Por Enrique Ochoa Antich / Opinión
Nada importa más a la
necesaria estabilidad política en Venezuela. Sólo un gobierno que sea percibido
como de todos y no de una parcialidad política e ideológica puede
construir una base amplia de apoyo que lo sostenga.
Que lo sostenga con el consentimiento
de los gobernados, que es su tarea principal. Se puede, claro, hacerlo a la
fuerza. Lo que, como nos dice la experiencia reciente, no tiene siempre felices
resultados.
Fue una característica de los regímenes fascistas y comunistas (y lo es aún en aquellos lugares en los que estos últimos subsisten) procurar imponer como valores nacionales los que legítimamente son de una parcialidad política. Todo partido-Estado que se tenga por tal no solamente confisca la autonomía e independencia de los Poderes Públicos sino que, al disolver al Estado en el partido, y luego a la nación en el Estado, pretende que los valores del partido se confundan con los de la nación.
Es algo que las
Constituciones democráticas procuran impedir. La Constitución venezolana de
1999 lo hace. Aquí y allá subraya una y otra vez que las instituciones del
Estado están al servicio exclusivo de la nación y no de individualidad o
parcialidad política alguna. Por eso más de una vez he subrayado que el
proyecto de partido-Estado chavista es inconstitucional.
El gobierno actual,
convocado por la historia para unir a todos los venezolanos en la tarea
más trascendente que Venezuela tiene por delante que es reconstruir la
soberanía luego de los infaustos eventos del 3E, puede dar pasos con
audacia en ese sentido. Tal vez encuentre la incomprensión de "los
suyos" pero será mucho más lo que gane en las grandes mayorías nacionales.
Son valores legítimos del
chavismo: el culto a Chávez, la prédica revolucionaria, y la promoción de una
ideología que se dice socialista, de todo lo cual se deriva una peculiar visión
del proceso histórico venezolano, en particular de los últimos 75 años. Pero no
lo son de toda la nación. Así que cuando el Estado compara a Bolívar con
Chávez (disminuyendo la estatura del Libertador), o desmerita la obra del Pacto
de Punto Fijo (a cuyos gobiernos este cronista se opuso pero cuya
trascendencia histórica es innegable), o conmemora como fecha patria la
insurrección militar del 4F, o impone consignas propias del chavismo a
sus instituciones, provoca de inmediato una tensión innecesaria entre el
gobierno y la población o parte muy considerable de ella.
Acaso todo cuanto señalo
se compendia en el tema Bolívar/Chávez. Bolívar es un consenso nacional, pues
todos aceptamos que la guerra de independencia que él lideró nos forjó como
nación. Chávez no, más allá del legítimo derecho que pueden tener algunos compatriotas
de rendirle culto. Chávez no es Bolívar, y cuando se miden ambos por un mismo
rasero se está perturbando uno de nuestros pocos consensos nacionales.
Pero los asuntos que se
derivan de esta reflexión son muchos y variados. Por ejemplo: muchas veces me
he preguntado si tiene sentido que los decretos y leyes de la república estén
referidos a otras fechas históricas aparte de la declaración de independencia.
Por ejemplo, la guerra federal, siendo que es una fecha acerca de la que hay
diversas perspectivas no siempre benévolas. ¿Qué sentido tiene que ahora se
agregue como fecha patria la de la victoria electoral del chavismo en 1998?
Así mismo, ¿tiene sentido
que en cada oficina de gobierno se exponga la imagen del Libertador,
precarizando su trascendencia histórica, como parte de una cadena de mando
administrativa, o la de Hugo Chávez, que es el líder histórico de una
parcialidad, no de todos los venezolanos? Muéstrese la imagen de Bolívar,
claro, pero no como parte constitutiva de un gobierno, pues nos
identifica a todos, a la nación, no a una administración en particular. Es
evidente que como cadena de mando sólo deberían exponerse las
fotografías del presidente Maduro, seguida de la presidenta Delcy Rodríguez, y
del funcionario responsable del despacho de que se trate. Esto sería lo normal.
Desterrar esas prácticas
de confusión del partido y sus valores con el Estado y la nación ayudaría,
dicho sea de paso, a conjurar o constreñir el delito de peculado de uso
masivo que todo partido-Estado comete por definición. Se llega a
creer que, si el partido es el Estado, los recursos públicos son patrimonio
partidista (que se emplea a discreción), lo que la Constitución prohíbe y las
leyes castigan.
Claro que ser un
gobierno de todos pasa por muchas otras medidas institucionales (que acaso
este cronista aborde en futuros artículos), pero me parece que con sólo
instruir a sus dependencias y a sus voceros para restringir al mínimo posible
la identidad Estado-nación-chavismo, se construiría una atmósfera que
propendería a una mejor y más fluida comunicación entre todos y al reencuentro
y la reconciliación a partir de lo que nos es común. Sin ninguna duda, esto
beneficiaría la estabilidad política nacional, que, con la paz, debe ser un
interés compartido.
Digo para concluir este
memorando que comprendería a futuro la lentitud, el sosiego, la morosidad del
gobierno de Delcy Rodríguez respecto de algunos de estos temas. Al fin de
cuentas, imposible dejar de subrayar la singularidad de su origen. Confío en
que sea aquello de calma y cordura, la manida exhortación de Eleazar
López Contreras en 1936 que invoqué en alguno de mis recientes artículos de
opinión. Pero ojalá que así como "el ronquito" (según le decían) se
despojó del uniforme militar para trajearse de civil, se atreva este gobierno a
despojarse de los aperos (símbolos y prácticas) partidarios que no amplían su
base de apoyo sino que la restringen. De esa audacia depende que cumpla el rol
histórico que el destino parece reservarle. Sólo que en política el destino no
es un sino fatal o un hado de los dioses, sino que resulta de la compleja y no
siempre asertiva labor humana. Hago votos porque este gobierno atine en esta
primera tarea que tiene por delante: ser y hacerse sentir no como el gobierno
de una mera parcialidad política sino como el gobierno de todos los
venezolanos.
