Por Juan Linares* / Opinión
Antes de entrar
en el núcleo de este análisis, es importante destacar algunas narrativas que el
régimen de Nicolás Maduro y sus voceros han difundido:
• La
producción petrolera promedio en Venezuela durante los primeros siete meses de
2025 fue de 1.053 millones de barriles diarios, un aumento del 18.4% en
comparación con el mismo período de 2024. Se ha mantenido por encima del millón
de barriles diarios durante todo el año.
• Venezuela ha experimentado un crecimiento económico sostenido en los últimos trimestres, impulsado principalmente por el sector petrolero, pero también por otros sectores como el comercio y la minería. Nicolás Maduro aseguró en su programa semanal "Con Maduro +" que el país acumula ya 17 trimestres consecutivos de crecimiento económico (23/07/2025).
La otra cara de la moneda:
• Han transcurrido 1309 días y los trabajadores, pensionados y jubilados no han recibido aumento del salario mínimo nacional, el último aumento fue el 15 de marzo de 2022.
• El
salario mínimo. nacional es de 130 bolívares mensuales, equivalente a apenas
0.66 dólares al mes. El precio oficial del dólar está en 197,25 bolívares. El
pago de aguinaldos a pensionados es de 2 meses, equivalente a 260 bolívares.
Maduro no tiene excusas para no pagar aguinaldos
dignos, que deberían ser al menos de 120 dólares para los trabajadores y 112
dólares para los pensionados de la administración pública. La Constitución de
la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), en su artículo 91, establece
claramente que:
"Todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un
salario suficiente que permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia
las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales".
Por su parte, la Ley Orgánica del Trabajo, los
Trabajadores y Trabajadoras (LOTTT) en sus artículos 98 y 131 regulan el
derecho al salario y los beneficios anuales o utilidades. Sin embargo, estos
preceptos constitucionales y legales han sido sistemáticamente violados por el
Estado como empleador. Quienes sufren las consecuencias de este holocausto
económico son los trabajadores, pensionados y jubilados de la administración
pública, que desde 2014 padecen acoso laboral, maltrato y el quebrantamiento de
sus derechos laborales y sociales. Estas medidas represivas se profundizaron en
2018, cuando el gobierno "obrero" introdujo el terrorífico Memorando
2792. Este acto administrativo, dictado el 11 de octubre de 2018 por el
Ministerio del Trabajo, eliminó la contratación colectiva de los empleados
públicos, fijó el salario mínimo como punto de partida único en las escalas
salariales y uniformó las tablas salariales para todos los sectores públicos,
violando derechos y beneficios laborales. Junto con el Instructivo ONAPRE, que
despoja a los trabajadores y pensionados de sus derechos constitucionales e
irrenunciables (artículo 89 de la CRBV), estos mecanismos han erosionado el
bienestar de la clase trabajadora del país.
El resultado ha sido la drástica pérdida de calidad de
vida, con alimentación insuficiente, falta de recursos para vestimenta, calzado
y recreación. Desde 2019, el régimen ha instaurado una narrativa navideña desde
octubre sobre “La suprema felicidad social del pueblo”, mientras que la
realidad es la opuesta para los trabajadores, pensionados y jubilados. Feliz
Navidad, pero para pocos.
Los trabajadores, jubilados y pensionados no queremos
aguinaldos paupérrimos de 520 y 260 bolívares como los que se han pagado en
años recientes, ni fraccionados desde octubre. Es una burla y un cinismo que
convierten la Navidad y el Año Nuevo en momentos de tristeza y desesperanza. Es
evidente que quienes tienen privilegios —los jerarcas, enchufados y sus
familiares, que constituyen casi el 10% de la población— disfrutarán de unas
fiestas felices, mientras que la mayoría trabajadora y pensionada sufrirá la
penuria. En muchas mesas venezolanas no habrá pan de jamón, hallacas, pernil ni
regalos para los niños.Por tanto, todos los gremios, sindicatos, asociaciones
de jubilados y pensionados debemos exigir que el Bono de Guerra Económica, de
120 dólares mensual para trabajadores y 112 dólares para jubilados que no
reciben cesta ticket, sea incluido en el cálculo del aguinaldo.
Como ha señalado Antonio Suárez, presidente de la
Federación Nacional de Empleados Públicos (FEDEUNEP), este bono es la principal
fuente de ingreso de quienes laboran en la administración pública y sus
jubilados.
Llamado final
Frente a la devastadora realidad económica y social que vivimos, es urgente y justo exigir que todos los venezolanos tengan derecho a recibir un salario digno, acorde con la inflación y la constante devaluación del bolívar. No podemos permitir que las políticas económicas destructivas sigan vulnerando nuestros derechos fundamentales. Un salario justo y remuneraciones adecuadas no son un lujo, sino una necesidad para garantizar una vida digna y el bienestar de nuestras familias. Esta Navidad, más que nunca, es necesario reafirmar que sin un salario digno, no hay verdadera felicidad. Somos un pueblo que merece respeto, justicia social y la garantía de condiciones que permitan celebrar la vida con esperanza y dignidad. ¡Luchemos unidos por nuestros derechos y una Venezuela donde el trabajo tenga valor y los salarios acompañen nuestra lucha diaria!
*Exlegislador en el estado Bolívar. jlrlinares50@yahoo.com
