Por Frances Robles, David C. Adams y André Paultre
Frances Robles y David C. Adams reportaron desde Florida, y
André Paultre desde Puerto Príncipe, Haití.
Miot Patrice Jacquet, veterano de la Marina estadounidense,
no se lo pensó dos veces antes de ayudar a un contratista militar
estadounidense en una peligrosa misión en su Haití natal.
La empresa, Studebaker Defense, tenía un respaldo
impresionante: su consejo de administración está dirigido por Wesley K. Clark,
general estadounidense retirado y excomandante supremo aliado de la OTAN.
Pero en vez de ayudar a recuperar Haití de las pandillas, la
operación se vino abajo. El equipo estadounidense se vio obligado a marcharse
antes de tiempo, un alijo de fusiles AR-15 fue robado y, hace siete meses, dos
personas que trabajaban con el equipo —entre ellas Jacquet— fueron
secuestradas, siguen desaparecidas y probablemente estén muertas.
Las sospechas se han centrado en agentes de policía corruptos, según dos altos funcionarios de la policía haitiana.
Con Haití sumido en una violencia impulsada por las pandillas
y sin que otros países estén dispuestos a enviar una ayuda militar
significativa, el gobierno afirma que no tiene más remedio que recurrir a
contratistas de defensa privados, entre ellos el fundador
de Blackwater, Erik Prince, para recuperar el control del país.
Pero la misión abortada de Studebaker —y los secuestros y
posibles asesinatos de un agente de policía, Steeve Duroseau, y de su primo
haitiano-estadounidense, Jacquet, subgerente de un hotel en Haití, quien
trabajaba con Studebaker— pone de relieve los complicados riesgos de los
contratos militares privados en un país donde proliferan los sobornos, los
asesinatos y los secuestros.
Este reportaje se basa en entrevistas con diplomáticos, dos
altos cargos de la policía, un alto funcionario del gobierno haitiano,
familiares de las víctimas y otras personas familiarizadas con el caso. Muchos
de ellos hablaron bajo condición de anonimato debido a la grave preocupación
por su seguridad y a la sensación de que el caso conduce a las más altas
esferas del poder en Haití.
Durante meses, los secuestros de Duroseau y Jacquet, padre de
ocho hijos que en su día sirvió en la base naval estadounidense de Guantánamo,
apenas causaron sensación en Haití.
El alto funcionario del gobierno haitiano dijo que las
autoridades creían que miembros de alto rango de la Policía Nacional de Haití
que trabajaban con grupos delictivos estaban detrás de los secuestros, quizá en
represalia por un intento fallido supervisado por Studebaker de capturar a un
conocido dirigente de una pandilla.
El gobierno haitiano no respondió a las reiteradas peticiones
de comentarios. El jefe de policía, Normil Rameau, en un breve comentario,
prometió investigar “hasta el final”.
Studebaker llegó a Haití a finales del pasado septiembre a un
país sumido en el caos tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021.
A principios de 2024 estalló una violencia aún peor, cuando una coalición
de grupos armados rivales se unió en ataques coordinados.
Garry Conille, entonces primer ministro, se enfrentó a una
tarea de enormes proporciones: reducir los asesinatos y elegir un nuevo
presidente.
Recurrió discretamente a Studebaker, una reputada empresa de
defensa e inteligencia que contaba en su consejo de administración con dos
generales estadounidenses retirados, entre ellos Clark, quien había participado
en la planificación de la invasión estadounidense de Haití en 1994 y dirigió el
Mando Sur de Estados Unidos.
Por unos 150.000 dólares al mes, Studebaker envió a unos 10
exsoldados estadounidenses para capacitar a agentes de policía haitianos.
El objetivo era enseñar a una unidad especial de policía
normas internacionales y destreza táctica, dijo la empresa en un comunicado.
Pero el equipo de Studebaker encontró resistencia. En una ocasión, la guardia
del palacio disparó contra ellos, según tres personas familiarizadas con el
episodio.
Los hombres contratados por Studebaker se alojaron
inicialmente en el hotel Karibe, en un suburbio de Puerto Príncipe, la capital,
donde se celebran la mayoría de las reuniones gubernamentales y donde viven los
empleados de la ONU destinados en Haití.
Jacquet, el gerente de noche del hotel, a quien el equipo de
Studebaker había contratado para que les ayudara con la logística, les encontró
una lujosa villa de alquiler en las cercanías.
Conocido por sus buenos contactos, Jacquet, de 52 años, tenía
una larga carrera en la Marina y en el sector de la hostelería en el sur de
Florida.
