Sostengo en este escrito que la presidenta encargada Delcy
Rodríguez reúne todas las posibilidades para mantenerse un buen tiempo en el
poder e incluso completar el período constitucional que debe concluir con la
asunción del cargo por el candidato elegido, que nada obsta que pueda ser ella,
si decide competir como candidata en la liza electoral prevista para el año
2030 y obtiene en comicios libres la Presidencia de la República. Analicemos
punto por punto los argumentos que sostienen mi tesis.
1. El TSJ, de acuerdo con la Constitución, tiene la competencia para decidir cuándo se produce falta absoluta del presidente y su consecuencia en una nueva elección. Esa decisión, sustentada en su sentencia del 3 de enero pasado, implicó una peculiar interpretación constitucional, pues la situación planteada con la violenta extracción del presidente Maduro no entra en los supuestos taxativos establecidos en el artículo 233 de la Constitución. Surge la pregunta de cuál será la interpretación a adoptar. Repito el argumento del maestro Riccardo Guastini: “La interpretación es un acto de voluntad que consiste no en tomar conocimiento del único significado, sino en decidir un significado en el ámbito de los varios significados igualmente posibles”. Habrá que esperar qué decide al respecto, cuando las circunstancias lo ameriten, el alto tribunal. Mi opinión personal es que una sentencia firme y definitiva, agotada la posibilidad de apelación, de la justicia norteamericana y su consecuencia en una pena de prisión del presidente secuestrado, es un argumento fuerte a favor de una interpretación del “abandono del cargo”, lo cual cumplido el supuesto lo más probable es que ello se extienda más allá del período para el cual fue elegido Maduro, con la consecuencia de que Delcy Rodríguez continúa en el cargo como presidenta encargada. A ello se agrega que si la falta absoluta se produce en los dos últimos años del período constitucional, asume la presidencia el vicepresidente en funciones, de lo que se colige que Delcy Rodríguez continúa en el cargo como presidenta encargada hasta el final del período (artículo 233, párrafo final).
2. Algunos analistas insisten en el tema de la
legitimidad de origen y su contraposición al tema del orden. Falso dilema, por
lo demás, cuando asocian legitimidad con libertad y orden con autoritarismo. El
tema desborda los límites naturales de un artículo de opinión, pero algo habrá
que decir. La legitimidad es un concepto controvertido y limitarla a las
elecciones tiene la consecuencia de que la mayoría de los sistemas políticos
del planeta serían ilegítimos, amén de que abundan en el mundo jefes de Estado
y de gobierno cuya elección ha sido discutida. Prefiero utilizar el concepto de
legitimidad tal como lo expone Seymour Lipset: la capacidad del sistema
político para generar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.
Además, los que defendieron la “legitimidad de origen” de los resultados del 28
de julio de 2024 hoy por hoy la han abandonado, pues su llamado ahora es a
nuevas elecciones, no a exigir el reconocimiento de aquellos resultados.
3. El orden es un concepto clave a la hora de estudiar
un sistema político. Todos los sistemas políticos, autoritarios y democráticos
con sus diversos matices, anhelan el orden, buscan mantenerlo y tratan de
impedir a toda costa perderlo. El motivo se encuentra en que solo gracias el
orden se alcanza la paz, y gracias al orden y la paz que llevan consigo los
seres humanos podemos desarrollar sin mayores contratiempos nuestras vidas.
Como señala el maestro García-Pelayo: “Las instituciones constituyen en sí mismas
órdenes particulares dentro del orden político general: reciben su estatus de
este orden y lo estabilizan y actualizan asignando a su vez estatus y papeles”.
4. Sin duda, cuando el gobierno norteamericano decidió
tutelar transitoriamente al gobierno venezolano (una decisión desgraciada para
nuestra soberanía) no dudó en negociar un acuerdo con el régimen a través de su
representante más destacada, Delcy Rodríguez, pues llenaba el adecuado perfil
para la delicada situación planteada, a lo que se sumaba su jerarquía
constitucional como vicepresidenta de la república. La razón fue sencilla y
contundente: el régimen chavista garantizaba el orden y la paz, a diferencia de
una oposición dividida y cegada por sus ya proverbiales egos. En efecto, el
régimen ahora presidido por Delcy Rodríguez: primero, controla todos los
resortes del Estado, sin fisuras que podamos considerar relevantes; segundo,
tiene una presencia activa e innegable en la sociedad, desde el mundo
empresarial hasta la organización popular; tercero, se apoya en el único
partido organizado en el país, con una estructura de liderazgo estable, a
diferencia de las carencias organizativas de los partidos de la oposición;
cuarto, la institución militar, garante por excelencia del orden, está
fuertemente comprometida con los principios y valores de la estructura de
poder, de la cual por lo demás también forma parte; y quinto, tiene frente a sí
una oposición dividida, encabezada por un liderazgo que comienza a ser
discutido y a erosionarse paulatinamente, ayudado por su ausencia del país.
En conclusión, Delcy Rodríguez tiene amplias posibilidades de
continuar dirigiendo el gobierno nacional por un tiempo que me atrevo a
avizorar como largo, y por lo cual los demócratas esperamos para decir lo menos
que contribuya de forma incremental a seguir abriendo espacios a nuestras
libertades y a regirse con auténtica disposición por los valores, principios y
normas de nuestra Constitución.
