Por Daniel Kersffeld /
Opinión
A fines de julio, el Kremlin acusó a Ucrania de reclutar a
sicarios de cárteles latinoamericanos del narcotráfico para combatir en la
guerra que actualmente se desarrolla contra Rusia.
Según una denuncia efectuada en estas últimas semanas,
organizaciones como el Cártel de Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Golfo
y el Cártel de Sinaloa estarían enviando mercenarios al frente, en un intento
del gobierno de Kiev por reforzar sus ejércitos ante la deserción masiva de
soldados, quienes evitan combatir en una guerra sin final aparente, y que ha
causado un amplio número de bajas en las filas ucranianas.
También acuden a la guerra miembros del Cártel de los Zetas,
algunos de ellos pertenecientes en sus inicios al Cuerpo de Fuerzas Especiales
del Ejército Mexicano y que podrían haber recibido entrenamiento militar en los
Estados Unidos.
De igual modo, se señala en Ucrania la presencia de guerrilleros de origen colombiano, presuntamente exmiembros de las FARC, y con participación directa en las redes internacionales del narcotráfico.
El interés para los sicarios latinoamericanos consiste en
aprender a operar drones FPV (First Person View) con aquellos que muchos
consideran como los mejores profesionales en este tipo de dispositivo,
promocionando así su utilización por los cárteles, todavía en las primeras
etapas en el uso de este armamento.
De ahí que, en la actualidad, uno de los principales focos de
atención esté colocado en las unidades hispanohablantes de la Legión
Internacional, que opera bajo la agencia de inteligencia militar ucraniana,
pero principalmente, en el grupo táctico “Ethos”, activo en las regiones de
Donetsk y Járkov, y en la que los combatientes latinoamericanos se
especializan, entre otras tareas, en el manejo de drones FPV en contextos de
combate abierto.
Durante años, los ejércitos ucranianos se han especializado
en la fabricación artesanal de pequeños vehículos no tripulados, a partir de la
experiencia obtenida en la calibración para garantizar vuelos estables, la
generación de camuflaje térmico, y el abordaje de distintas técnicas para
neutralizar señales de comunicación de drones enemigos y en vuelos a baja
altitud.
Los drones FPV, rápidos, de gran maniobrabilidad gracias a su
operatividad por video, y relativamente baratos (se consiguen por 400 dólares)
son ahora omnipresentes en Ucrania, donde se utilizan contra vehículos,
pequeñas estructuras y contra civiles y personal militar ruso. De hecho, su
utilización ya ha sido adoptada por el crimen organizado en América Latina para
operaciones básicas de vigilancia y de ataque.
La denuncia del gobierno ruso también se dirige hacia dos
agencias encargadas de reclutar y facilitar la llegada de los mercenarios a
territorio ucraniano.
El Grupo Roka Seguridad y Protección Miranda Maya, ambos
radicados en México, realizarían contrataciones ficticias e irregulares para
permitir que ingresen a las filas ucranianas personas con antecedentes penales
en su país. Ambas empresas fueron ligadas, además, con el contrabando de armas
y de personas por el cruce fronterizo Medyka-Shehyni, entre Polonia y Ucrania.
Mientras que en Colombia fue denunciada la compañía se
seguridad privada Segurcol, con sede en Cali y Medellín, la que se habría
ocupado de reclutar a mercenarios para combatir a favor de clientes
extranjeros.
Se cree que ambas empresas tienen vínculos con redes de
narcotráfico, que supuestamente utilizan su infraestructura para financiar
viajes, emitir documentos falsificados y obtener visas humanitarias.
Debido a las graves implicaciones internacionales de la
denuncia formulada por el Kremlin, el gobierno ucraniano debió iniciar una
investigación de oficio.
A cargo de las indagaciones se encuentra la Unidad Técnica
del Servicio de Seguridad, adscrita a la Dirección General de
Contrainteligencia, responsable de proteger los intereses estratégicos del
Estado en áreas sensibles como la ciberseguridad, la inteligencia artificial,
la protección de infraestructuras críticas y el control de la exportación de
conocimientos militares. Hasta el momento, no se rechazó oficialmente ninguna
de las revelaciones elevadas desde Moscú.
Más allá de la novedad del asunto y del tenor y las
características de la denuncia, no es la primera vez que se dan a conocer
operaciones de estas características.
A principios de abril de 2024 el gobierno ruso acusó a
compañías militares privadas de reclutar a presidiarios de México y Colombia
alojados en cárceles estadunidenses para enviarlos a combatir en la guerra de
Ucrania. Según se señaló en aquel momento, compañías militares privadas de
Estados Unidos, bajo la dirección de la Administración Federal de Control de
Drogas y del FBI, estaban reclutando a presidiarios pertenecientes a
organizaciones criminales mexicanas y colombianas con la promesa de una amnistía
total y con la esperanza de que jamás retornen.
La actual ofensiva contra Rusia, direccionada por la OTAN en
suelo ucraniano, amenaza con desenvolverse en una nueva fase a partir de una
creciente descentralización y del involucramiento de redes y actores
directamente vinculados con el crimen transnacional. Ya no consiste solamente
en un aspecto crítico del tráfico de armas, sino que la guerra en Ucrania se
está exportando a América Latina por la vía del narcotráfico y,
subsecuentemente, de la trata de personas.
Además, y bajo la expresión de que Ucrania es en la
actualidad un “semillero mundial de entrenamiento táctico en la guerra de los
drones”, se sabe de combatientes que acuden al frente para interiorizarse sobre
las más avanzadas técnicas en el manejo de vehículos no tripulados para luego
vender ese conocimiento al mejor postor, como se sospecha que ha ocurrido en
medio del conflicto mortal entre distintas facciones del cártel de Jalisco
Nueva Generación y el de Sinaloa.
No sin ironía, desde el gobierno ruso se ha advertido a la
Casa Blanca que, si realmente quiere encabezar una cruzada destructiva en
contra de las organizaciones criminales responsables del tráfico de drogas
hacia los Estados Unidos, debería preocuparse no por atacar a los gobiernos
latinoamericanos sino por avanzar en Ucrania, dada la presencia y el tipo de
capacitación que varios de los mercenarios del narcotráfico están recibiendo en
medio de la guerra contra Rusia.
Una embestida que, según dicha sugerencia, debería extenderse
hasta el Palacio Mariyinski, sede de la administración presidencial en Kiev.
Tomado de Página 12 / Argentina. Imagen: AFP.
