El Rosario. Los polluelos pían ansiosos cuando Jade llega para
alimentarlos. Desde que su padre fue detenido en la guerra antipandillas de El
Salvador, debe trabajar en la granja de su abuela y aguantar que sus compañeros
de escuela le digan que su "papi" es un criminal.
La ofensiva del presidente Nayib Bukele redujo a mínimos la
violencia al encarcelar a unas 91 mil personas, pero miles de niños han quedado
relegados a la pobreza, estigmatizados o traumatizados al ser separados de sus
padres, muchos de ellos inocentes según grupos de derechos humanos.
Tras el arresto de José Urquía en agosto de 2023, Jade, de 16
años, y su hermano, de 13, quedaron bajo custodia de su abuela, Sara Rivas, en
El Rosario, 50 kilómetros al este de San Salvador.
Sobreviven con una modesta remesa que envía su madre, quien había emigrado a Estados Unidos, y los ingresos de la pequeña granja que Jade ayuda a mantener cuando sale de la escuela.
"Me lastima cuando me dicen (vaya) a saber qué marero
(pandillero) es (...). Siempre hay personas que me lo mencionan diciéndome que
mi papi es un delincuente", relata a la Afp. "Mi papi es inocente",
sostiene.
Según la reconocida ONG Cristosal, unos 62 mil menores de 15
años pueden haber sufrido alguna forma de abandono por las políticas de mano
dura de Bukele, que incluyen un estado de excepción que autoriza arrestos sin
orden judicial desde 2022.
Crisis silenciosa
La convicción de Jade (nombre ficticio) sobre la inocencia de
su padre, de 37 años, sobrepasa el afecto.
Cristosal y otras ONG denuncian detenciones arbitrarias y
torturas bajo el régimen de excepción. El gobierno lo rechaza, pero reconoce
que unas 8 mil personas han sido liberadas por falta de pruebas.
El estigma es tan pesado para Jade que aprovechará su entrada
a la secundaria para cambiar de colegio. "Prefiero irme a uno nuevo con
personas que no conozco, (y) comenzar de cero", dice, mientras repasa
fotos de su papá.
Algunos niños separados del padre o la madre, o de ambos,
abandonan la escuela para trabajar, al quedar bajo custodia de familiares
pobres, según Cristosal.
La ONG denuncia una falta de atención estatal a estos menores,
que personifican una "crisis silenciosa". El "impacto se
observará en las décadas por venir", advierte.
Consultado el gobierno por la Afp, la entidad encargada de la
niñez, Conapina, dijo dar atención "sicológica y emocional" a hijos
de presos, y ayudar a las familias que los cuidan para que emprendan negocios.
Según Conapina, en algunos casos los padres que pertenecían a
pandillas eran "los principales responsables de la vulneración de derechos
de sus hijos".
"Me quitaron la infancia"
La vida de los gemelos Carmen y Manuel (nombres ficticios)
dio un vuelco en junio de 2022 cuando la policía detuvo a su padre, José Ángel
Ruiz, distribuidor de pan de 36 años.
Es "horrible porque no fue un abandono que él haya
decidido, sino que nos lo quitaron de nuestros brazos", relata Carmen, de
17 años, en su precaria casa de Zacatecoluca, 60 kilómetros al este de San
Salvador.
Desde entonces, los chicos, que aseguran que Ruiz tampoco
tenía antecedentes criminales, ayudan con el sustento de tres hermanos: ella,
limpiando casas con su madre y bañando mascotas; él, como albañil.
"Me tocó madurar demasiado rápido, me quitaron la
infancia", afirma Carmen, quien pese a todo finalizó su bachillerato con
honores y confía en que su padre será liberado.
Pero para algunos esa posibilidad no existe. Cristosal
asegura que entre 2022 y 2024 casi 180 menores sufrieron la muerte del padre o
la madre mientras estaban presos. La ONG Socorro Jurídico reporta 470 muertos
en prisión, bajo el régimen de excepción.
Tomado de La Jornada / México. Imagen: AFP.
