En diálogo con Página/12, de Argentina, la ex ministra de
Seguridad analizó el operativo que dejó más de 130 muertos en las favelas de
Río. Sostiene que el bolsonarismo busca debilitar al gobierno de Lula da Silva
y reposicionarse en la región bajo la retórica del “narcoterrorismo”
La operación policial más
letal de la historia de Río
de Janeiro dejó al menos 132 personas muertas,
según el recuento de la Defensoría Pública publicado este miércoles, tras el
despliegue de unos 2.500 agentes en los complejos de favelas
de Penha y Alemão, en el norte de la ciudad. El
Gobierno regional, encabezado por el bolsonarista Cláudio Castro, defendió
la intervención como un “éxito” contra el Comando Vermelho, una de
las principales facciones criminales de Brasil, que tilda de organización
"narcoterrorista", a la Trump. La magnitud del
operativo, la ausencia de coordinación con el gobierno federal y el discurso
que lo enmarca revelan un trasfondo político más complejo, donde se
cruzan los intereses del bolsonarismo, el control
territorial en las periferias y la retórica del
“narcoterrorismo” que la derecha busca instalar a escala regional. Para
profundizar en esas tensiones, Página/12 dialogó con Sabina
Frederic, ex ministra de Seguridad de la Nación y especialista en políticas
de defensa y seguridad en América Latina, quien analizó el papel de las
milicias, las relaciones de poder detrás del operativo y el
modo en que la violencia estatal en Brasil se inscribe en una disputa
política de alcance continental.
-¿Cómo interpreta esta intervención policial?
-Me parece que hay varios planos para entender lo que pasó,
para explicar la masacre. Por la cantidad de muertos, es la peor
de las últimas décadas en Brasil, incluso supera a Carandirú, que fue
además el origen del PCC, el Primer Comando de la Capital, la organización de
narcotráfico más poderosa del país.
-¿Cuál es el origen de la violencia?
-El Comando Vermelho nace en los años 70 en la cárcel
de Cándido Mendes, en Isla Grande (Río de Janeiro). Durante la
dictadura, allí convivían guerrilleros presos con delincuentes comunes, y se
produjo una transferencia de saberes: los presos políticos enseñaron
organización y los comunes, supervivencia criminal. Controlan buena parte de
los presidios, sustituyen en algunos casos al propio servicio penitenciario, y
esa estructura se mantiene desde los años 80. Para comprender realmente lo que
ocurre hoy, hay que mirar otro fenómeno, poco conocido en Argentina: el de las milicias.
No son grupos paramilitares en el sentido tradicional, no están conducidos por
las Fuerzas Armadas ni por la Policía Militar, sino que están integrados por
expolicías, policías estatales, a veces exmilitares o civiles. En los últimos
25 o 30 años fueron ganando terreno y hoy controlan cerca del 50 por ciento de
los territorios dominados por organizaciones criminales. Actúan muchas veces
como fuerza de choque contra organizaciones como el Comando Vermelho.
-¿Qué tan peligrosas son esas organizaciones?
-Se convirtieron en verdaderas organizaciones de
amedrentamiento: secuestran y extorsionan a narcotraficantes y controlan
servicios básicos en las favelas, gas, Wi-Fi, cable, agua, a cambio de una
tasa. Muchos las llaman directamente “organizaciones de exterminio”, ya
que actúan presionando al narco para apropiarse de sus ingresos mediante la
violencia. Son grupos de poder muy vinculados con el bolsonarismo.
Recordemos el caso de Marielle Franco, la concejala de Río
asesinada por milicianos relacionados con ese sector político.
-¿Puede leerse esta operación como un intento de restarle
poder al narcotráfico para fortalecer a las milicias?
-Hay dos elementos centrales: uno político y
otro de poder económico. Por un lado está la disputa por
los negocios criminales de los que el bolsonarismo también usufructúa.
Esta masacre podría responder a la lógica de debilitar al Comando
Vermelho en ese territorio para habilitar el avance de las milicias.
