Entre Todos D.
En una carta con fecha 10 de septiembre dirigida al
presidente Donald Trump, 25 senadores de U.S.A. cuestionaron la versión
presentada por el Gobierno de EE.UU., que argumentó haber realizado el ataque
porque las personas que iban a bordo de una embarcación pesquera venezolana
estaban vinculadas con el narcotráfico.
Según los senadores, la operación estadounidense que acabó
con la vida de 11 personas, “no tiene ninguna justificación legítima y fue
escasa en detalles sobre la base legal”.
“¿Cuál es su autoridad legal para llevar a cabo operaciones militares letales contra civiles en el mar, en Venezuela o en otros países latinoamericanos?”, cuestionaron los 25 legisladores que rubricaron la carta pública.
Al respecto, exigieron saber por qué no se intentó detener la
lancha antes de disparar un misil que mató a todos sus ocupantes, sin que hasta
ahora se haya probado que se trató de una acción de legítima defensa.
Los senadores pidieron identificar a las personas a borde de
la embarcación y si representaban una amenaza inminente para la vida de otros.
“¿Quiénes fueron las personas atacadas, qué información de
inteligencia maneja la Administración sobre sus identidades, si representaban
alguna amenaza inminente, de qué delitos se les acusaba o sospechaba, y qué
supuestas afiliaciones tenían con una organización criminal de narcotráfico?”,
preguntaron.
“De ser así, ¿cuál era la naturaleza de dicha amenaza y qué
medidas, distintas a la fuerza letal, estaban disponibles para evitarla?”,
agregaron los legisladores.
En caso contrario, señalaron, “¿qué justificación sustentó la
evaluación de que las tácticas estándar de interdicción, como el abordaje, la
incautación y el arresto, eran insuficientes o inaplicables en este caso?”.
La carta otorga al Gobierno de Trump un plazo, hasta el
miércoles 17 de septiembre, para responder a diez interrogantes. En ella, a la
luz de esta realidad legal, los senadores declararon que ruegan que “aclare la
base legal y sustantiva para atacar y asesinar a civiles sospechosos de estar
afiliados a una entidad designada”.
Además, solicitaron que se entregue “una copia de todas las
evaluaciones legales realizadas por la Casa Blanca, el Departamento de
Justicia, el Departamento de Defensa o cualquier otra entidad antes del
ataque”.
El 2 de septiembre Estados Unidos realizó su primer ataque a
una embarcación pesquera venezolana causando la muerte de 11 personas a bordo.
El mandatario de EE.UU. describió a los fallecidos como
“narcoterroristas” transportando drogas destinadas a Estados Unidos, y lo
enmarcó como el inicio de una campaña contra carteles venezolanos vinculados
del gobierno de Venezuela, incluyendo el Cartel de Los Soles.
La carta de los senadores cuestiona la legalidad de la
operación bajo la Resolución de Poderes de Guerra y el derecho internacional,
argumentando que no se ha presentado evidencia concluyente de la afiliación de
la tripulación al Tren de Aragua ni de la presencia de narcóticos a bordo.
El senador Jack Reed, presidente demócrata del Comité de
Servicios Armados del Senado, enfatizó en un discurso que “las fuerzas
armadas no son agencias de aplicación de la ley y no pueden ejecutar
ejecuciones extrajudiciales sin juicio”.
Con información publicada por Hispan T.V.
