La intervención militar y el golpe de
Estado perpetrado el pasado 3E por el ejército de EEUU para deponer al gobierno
de Nicolás Maduro, violando el derecho internacional, se hizo con el propósito
de tomar el control directo del país para imponer a la Nación venezolana sus
intereses geoestratégicos y geoeconómicos. Nunca estuvo en la agenda
internacional de EEUU promover una “transición a la libertad y la democracia”
en Venezuela. Su único propósito es, y ha sido siempre, garantizar la
permanencia en Miraflores de un gobierno “amigable”, dócil y sumiso, que
privilegie los intereses económicos y geopolíticos de EEUU por encima del
interés nacional. Un gobierno que facilite la entrega incondicional al gran
capital transnacional depredador, de manera exclusiva y preferente, del
petróleo y demás minerales estratégicos que posee el país en abundancia y hoy
demanda con urgencia el decadente imperio estadounidense, para estar en mejores
condiciones de competir la supremacía global a China y los BRICS. Ese es el
papel que esperan cumpla bajo coacción el gobierno de la presidenta encargada
Delsy Rodríguez.
Más allá de controlar la economía extractivista venezolana y su mercado de consumo, lo que históricamente ha perseguido el imperio estadounidense es horadar la soberanía y la independencia de la Nación para someternos a una relación colonial plena en el siglo XXI. Ese dominio no se agota en el control del petróleo, el oro, la bauxita, el coltan y las tierras raras, a través de los tradicionales contratos leoninos y los términos de intercambio viles, porque hoy su alcance está fuertemente determinado por el nuevo orden geopolítico multipolar emergente, del que da cuenta la nueva “doctrina de seguridad nacional” de EEUU, que por cierto no es nada original porque es solo una ampliación de la vieja “doctrina Monroe” (1823).
Al pretender aplicar esa doctrina
imperialista en el caso venezolano, el gobierno de EEUU no solo busca
garantizar el acceso privilegiado y a precios de gallina flaca de las reservas
petroleras y mineras venezolanas, sino también, limitar, condicionar o excluir
la participación directa de inversiones procedentes de China, Rusia, India,
Irán o cualquier otro país que considere que chocan con sus intereses
económicos o geopolíticos. Bajo la aplicación de éste modelo de tutelaje,
facilitado por la reciente reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, se
conculca la facultad del Estado venezolano de ejercer la soberanía en materia
de política petrolera, al cederle a las empresas operadoras transnacionales la
facultad de manejar la gestión, producción y comercialización del petróleo;
utilizando la armada de EEUU, violando flagrantemente el derecho internacional,
para ejercer el control del transito marítimo internacional con el fin de
garantizar que solo circulen los tanqueros, con crudo y productos venezolano, que
sean permitidos por ese país o en caso contrario, serán abordados y
confiscarlos por no tener la “autorización legal de EEUU”. Según la Casa
Blanca, "el único petróleo que entrará y saldrá de Venezuela será a través
de canales legítimos y autorizados, de conformidad con la ley estadounidense y
la seguridad nacional". Para cerrar con broche de oro negro el circuito de
acumulación por desposeción (Harvey) a través de la rapiña y el saqueo de la
renta petrolera, Trump anunció: “el acuerdo petrolero incluye que Venezuela va
a comprar unicamente productos fabricados en Estados Unidos con el dinero que
reciba de nuestro nuevo acuerdo petrolero". Pagan y se danel
vuelto.
Lo cierto es que la nueva
redistribución del poder global tiende a limitar el área de influencia
hegemónica de EEUU al hemisferio occidental y dentro de éste, juega un papel
fundamental América Latina y El Caribe. Ese nuevo escenario del tablero
geopolítico convierte como nunca a “Nuestra América” en el “espacio vital” de
EEUU, del cual depende en buena medida su sobrevivencia como potencia global.
Esa realidad se está traduciendo aceleradamente en un mayor despliegue de su
capacidad de control político y militar en la región, para imponer sus
designios reviviendo las políticas del “gran garrote” (T. Roosevelt) y la
“diplomacia del dólar” (H. Taft). En éste contexto, el alcance de las nuevas
relaciones de EEUU con la región latinoamericana y caribeña, tienden a estar
determinadas por su intensión de lograr el alineamiento irrestricto de los
Estados que están al sur del rio grande, con su política exterior y de
“seguridad hemisférica”, asumida ésta como el eje central de su “seguridad
nacional”. Es la urgencia de un imperio decadente que intenta mantener manu
militari su hegemonía en el hemisferio occidental y a esos efectos está
aprovechando la grave crisis político-institucional y el fraccionamiento
interno del país para iniciar por Venezuela un proceso de re-colonización de
América Latina y el Caribe en el siglo XXI.