Orgulloso de su nuevo trabajo, Jacquet presentó a su hijo
Isaac, veterano del ejército estadounidense, al equipo de Studebaker a través
de una videollamada.
“Les pregunté qué hacían”, dijo Isaac Jacquet, de 24 años.
“‘Simplemente mantenemos a salvo a la gente’, dijeron”.
Jacquet encontró para Studebaker un complejo con tres
apartamentos de alquiler por unos 10.000 dólares al mes; contrató a un
cocinero; consiguió furgones blindados; y reclutó a su primo Duroseau, agente
de policía haitiano destinado en prisiones, para que condujera y sirviera de
enlace policial de Studebaker.
El equipo de la empresa entrenó a una unidad especial que
desalojó dos recintos controlados por grupos delictivos, lo que permitió
recuperar armas, equipos y uniformes de policía, según un informe posterior a
la acción de Studebaker revisado por The New York Times.
El equipo de Studebaker también supervisó un intento de
capturar o matar a un jefe de la pandilla, Vitel’homme Innocent, según varias
personas familiarizadas con la operación.
El jefe de la pandilla, por cuya cabeza se ofrecía una
recompensa de 2 millones de dólares, escapó —el informe de Studebaker decía que
la policía dudó— y se corrió la voz de que en Haití operaban
“mercenarios” privados.
Un consejo presidencial que dirige Haití en ausencia de un
presidente electo acusó a Conille, el primer ministro, de contratar a
Studebaker sin autorización. Fue despedido. Y Studebaker también.
Menos de dos meses después de llegar a Haití, a Studebaker
“se le pidió que iniciara una pausa estratégica en sus operaciones”, decía el
comunicado de la empresa.
Lo que ocurrió después es turbio.
Studebaker dijo que su equipo abandonó el país y que las
armas de la policía que se les habían asignado se guardaron en contenedores
cerrados con llave y se “transfirieron oficialmente” al enlace policial.
Se notificó al jefe de la Policía Nacional de Haití que las
armas estaban en la villa, dijo Studebaker.
Pero según la policía haitiana, la familia de Jacquet y otras
personas que han sido informadas sobre el caso, eso no fue lo que ocurrió.
Las armas estaban aseguradas en la casa, pero Jacquet las
retiró al expirar el contrato de alquiler, dijo el propietario.
Jacquet metió maletas con nueve fusiles del tipo AR-15 en la
parte trasera de su todoterreno BMW blindado, que aparcó en su casa. La familia
dijo que el plan era que Duroseau los devolviera a la policía haitiana, pero no
quedó claro por qué no lo hizo inmediatamente.
No hay indicios de que Duroseau o Jacquet hicieran nada
ilegal, como intentar vender las armas, dijeron los funcionarios policiales.
“Todo el equipo defensivo asignado se aseguró y se transfirió
oficialmente al enlace designado de la PNH (Policía Nacional Haitiana) antes de
la salida temporal de nuestro personal, en coordinación con nuestro proveedor
logístico”, decía el comunicado de Studebaker.
En otras palabras, incluso en la versión de los hechos de
Studebaker, el gerente nocturno de un hotel y su primo policía acabaron con
armas muy codiciadas que valen hasta 72.000 dólares en el mercado negro
Las armas son tan valiosas que en los últimos cuatro años se
han robado unas 1000 armas de fuego del inventario de la policía haitiana,
según las Naciones Unidas.
Studebaker salió de Puerto Príncipe el 21 de noviembre, y
Jacquet sacó las armas de la villa el 10 de diciembre, según el ama de llaves.
Tras pasar el fin de semana trabajando en el Karibe, Jacquet
llegó a casa el lunes 16 de diciembre y se encontró con muy malas noticias.
El vigilante de su casa le dijo que tres días antes, unos
pistoleros vestidos con uniformes de policía le habían atacado, habían entrado
en el BMW y se habían llevado las armas, según los dos policías haitianos.
El mismo día que robaron las armas, Duroseau desapareció.
Duroseau, casado y padre de dos hijos, era veterano de la
policía desde hacía 16 años.
No se ha vuelto a saber de él.
Jacquet entró en pánico. No solo habían desaparecido los
fusiles, sino que no podía localizar a su primo. Se subió a un coche con un
amigo y se dirigió a reunirse con la hermana de Duroseau, también policía, para
ver si conocía su paradero, dijo Isaac Jacquet.
