En Buenos Aires, al estilo ICE, la
Policía Federal Argentina se desplegó en zonas donde viven, trabajan y circulan
cotidianamente miles de bolivianos
En Buenos Aires, al estilo
ICE, la Policía Federal Argentina se desplegó en zonas donde viven,
trabajan y circulan cotidianamente miles de bolivianos. El 22 de enero en Villa
Celina y el 6 de febrero en Liniers se realizaron dos operativos
desproporcionados que no estaban dirigidos contra redes delictivas, sino que
fueron escenas de amedrentamiento a la colectividad boliviana, peruana y
paraguaya. Presencia intimidante, controles selectivos y un mensaje claro: aquí
hay cuerpos que se pueden marcar.
Ese mensaje cala hondo porque todos
los bolivianos tienen a alguien cercano que se ha ido. Sobre todo, en
los años noventa y a principios de los 2000, centenas de miles fueron
expulsados porque en los Estados neoliberales no entran todos y los primeros
desterrados son los pobres.
Por eso, entre dos y tres millones de bolivianas y bolivianos viven hoy como exiliados económicos en otras tierras. Bolivia es un país tan mutilado que hasta su propia cifra se desdibuja.
Uno de los destinos principales de
ese exilio económico ha sido Argentina, aun sabiendo que allí
persiste un sentido común profundamente discriminador y xenófobo. No es un
secreto que la palabra “bolita” circula desde hace décadas como un insulto.
De hecho, se ha naturalizado una
jerarquía silenciosa entre migraciones por la cual, según el color de
piel y la riqueza, algunas se celebran, otras se toleran y otras se desprecian.
Ese elemento siempre formó parte de la política institucional argentina, solo
que ahora es más frontal: los discursos de odio ya no generan vergüenza,
se dicen en voz alta, se legitiman y se materializan en política y en
operativos policiales.
Con la promulgación del DNU
366/2025 aumentaron los requisitos de ingreso al país, se ampliaron
las causales para cancelar residencias, se redujeron las garantías para apelar
expulsiones, se mercantilizó el acceso a la ciudadanía y se restringió el
acceso al sistema de salud y a la educación universitaria gratuita. No es un
ajuste administrativo, sino una ofensiva que degrada derechos fundamentales y
vacía de contenido el principio de igualdad.
En ese marco, el gobierno de Milei,
haciendo eco a su jefe político Donald Trump, ha encontrado en los migrantes un
objetivo funcional. La estrategia consiste en fabricar un enemigo
interno al que se asocia con el delito, el desorden y la presión sobre
los recursos públicos. El modelo a imitar es el del ICE:
operativos espectaculares y una pedagogía del miedo.
Lo importante no es el resultado
real, sino el efecto: disciplinar e intimidar. Eso fue exactamente lo que
ocurrió en Villa Celina y en Liniers: no fue una persecución a
negocios ilegales, sino al trabajador migrante de a pie, al que vende, cose,
construye y sostiene parte de la economía argentina.
A pesar de hoy ser un tema en boga a
nivel mundial, en Bolivia, un país incompleto por el exilio económico
neoliberal, la discusión sobre los derechos de las personas migrantes apenas
resuena y casi ningún medio ha cubierto que el gobierno de Javier Milei
está amedrentando a compatriotas en Argentina.
Ese silencio, profundamente cruel,
forma parte de la misma historia de expulsión que obligó a tantos a irse.
Pareciera una obviedad, pero el gobierno de Rodrigo Paz, más
preocupado por su sometimiento ideológico que por la suerte de su propia gente,
no hará de esto una causa.
Ahora bien, desde
el antimileísmo argentino tampoco parece haber demasiada voluntad de
alzar la voz frente a esta arremetida. Alguna diputada del bloque peronista
llegó a reivindicar que estos operativos no son nuevos y que siempre
existieron, como si el problema fuera que ahora se los filma y se los
exhibe, sin cuestionar su sentido ni su violencia. Esa naturalización también
es parte del problema.
Los operativos de la Policía Federal
argentina contra la colectividad boliviana no son procedimientos rutinarios ni
políticas neutrales: son actos de hostigamiento sostenidos por un
racismo estructural que decide qué cuerpos vigilar, a quién intimidar
y a quién convertir en sospechoso permanente. Desde Bolivia, denunciarlos no es
un gesto retórico; es una cuestión de dignidad.
Y en Argentina, quienes se
reivindican como fuerzas populares -sean de izquierda, peronistas y/o
progresistas- si pretenden seguir siéndolo, deberían tener la decencia de estar
en contra también.
Fuente: Diario RED / España. Imagen: Santi
Garcia Diaz / Zuma Press / ContactoPhoto.
