En una nueva escalada contra las voces críticas, el Gobierno
de Nayib Bukele amenaza hoy a los periodistas del medio digital "El
Faro" con la cárcel y el destierro.
"Bukele ha sustuido la mafia de las pandillas por una
mafia gubernamental", denuncia el periodista salvadoreño Nelson Rauda,
editor de "El Faro".
El periódico digital El Faro ha sido un
referente del compromiso
de los periodistas de El Salvador con
la libertad de prensa y el combate a la corrupción, lo que lo llevó a
colocarse en la mira del Gobierno de Nayib Bukele.
A inicios de mayo de 2025, El Faro publicó revelaciones
de dos líderes mareros que dijeron que Bukele llegó al poder
gracias a un pacto con las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS-13). Esto
habría llevado al Gobierno a girar órdenes de aprehensión contra siete
periodistas de El Faro que se encuentran en el exterior y no
han podido regresar a su país.
En tres videos, el jefe pandillero Carlos Cartagena ("Charli”) y otro identificado como Liro Man, detenidos y luego liberados por el Gobierno, dijeron que las maras ayudaron a Bukele a ganar en 2015 la alcaldía de San Salvador y en 2019 la presidencia, apoyando sus campañas a cambio de dinero y otros beneficios para líderes pandilleros presos.
La revelación cayó como bomba en el despacho presidencial,
pues confirmó rumores que habían circulado durante años. Y la represalia
oficial, como suele ocurrir, no fue contra los entrevistados, sino contra los
periodistas.
Quedaron en un limbo
"Tuvimos información fidedigna de la intención del
Gobierno de detenernos y, desde entonces, hemos estado moviéndonos fuera
del país”, relata en entrevista con DW el periodista Nelson Rauda, editor
digital de El Faro, quien, debido a esa amenaza, ha tenido que
permanecer en Estados Unidos.
Varios de sus colegas se reunieron a inicios de junio en
Costa Rica y habían decidido regresar a su país, cuando supieron de fuentes
diplomáticas que en el aeropuerto de San Salvador había un despliegue policial
listo para detenerlos.
"Yo salí a Estados Unidos el 30 de abril con el
propósito de regresar a mi casa en una semana. En El Salvador está mi familia,
mi empleo, todas mis cosas. Esto me ha provocado incertidumbre económica y
emocional. No me defino como un exiliado, porque no me he establecido en otro
país, pero me siento en el aire”, expresa.
Nelson Rauda y sus colegas habían contemplado esta situación
como un escenario posible, "pero una cosa es suponerlo y otra vivirlo”.
"No somos ingenuos, sabemos que hacemos periodismo
independiente bajo una dictadura, pero no hemos violado ninguna ley ni cometido
delito alguno. No sabemos siquiera si estamos acusados y de qué, porque la
Fiscalía no ha dicho por qué nos persigue”, sostiene.
De algo sí están claros: "La posibilidad de regresar
implica el riesgo de que nos encarcelen y nos torturen, porque nadie está
seguro en El Salvador”.
Bukele, confrontación y espionaje
Nelson Rauda recuerda que los ataques de Bukele a la prensa
crítica no comenzaron hace un mes. El presidente de El
Salvador empezó a marginarla antes de asumir la presidencia y después
se enfrentó públicamente a los y las periodistas que lo cuestionaban. Y a
quienes no puede incriminar, los ha acusado de crímenes inventados, desde
delitos sexuales hasta lavado de dinero, explica Rauda.
En 2021, El Faro denunció que el Gobierno
espiaba a la prensa y a defensores de derechos humanos a través del programa
Pegasus. En represalia, el Ministerio de Hacienda abrió auditorías contra el
periódico, forzándolo a mudar su sede fiscal a Costa Rica dos años después. Amnistía
Internacional respaldó esa denuncia de espionaje tras una investigación
especializada.
Bukele fue reelegido a inicios de 2024, pues, aunque la
Constitución le impedía volver a postularse, se inscribió como candidato
mediante una argucia judicial, similar a la utilizada por su par nicaragüense
Daniel Ortega en 2011.
