilitamiento del
tejido institucional y riesgo
de radicalización en una región frágil frente a las nuevas amenazas.
Reducir la ayuda
humanitaria no es un simple ajuste presupuestario. En el caso de la población
refugiada saharaui, significa recortar derechos humanos básicos: la
alimentación, el acceso al agua potable, la escolarización de los menores o la
atención sanitaria. Desde el inicio del conflicto, la comunidad internacional
ha paliado la ausencia de una solución política con la cobertura humanitaria
imprescindible. En los últimos años se juntaron el bloqueo político y la falta
de asistencia internacional, dejando a la población refugiada saharaui en una
situación de vulnerabilidad aún más profunda.
Tomado de El País /
España. Imagen: Thierry NECTOUX (Gamma-Rapho via Getty Images).