Desde 2007 o 2008, las milicias enfrentan y extorsionan a las
organizaciones más poderosas, las debilitan y luego negocian su regreso a
cambio de dinero. Es una forma de extractivismo criminal, una trama
de corrupción difícil de imaginar en Argentina. En ese contexto, lo que
hizo Cláudio Castro fue una operación extremadamente
cruenta y riesgosa, sin mediación judicial, que terminó con más de 130 muertos
en un verdadero estado de excepción. No es un hecho aislado: en 2010 hubo
un ataque parecido en el Complejo Alemão. Estas operaciones generan
inseguridad en todo Río, porque quienes viven y trabajan en esos complejos
sostienen buena parte del turismo y del servicio doméstico del centro.
-¿Cómo jugaron las tensiones políticas de Brasil en la
masacre?
-Ahí entra el segundo elemento. Castro pertenece al
partido de Bolsonaro, que viene obstaculizando al oficialismo en todas las
instancias posibles. Y este domingo, Lula da Silva se reunió con Donald
Trump en Malasia para negociar la suspensión de los aranceles sobre
Brasil que Trump había impuesto como penalización a la “persecución política”
contra Bolsonaro. El encuentro fue favorable a Lula.
Pero dos días después ocurre la masacre. Es llamativo, sobre todo
porque Lula no estaba en Brasil. El hijo de Bolsonaro salió a
defender al gobernador y a criticar al gobierno federal, aunque los ministros
de Lula afirmaron que no hubo ningún pedido de apoyo. Para que el gobierno
nacional pueda intervenir, el gobernador debería haber activado la figura de “garantía
de ley y orden”, algo que nunca ocurrió. Por eso es falso que el gobierno
federal lo haya “dejado solo”. Hasta ofreció el sistema carcelario para alojar
detenidos. Mientras tanto, las organizaciones sociales y de derechos humanos en
Río están movilizadas, exigiendo la renuncia del gobernador, que
reivindica el operativo como un "éxito" en la lucha contra el
"narcoterrorismo".
- Esta posición de "lucha contra el
narcoterrorismo" ¿busca alinearse con Estados Unidos o es más bien
una interna política?
-Es difícil imaginar una intervención extranjera en Brasil: el país tiene una fortaleza enorme,
regional y global. Pero sí, esa narrativa de los “narcoterroristas” se
alinea con el enfoque de Trump y con su cruzada en el Caribe. Creo que el
trasfondo del operativo es político: desafiar la negociación de Trump
con Lula. El mensaje bolsonarista sería “nosotros representamos la lucha
contra el narcoterrorismo, mientras Lula protege a los narcotraficantes”.
Es el mismo discurso que usa Uribe en Colombia. Lula, durante sus primeros
gobiernos, trató de pacificar las favelas con las Unidades de Policía
Pacificadora (UPP), una política que redujo la violencia, sobre todo en el
marco de los grandes eventos (Panamericanos, Mundial, Olimpiadas). Pero Brasil
no tuvo un proceso de justicia social como el peronismo en Argentina. La
pobreza allá está asociada a la desafiliación total del Estado, a
una miseria sin memoria de derechos.
-¿Y qué pasa con el problema en nuestro país?
En Argentina tenemos otros problemas, pero no esa historia de
exclusión brutal. Lo que hay en Argentina es otra cosa: una terminal de
lavado de activos del Comando Vermelho, descubierta en 2023 por la
Policía Federal en la Operación Crypto. Se descubrió una base en
Nordelta, y se estima que lavaron unos 420 millones de dólares con vínculos en
Bolivia y China. Eso muestra la importancia de fortalecer la investigación
financiera. Pero la escala y la desigualdad en Brasil son mucho mayores. Es el
país más desigual de América Latina, y esa desigualdad alimenta todo este
fenómeno. Es un país que abolió la esclavitud tardíamente, en 1888, y sigue
siendo profundamente racista. Hoy escuché a
Benedita da Silva, una diputada afrodescendiente del PT de 80 años, decir que el operativo fue también una expresión
del racismo estructural del Estado brasileño. En las favelas vive población
afrodescendiente y mestiza, históricamente excluida, y son los primeros en caer
víctimas de la violencia.
Entrevista: Mateo Nemec, tomada de Página 12 / Argentina.
