La presidenta
encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez,
anunció este jueves (23.04.2026) que la amnistía "llega a su fin",
dos meses después de que se aprobara la ley -que no contempla una caducidad- y
cuando aún hay 473 presos políticos, según organizaciones no gubernamentales.
La mandataria no dio
detalles ni explicó en qué consiste el "fin" de la
Ley de Amnistía, sancionada el 19 de febrero, y aseguró que los casos
que "estaban excluidos expresamente" en el texto podrán ser atendidos
en otros espacios, como el gubernamental Programa para la Paz y Convivencia
Democrática y la Comisión para la Reforma de la Justicia Penal, instalada este
jueves.
Varias ONG rechazaron
de inmediato el anuncio de Rodríguez, al considerar esta decisión como
"arbitraria e inconstitucional", ya que su derogación no es
competencia del Ejecutivo y la norma no establece una caducidad.
"Esto constituye una medida arbitraria e inconstitucional, que no contribuye al proceso de convivencia y paz que se viene anunciando", manifestó Provea en su cuenta de X.
En la misma red
social, Acceso a la Justicia argumentó que la Ley de Amnistía no establece una
fecha de vencimiento para los beneficiados, por lo que consideró que este
instrumento sigue vigente, aunque el Ejecutivo "haya decidido que ya no lo
está".
Norma solo la puede
derogar otra ley o la justicia
Asimismo, explicó que
esta norma solo se puede derogar "mediante otra ley de igual rango"
dictada por el Parlamento o por una sentencia de nulidad de la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
"La intromisión
del Ejecutivo nacional en este caso, tanto en las competencias legislativas
como en las judiciales, viola los principios constitucionales de separación de
poderes", apuntó Acceso a la Justicia.
Por su parte,
Justicia, Encuentro y Perdón indicó en X que una ley de esta naturaleza no
puede ser derogada por una declaración del Ejecutivo y calificó como un
"atropello al Estado de derecho" el anuncio de la presidenta
encargada.
Un "acto de
inseguridad jurídica"
A su juicio, pretender
dar por concluida esta ley representa un "acto de inseguridad
jurídica" que deja en "absoluta vulnerabilidad a las víctimas y envía
una señal alarmante al sistema judicial, al instruir de facto a los tribunales
para desestimar solicitudes de libertad bajo una premisa inexistente en el
ordenamiento jurídico".
"Lamentablemente,
este desenlace confirma nuestra preocupación inicial: la ley terminó siendo un
ejercicio de retórica política más que un instrumento genuino para devolver la
libertad a los presos políticos", añadió.
Rodríguez anunció este
jueves que la amnistía "llega a su fin", dos meses después de que se
aprobara la ley y cuando aún hay 473 presos políticos, según organizaciones no
gubernamentales.
Oficialismo habla de
más de 8.000 amnistiados
Hasta el miércoles,
8.616 personas habían sido amnistiadas, de las cuales 314 estaban encarceladas
y el resto tenía medidas cautelares, según informó entonces el diputado
chavista Jorge Arreaza, quien preside la comisión parlamentaria encargada del
seguimiento a la norma.
Asimismo, indicó que
las autoridades recibieron un total de 12.187 solicitudes de amnistía válidas,
es decir, que corresponden a los delitos y períodos establecidos en la
legislación.
Arreaza agregó
entonces que seguían "recibiendo solicitudes de venezolanos que viven
dentro y fuera del país".
Las autoridades no han
publicado un listado oficial con las identidades de los beneficiados, pese a la
solicitud del alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos,
Volker Türk, y de varias ONG venezolanas.
jc (efe, El Nacional) –
Texto tomado de D.W. / Alemania. Imagen de archivo.
