Pese al discurso de Trump para criminalizar a los migrantes
por el problema de las drogas, las cifras socavan esa acusación.
El Instituto Cato concluye que "ejecutar a sospechosos
de tráfico de drogas, expandir su agenda de deportaciones masivas deportando inmigrantes a prisiones extranjeras sin el debido proceso y tratar a
los solicitantes de asilo como chivos expiatorios ignoran
descaradamente la evidencia".
Los datos oficiales desmienten el discurso mantenido por el
presidente de los EE.UU., Donald Trump, que desde que arribó a la Casa Blanca,
el pasado mes de enero, ha criminalizado a los inmigrantes, especialmente a los
irregulares, acusándoles de agravar la crisis de la droga que vive el
país.
Los ciudadanos estadounidenses representan el 78 % de
todas las condenas a nivel nacional en 2024 relacionadas con el tráfico de
drogas, según los datos analizados por el Instituto Cato.
Desde el 2 de septiembre, el Ejército de EE.UU. ha estado implementando una nueva táctica consistente en atacar a embarcaciones en aguas del Caribe y del océano Pacífico. Casi una decena de ataques han acabado con la vida de más de 30 personas.
La Administración Trump asegura que se trata de navíos que
transportaban drogas para introducirlas en territorio estadounidense. Con las
imágenes tomadas por drones de la destrucción de las embarcaciones, se alimenta
la narrativa de que los cárteles de la droga extranjeros y las organizaciones
criminales compuestas principalmente también por forasteros son los principales
responsables de la introducción de las sustancias ilegales, principalmente el
fentanilo.
Los datos del propio Gobierno estadounidense lo
desmienten, mostrando que cuatro de cada cinco delincuentes en este ámbito eran
nacionales. Así, eran ciudadanos estadounidenses 9.362 de los 12.004
condenados en todo el país.
A la cabeza y en crecimiento en el tráfico de fentanilo
Los estadounidenses fueron el 80,11 % de los condenados por
todo tipo de tráfico de droga, el 84,28 % de los que lo fueron por traficar con
fentanilo y el 77,99 % de los que lo hicieron con drogas distintas al
fentanilo.
También fueron abrumadora mayoría en los distritos
fronterizos de suroeste, la zona fronteriza de EE.UU. con México que incluye
partes de los estados de California, Arizona, Nuevo México y Texas.
Es en esa zona donde más hincapié hacen los mensajes
políticos que hablan de la inundación de drogas del país por parte de los
inmigrantes vinculados a los cárteles extranjeros. Allí los ciudadanos
estadounidenses representan el 72 % de los condenados.
Esta preeminencia de ciudadanos nacionales se explica porque
las organizaciones de narcotráfico prefieren contratar a esos sujetos que no
tienen trabas para entrar en territorio estadounidense y suelen ser objeto de
un menor escrutinio.
Así, entre los años 2018 y 2024, los ciudadanos
estadounidenses representaron 3.058 de los 3.874 traficantes de fentanilo
condenados en los distritos fronterizos suroeste (78,9 %).
Si en 2018 solo fueron condenados por ese delito 52
estadounidenses, el número el año pasado ascendió a 743, dando muestra de
un aumento mucho más rápido que el de cualquier otra nacionalidad.
Es por ello que la mayor cantidad de fentanilo se incauta en
los puertos de entrada legales. Entre 2015 y 2025 tan solo el 4 % se incautó en
controles vehiculares en las carreteras después de los puertos y el 11 %
durante las rondas de la Patrulla Fronteriza.
El Instituto Cato concluye que "ejecutar a sospechosos
de tráfico de drogas, expandir su agenda de deportaciones masivas deportando inmigrantes a prisiones extranjeras sin el debido proceso y tratar a
los solicitantes de asilo como chivos expiatorios ignoran
descaradamente la evidencia".
También sostiene que, según el conocimiento acumulado, la
crisis de drogas se ha creado para los consumidores estadounidenses y
ningún escenario migratorio cambiará esa realidad si no se promueven políticas
centradas en reducir la demanda.
Tomado de R.T. / Rusia. Imagen: Sebastian Gollnow /
Legion-Media.