Mientras algunos gobiernos celebran
la ofensiva de Washington contra el narcotráfico y declaran terroristas a los
cárteles, otros denuncian una injerencia que busca debilitar a Maduro
Por Guido Bovone
La tensión entre el presidente de
Estados Unidos, Donald Trump, y el líder del régimen venezolano, Nicolás
Maduro, a causa del despliegue militar
norteamericano en las costas del Caribe Sur ha vuelto a dividir
las aguas en América Latina.
De un lado, están quienes aplauden el
objetivo declarado por el gobierno norteamericano de usar su flota para luchar
contra el narcotráfico, e incluso quienes incitan el uso de la violencia
armada contra los grupos declarados como terroristas. Por el otro, quienes
rechazan una posible injerencia estadounidense en territorio latinoamericano
y condenan una supuesta táctica de presión para contribuir a un cambio de
régimen en el país del Caribe.
La última vez que el espectro
político latinoamericano se separó en facciones tan claras en su postura con
respecto a Venezuela fue en 2019, cuando el entonces presidente de la Asamblea
Nacional, Juan Guaidó, se autoproclamó presidente venezolano en un
intento de destituir a Maduro. Entonces, igual que ahora, los países se
alinearon en base a la orientación ideológica de su mandatario de turno, algo
que en los últimos años cambió en varios países de la región.
“Es el equivalente de dar un martillazo cuando se necesita usar un bisturí”, opinó del despliegue militar el exembajador norteamericano en Panamá John D. Feeley en diálogo con LA NACION.
Si la magnitud del despliegue resulta
desproporcionada para la lucha contra el narcotráfico, la intervención
directa en Venezuela también parece descartada. En todo caso, “esto puede ser
un intento de amedrentar a Maduro, porque la flota desplegada es muy potente,
pero no es capaz de llevar a cabo una invasión del tipo Panamá [1989],
Irak [2003], o Afganistán [2001]”, explicó Feeley, quien durante su servicio en
el Cuerpo de Marines de Estados Unidos solía pilotar precisamente helicópteros
de asalto anfibio en despliegues militares similares al que se encuentra en
este instante en las costas del régimen.
Sin embargo, reportes de prensa
apuntan a que la Casa Blanca evalúa ir más allá. Según CNN, Trump considera
distintas opciones para lanzar ataques militares contra cárteles de la droga
que operan en Venezuela, incluida la posibilidad de golpear objetivos
dentro del país, como parte de una estrategia más amplia destinada a debilitar
a Maduro.
Por ahora, por lo tanto, ni el
objetivo final ni los próximos pasos de la operación norteamericana están
claros, pero la discusión política entre quienes se alinean con la
“diplomacia del garrote” de Trump y quienes rechazan la muestra de
fuerza militar ya está en curso.
Quienes rechazan la injerencia
“Si hay una agresión violenta contra
Venezuela, lo que vemos en Siria e Irak será la realidad de toda la región
grancolombiana”, publicó el lunes en su cuenta de X el presidente
colombiano, Gustavo Petro, en una de sus varias muestras de oposición a la
presión norteamericana en el Caribe. “Ni en Panamá, ni en Ecuador, ni en
Colombia, ni en Venezuela deben haber sujeciones serviles a extranjeros”,
sentenció el mandatario.
“Petro es un fiel defensor de la
línea de no intervención, una posición más de izquierda en América Latina. Por
lo que no es sorprendente que esté alineado en este punto con Venezuela.
También es cierto que hay gestos de acercamiento a Caracas desde hace dos o
tres años, una agenda económica binacional, cierta reapertura de las fronteras.
Entonces sus críticas a la militarización de Estados Unidos en el Caribe
encajan con su discurso y pueden tensar una relación ya bastante delicada con
Washington”, dijo Juan Negri, director de la carrera de Estudios
Internacionales de la Universidad Torcuato di Tella, a LA NACION.
El presidente colombiano ha
sido una de las voces más firmes de rechazo al despliegue norteamericano,
que lo ha llevado incluso, sin haber declarado un apoyo explícito a Maduro, a
cooperar con el régimen vecino.
El jueves, Petro informó en sus redes
sociales que ordenó la movilización de 25.000 soldados en la región del
Catatumbo, ubicada en la frontera con Venezuela, para luchar contra el
narcotráfico en coordinación con el régimen venezolano. Maduro agradeció
la medida.
Brasil ofrece otro ejemplo de cómo
los países se posicionan frente al despliegue según su orientación ideológica.
Aunque el presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha evitado
pronunciarse de manera explícita, algunos gestos de su gobierno sugieren que
también busca privilegiar una postura contraria a la intervención
estadounidense.
Por ejemplo, su ministro de Defensa,
José Mucio, anunció a fines de agosto que se cancelaron dos operaciones
militares coordinadas con el Ejército norteamericano previstas para
septiembre y octubre, las llamadas Operación Formosa y Operación Core. Si bien
las razones esgrimidas por Brasilia fueron estrictamente económicas, la
coincidencia con el despliegue militar en el Caribe parece no ser casual.