Analistas dicen que ganó la última elección con más del 80
por ciento de los votos, debido al supuesto apoyo popular a su plan de
seguridad, que se inició en 2022 al romperse el pacto con los jefes de las
maras y derivó en la implantación de un estado de excepción, que ha ido
renovándose y sigue vigente hasta hoy.
A la sombra de ese plan, Bukele ha encarcelado en tres años a
casi 80.000 personas, en su mayoría acusadas de pertenecer a grupos criminales
y de las cuales al menos 250 habrían muerto en prisión, según
denuncias. La cárcel más grande es el Centro
de Confinamiento contra el Terrorismo (CECOT), donde el mandatario
aceptó recluir a cientos de migrantes deportados de Estados Unidos previo
acuerdo con su colega Donald Trump.
"Puede que los salvadoreños se sientan más seguros que
hace cinco años, y que la tasa de homicidios y extorsiones se haya reducido,
pero ¿a qué costo?”, se pregunta Nelson Rauda. "Puede ser que la gente
sienta más seguridad, sí, pero a cambio de la pérdida de sus derechos y su
libertad”.
El periodista sostiene que el mandatario gobierna "con
su clan familiar como una monarquía”, en un país donde "las leyes vigentes
no se respetan porque en El Salvador no hay más ley que Bukele”.
La prensa bajo crisis de seguridad
Aunque en el país hay más de una docena de medios
independientes, mucha gente comienza a tener miedo de hablar "porque
Bukele maneja todas las instituciones del Estado y ha sustituido la mafia de
las pandillas por una mafia gubernamental”, afirma Rauda.
Considera que la prensa salvadoreña pasa por "un momento
de transición”, ya que los periodistas no han tenido todavía que pasar al
exilio como en Nicaragua, "aunque quizás sí vayamos para ahí”. Y
dice que los medios de su país viven también una crisis de seguridad, pues
la persecución a El Faro "puede leerse como un mensaje de
advertencia del Gobierno de Bukele” al resto de periodistas salvadoreños.
No pretende hablar por todos sus colegas, ya que hay quienes
piensan que aún hay espacio para hacer periodismo crítico en El Salvador.
"Yo cada día tengo más dudas, pienso que la realidad nos dice que esos
espacios se están cerrando para nosotros”.
Gobierno no niega ni confirma
A nombre del Gobierno, el comisionado presidencial de
Derechos Humanos, Andrés Guzmán, aseguró en la red social X que en El Salvador
se garantiza el ejercicio de la libertad de prensa y expresión.
Sin confirmar o negar que se hayan emitido órdenes de captura
para siete reporteros y editores de El Faro, Guzmán agregó de forma
ambigua: "El principio de legalidad rige en nuestro país para todos los
ciudadanos, incluidos los periodistas”.
Autoritarismo y represión
A las amenazas contra los periodistas de El Faro ,
se sumó en las últimas semanas el arresto
de los abogados Ruth López y Enrique Anaya, vinculados a la
defensa de derechos humanos. Esto ha sido denunciado por organizaciones cívicas
de El Salvador, que temen que la democracia desaparezca.
"El régimen de Bukele se ha sostenido sobre su supuesta
popularidad, con lo que ha justificado su concentración de poder y se ha
protegido de las críticas nacionales e internacionales por actos de corrupción
y violaciones graves de derechos humanos”, dice a DW Noah Bullock, director de
la ONG religiosa Cristosal, dedicada a la atención a víctimas de violencia.
"Sin embargo, aunque en algún momento Bukele fue
admirado, hoy su popularidad enfrenta un claro desgaste. Ahora es plenamente
reconocido como un dictador más y debe recurrir a la represión para continuar
en el poder”, afirma Bullock.
A su juicio, "la democracia en El Salvador se reduce hoy
a un espacio cívico bajo presión y un periodismo independiente sometido a
intimidación constante”. Explica que la Ley
de Agentes Extranjeros, aprobada recientemente, busca "controlar
las actividades de la ciudadanía, emitir sanciones y castigar a las personas
que no estén alineadas con el Gobierno”.
"Está claro que el Gobierno no va a tolerar a nadie que
piense diferente, y por eso buscan aniquilar los últimos pilares de la
democracia en El Salvador”, subraya Bullock.
(ms)Tomado de D.W. / Alemania. Imagen: Víctor Peña