Poco después de que Jacquet saliera de su casa, en el barrio
Vivy Mitchell de Puerto Príncipe, unos hombres armados que viajaban en dos
vehículos —entre ellos un Toyota Land Cruiser donado a la policía haitiana por
el Departamento de Estado estadounidense— abrieron fuego contra su coche. El
amigo recibió un disparo pero sobrevivió, y Jacquet fue secuestrado, dijo la
policía haitiana.
Desde entonces no se sabe nada de él.
La policía conoce el paradero del Land Cruiser, identificó a
los sospechosos del caso y dictó órdenes de comparecencia contra ellos, pero
solo se ha detenido al vigilante de la casa, según dijeron los dos funcionarios
policiales.
Los hombres que se llevaron las armas le pagaron al vigilante
de la casa para que les avisara cuando Jacquet llegara a casa, lo que le
convierte en legalmente culpable como cómplice, según dijeron los funcionarios
de policía.
Los vehículos donados suelen ir equipados con rastreadores,
pero no está claro si los investigadores disponen de los datos de localización
de los días del robo de las armas y los secuestros.
En un esfuerzo por reforzar el organismo policial en
dificultades, el gobierno estadounidense ha proporcionado casi 250 millones de
dólares estadounidenses, incluidos 159 vehículos, a la Policía Nacional de
Haití desde 2021, dijo el Departamento de Estado.
Calificando a Haití de “entorno operativo complejo”, el
Departamento de Estado dijo que, para evitar el uso indebido de sus donaciones,
examina a las fuerzas de seguridad que reciben formación y asistencia.
Pero, para las familias de los hombres desaparecidos, la
culpa es de Studebaker.
“Studebaker llevó a cabo una operación chapucera”, dijo Isaac
Jacquet.
El contrato de Studebaker fue problemático desde el principio
porque en el gobierno haitiano, profundamente díscolo, pocos funcionarios
sabían siquiera de su existencia, dijeron los críticos. Ese secretismo impidió
a Studebaker trabajar con diversos funcionarios del gobierno en un plan de
salida coordinado, que tuviera en cuenta todas las contingencias posibles,
incluida la salvaguarda de la custodia de las armas, dijeron personas
familiarizadas con el caso.
Studebaker defendió su trabajo.
“El Grupo Studebaker defiende la integridad de su misión y
sigue confiando plenamente en la profesionalidad, responsabilidad y conducta
legal de su personal”, dijo la empresa en su comunicado. “Rechazamos
categóricamente cualquier insinuación o afirmación en sentido contrario”.
Studebaker dijo que después de que el equipo salió de Haití,
sus empleados no hablaron con Jacquet ni con su primo y consideraron que sus
negocios allí habían concluido.
La familia de Jacquet dijo que se puso en contacto con los
legisladores de Florida con la esperanza de conseguir la participación de las
fuerzas de seguridad estadounidenses.
En una carta enviada en abril al senador Ashley Moody,
republicano por Florida, la división de operaciones internacionales del FBI
dijo que las desapariciones de estadounidenses en el extranjero correspondían
al país anfitrión, “a menos que se establezca un nexo delictivo con Estados
Unidos”.
El FBI declinó hacer comentarios.
Los expertos en seguridad e internacionales que siguieron el
caso dijeron que el episodio reflejaba los problemas a los que se enfrentan las
autoridades haitianas al depender cada vez más de contratistas de defensa
extranjeros.
“Un problema importante es hacer que las empresas de
seguridad privadas rindan cuentas de sus actos”, dijo William O’Neill, experto
en derechos humanos de la ONU para Haití. “Aunque estas empresas están
obligadas por el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos,
hacer cumplir estas normas ha sido un gran reto”.
León Charles, exjefe de policía haitiano quien es primo de
Jacquet, dijo que Studebaker debería haber mantenido un mejor control de las
armas.
“Cometieron un error. Fueron descuidados”, dijo Charles.
“Esas armas son muy tentadoras en Haití”.
Charles dijo que las fuerzas de seguridad estadounidenses
deberían hacer más, sobre todo porque Jacquet estaba ayudando en una misión
oficial pagada por el gobierno haitiano.
“Es ciudadano estadounidense”, dijo. “Tienen que averiguar
quién lo hizo”.
Frances
Robles es una reportera del Times que cubre América Latina y el
Caribe. Lleva más de 25 años informando sobre la región.
Texto tomado de The New York Times / EE. UU. En la imagen, Miot
Patrice Jacquet, era subgerente de un hotel en Haití y fue contratado para
encargarse de la logística por Studebaker Defense, empresa contratista militar
estadounidense.