Estas medidas, además, se inscriben
en la ya tensa
relación personal entre Lula y Trump, marcada por una guerra comercial —con
la imposición por parte de Estados Unidos de aranceles del 50% a
determinadas importaciones brasileñas— y por una disputa política y judicial en
torno al
caso del supuesto intento de golpe de Estado que involucra al expresidente Jair
Bolsonaro, rival de Lula y aliado cercano de Trump.
La relación entre Brasil y Estados
Unidos “no tiene cómo empeorar, porque ya no hay relación”, dijo a LA
NACION Mónica Hirst, investigadora del Instituto de Estudios Sociales y
Políticos de la Universidad de Río de Janeiro y colaboradora del Centro
Brasileño de Relaciones Internacionales. “Y no va haber ningún retroceso en
la determinación de la Casa Blanca de ignorar y maltratar al actual
gobierno brasileño”, agregó.
Por parte de Brasil, la académica
considera existe “interés en mantener una vía comercial” que le
permita idealmente renegociar las condiciones arancelarias impuestas por Trump.
México parece ser un caso aparte:
aunque la presidenta Claudia Sheinbaum continúa la línea política de
izquierda de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, ha logrado mantener un
canal de diálogo abierto con la actual administración estadounidense, incluso
en lo referido a la lucha contra el narcotráfico.
De hecho, ambos países anunciaron
la creación de un grupo de cooperación de alto nivel, que se reunirá
periódicamente para dar seguimiento a compromisos comunes. Entre ellos
figuran medidas contra los cárteles de droga, el fortalecimiento de la
seguridad fronteriza, la prevención del robo de combustibles y el combate a los
flujos financieros ilícitos, según informaron el miércoles tras la visita
a México del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.
Si bien tanto Sheinbaum como Petro o
Maduro encabezan gobiernos con posturas ideológicas contrarias a la de Trump,
lo hacen con matices muy distintos, “México recibe un tratamiento
privilegiado dada su importancia económica y política para Estados Unidos”,
explicó a LA NACION Gabriel Negretto, catedrático del Departamento de Ciencias
Sociales de la Universidad Carlos III de Madrid.
No obstante, más allá de los gestos
de sintonía que ha mostrado con Trump, Sheinbaum se ha mantenido firme en
rechazar las sugerencias de Washington de llevar a cabo operaciones militares
unilaterales en territorio mexicano. “No aceptamos subordinación, sino
sencillamente una colaboración entre naciones en igualdad de circunstancias”,
señaló el martes.
Quienes respaldan el despliegue
Como parte de su gira diplomática por
América Latina, Rubio
visitó también Ecuador, donde fue bien recibido por el
presidente, Daniel Noboa. El gobierno ecuatoriano no sólo aplaudió las
recientes operaciones militares norteamericanas, sino que también prometió
un “acuerdo” con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico y hasta
abrió la puerta al establecimiento de una base militar norteamericana en su
país.
“Estamos en una lucha en conjunto
contra el terrorismo y el narcotráfico”, dijo el ministro del Interior
ecuatoriano, John Reimberg, tras la visita diplomática del miércoles.
Ubicado entre Colombia y Perú, los
dos mayores productores mundiales de cocaína, Ecuador se ha convertido en punto
de partida de cerca del 70% de la droga que circula en el mundo, de la cual
casi la mitad tiene como destino Estados Unidos, según datos oficiales.
En esa línea, varios países de la
región —entre ellos Ecuador, Perú y Paraguay— siguieron la estrategia impulsada
por la administración Trump de declarar a distintos cárteles
latinoamericanos como organizaciones terroristas.
La Argentina también se sumó a esa
corriente: a fines de agosto, el gobierno de Javier Milei incluyó en
la lista al Cártel de los Soles —grupo criminal que, según Estados Unidos,
encabeza Nicolás Maduro—, una decisión que motivó la inmediata felicitación de
Rubio.
Otro gobierno que celebró el
despliegue estadounidense fue el de Trinidad y Tobago. El martes, Trump
reveló en una conferencia de prensa en la Casa Blanca que fuerzas militares
norteamericanas habían atacado y hundido una embarcación con 11 tripulantes que
transportaba droga, probablemente con destino a Trinidad y Tobago, según la propia
administración. Todos los “terroristas que habían partido de Venezuela”
murieron en el operativo, aseguró Trump.
La primera ministra del país
caribeño, Kamla Persad-Bissessar, elogió la acción y declaró: “No tengo
simpatía por los traficantes; el Ejército de Estados Unidos debería matarlos a
todos violentamente”.
“El Caribe aplaude [el despliegue]
por su propia seguridad. Es decir, Venezuela es un problema para ellos en
muchos sentidos. Temen derrames de narcotráfico y de armas, por ejemplo, y creo
que ven útil la disuasión de Estados Unidos. Por eso Trinidad y Tobago o Guyana
apoyan las medidas, aunque sea con matices”, explicó Negri.
“Yo, junto con la mayor parte del
país, estoy contenta de que el despliegue naval de Estados Unidos esté teniendo
éxito en su misión”, declaró Persad-Bissessar en un comunicado el martes por la
noche.
Tomado de La Nación / Argentina.