Sería una un error considerar que la
intervención militar de EEUU del 3E y los efectos de la consiguiente derrota
político-militar que sufrió el gobierno-PSUV serán breves o transitorios y que
solo afectará al régimen madurista y no traerá consecuencias graves de largo
aliento para la Nación venezolana y el resto de los países de la región e
incluso del mundo. Lo primero que dijo sin eufemismos el presidente Trump,
alardiando del éxito de la intervención que ejecutó fue: “gobernaremos el país
hasta que se complete allí una transición segura, apropiada y juiciosa”.
También dejó abierta la posibilidad de ordenar una nueva incursión del ejército
estadounidense y colocar tropas en el terreno para “garantizar que el país se
gobierne adecuadamente”, no sin antes advertir amenazante que vienen por el
botín : “Haremos que nuestras enormes compañías estadounidenses, las más
grandes del mundo, entren, gasten miles de millones de dólares, arreglen la
infraestructura gravemente dañada, la infraestructura petrolera, y comiencen a
ganar dinero para el país, y estamos listos para organizar un segundo ataque si
es necesario”. Así mismo dijo cínicamente Trump, refiriéndose a las reservas de
petróleo de Venezuela: “Una ocupación estadounidense no nos costará ni un
centavo porque Estados Unidos sería reembolsado con el “dinero que salga de la
tierra”.
Otra perla que soltó Trump que define
claramente la nueva relación colonial que pretende imponer EEUU a Venezuela, es
que los ingresos petroleros del país serán administrados, desde una cuenta
offshore en Catar, directamente por el “emperador” Trump y su “Capital General”
Marcos Rubio y a esos fines harán el reparto de lo que le toca a EEUU y lo que
entregarán, según su “criterio tutorial”. a la dueña del petróleo que es la
nación venezolana. No sería un disparate suponer que, como lo anunció el propio
Trump, una parte importante de esos ingresos petroleros lo destinará a pagar el
enorme costo, causado y por causar, del despliegue militar en el Caribe del
Comando Sur y la operación de intervención del 3E. Además no solo controlarán
indefinidamente los ingresos y la producción del petróleo, también tendrán en
sus manos la facultad de decidir a quien se le vende y a que precio. Por donde
quiera que se mire éste oscuro panorama, estamos en presencia del despojo de la
principal y prácticamente única fuente de ingresos en divisas del país, de la
cual depende además la economía y el funcionamiento del Estado
venezolano.
A través de su Secretario de Estado
Marcos Rubio, Trump delineó su “plan de conquista” indicando que se
ejecutará en las siguientes tres etapas: estabilización, recuperación y
transición.
La estabilización tiene como objetivo
la prevención y contención de las posibles reacciones de rechazo de la
población a la intervención extranjera, garantizando la estabilidad y el
funcionamiento del Estado. A diferencia de otras intervenciones, en el caso
venezolano el gobierno estadounidense optó por “permitir” la sucesión
constitucional temporal de la Jefatura de Estado, por la Vicepresidenta
Ejecutiva de la República, Delsy Rodríguez, con el fin de evitar la deriva
hacia una guerra civil como ocurrió en casos emblemáticos como el de
Libia e Irak, lo que obviamente no le convendría a EEUU. Sin embargo, como ya
dijimos en ésta etapa y hasta nuevo aviso, el control y manejo discrecional de
los ingresos petroleros y su destino presupuestario, se lo reservó el magnate
“emperador” Trump y para garantizar el cumplimiento de sus órdenes mantendrá
indefinidamente controladas las costas venezolanas, con paso discrecional, a
través de la megabase militar flotante desde la cual tiene acceso inmediato al
territorio nacional, no sin antes amenazar a la presidenta provisional
advirtiéndole que “si no hace lo correcto, va a pagar un precio muy alto,
probablemente más alto que el de Maduro”.
