Más de 44 por ciento de un total de 278 migrantes deportados
entre mayo y julio pasados hacia Nogales, Sonora, vivieron más de 10 años en
Estados Unidos, lo que generó rupturas sociales que socavan el derecho a la
vida familiar y a la estabilidad comunitaria, revela un informe de la
Iniciativa Kino para la Frontera.
En el estudio Ellos no me dejaron decir adiós, la
organización binacional también indica que 39.2 por ciento de este total de
deportados reportó haber sido separado de algún pariente, en la mayoría de los
casos de sus parejas e hijos, muchos de ellos ciudadanos estadunidenses.
Esta práctica implica la negación del derecho a la reunificación familiar y provoca efectos devastadores en la salud emocional de niños, adolescentes y adultos, señala el documento. A ello, agrega que 57 por ciento de los extraditados residían en el país vecino al momento de su detención, cuando el año pasado la agrupación registró 5 por ciento.
La Iniciativa Kino para la Frontera apunta que estas cifras
confirman que las políticas actuales del gobierno de Donald Trump no sólo
afectan a indocumentados recién llegados, sino que alcanzan comunidades
establecidas desde hace décadas. El informe, difundido por la Red Jesuita con
Migrantes, se basa en entrevistas a los 278 deportados a un centro de detención
temporal del gobierno mexicano instalado en Nogales.
“Muchos tienen profundo arraigo en sus comunidades,
incluyendo hijos, cónyuges y otras personas en Estados Unidos. Este cambio en
el perfil de los deportados pone de manifiesto no sólo una modificación en los
patrones de aplicación de la ley, sino también la separación generalizada de
familias, lo que genera dificultades emocionales, financieras y de cuidado”
para quienes están en territorio estadunidense, señala.
El informe precisa que 33 por ciento de las expulsiones
comenzaron con una detención de las fuerzas del orden regionales o estatales, y
casi la mitad de este porcentaje tiene la participación directa del Servicio de
Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), generalmente
en espacios públicos, como la calle y los juzgados.
Además, detalla que 60 por ciento de las capturas se
realizaron en Arizona, y el resto provenía de California, Florida, Nevada,
Oregon, Texas y Washington.
Los deportados contaron que durante las detenciones y
encarcelamientos vivieron hacinamiento, negligencias médicas, exposición a humo
tóxico, abusos verbales y físicos, así como traslados prolongados en
condiciones degradantes. “Estos relatos evidencian una vulneración al derecho a
la integridad personal y al acceso a servicios básicos de salud”, subraya el
informe.