La recuperación, entendida como la
reintegración de Venezuela al mercado global o más explícitamente, para
“garantizar que las empresas estadounidense, occidentales y de otros países
tengan acceso al mercado venezolano de forma justa” (Rubio). Esta etapa no se
refiere a la recuperación o reconstrucción de un país empobrecido y afectado
por un largo conflicto interno, por la ineficiencia y corrupción del gobierno,
un prolongado e implacable bloqueo económico y duras sanciones
económico-financieras que terminaron de derrumbar la economía venezolana a
partir de 2019. Se refiere al cambio radical de las condiciones que el Estado
exije a las empresas extranjeras interesadas en invertir en el país,
especialmente en el sector petrolero y minero. Pero también, al otorgamiento
obligatorio de prioridad a las empresas estadounidenses y occidentales en el
negocio petrolero y minero, respecto de las empresas Chinas, Rusas e Iraníes y
otras. Esa nuevas “condiciones de inversión” impuestas por la fuerza, revocan
conquistas históricas muy sensibles en materia de ejercicio de la soberanía
petrolera y en general de la soberanía nacional tales como son el control por
el Estado de la gestión, administración y libre comercialización de la
actividad petrolera, la reducción significativa de la participación fiscal en
el usufructo del recurso, la renuncia a la inmunidad de jurisdicción y al
control por la Asamblea Nacional de los contratos petroleros. La reforma fast
track por la AN de la Ley Orgánica de Hidrocarburo recoge en buena medida,
las “nuevas condiciones de Inversión” demandadas por la Empresas
Transnacionales estadounidenses al “emperador” Trump, las cuales nos retrotraen
a los tiempos de la dictadura gomecista. Además de condiciones de inversión
“soñadas”, Trump y Rubio en su nuevo rol de “conductores” del país ofrecieron
también “seguridad total” a las empresas estadounidenses interesadas en
invertir en la industria petrolera venezolana. Extrañamente ésta idea no surgió
de una demanda de las compañías petroleras, muchas de las cuales han estado
instaladas en Venezuela por mucho tiempo y conocen el terreno, quizás porque
nunca han sido víctima de alguna agresión, ataques o saboteos a sus
instalaciones. Fueron Trump y Rubio quienes plantearon la necesidad de
establecer un pie de fuerza militar privado (mercenarios), gestionado por
contratistas especializados, con independencia de la seguridad del Estado,
supuestamente para garantizar la seguridad en la etapa de “reconstrucción de la
infraestructura energética”, aplicando otras experiencias dsastrosas como la de
Irak, cuyo financiamiento provendría del beneficio de la actividad petrolera.
El verdadero propósito parece ser sustituir la permanencia prolongada de tropas
del pentágono en territorio venezolano, pero en la práctica estamos en
presencia de un ejército extranjero, actuando con autonomía e independencia,
sin el control del Estado y fuera del marco legal venezolano, ocupando la
seguridad de nuestra industria estratégica vital fundamental, manejada enclaves
en el amplio territorio que ocupa la basta infraestructura petrolera del país.
La presencia de esas milicias privadas bajo la protección de Washington rompe
la integridad y soberanía territorial de la Nación.
La transición concebida como un
proceso de diálogo y negociación entre el gobierno de Delsy y el Trump para
avanzar hacia la democratización y reinstitucionalización del país, lo que
significa realmente para éste último es garantizar que en Miraflores se
instale un gobierno funcional a los intereses de EEUU, en el entendido de que
ésta etapa como las dos anteriores forman parte de un “paquete” impuesto por la
fuerza y tutelado desde Washington. Eso significa que todo el proceso,
incluyendo las elecciones y sus resultados, deberá correr a satisfacción del
imperio como una “democracia tutelada” sip, porque para los que aún no han
caído en cuenta de que la dura realidad que surgió a partir del 3E es, que la
relación entre EEUU y Venezuela ya no es entre dos estados independientes y
soberanos, sino entre una potencia colonial y una colonia subordinadas. Si las
cosas siguen así y el gobierno de Delsy Rodríguez decide plegarse completamente
al “plan Trump”, la “transición” marchará inercialmente hacia la conversión de
Venezuela en una colonia estadounidense. Ante esta cruda y compleja realidad,
las venezolanas y los venezolanos estamos obligados a organizarnos para luchar
unidos, como una sola Nación, por el rescate de la Constitución, la
independencia y la soberanía nacional. ¡La lucha es larga y compleja,
comencemos ya!
