Por Simón García / Opinión
El proceso que está en curso se coloca fuera de reglas
electorales universalmente aceptadas.
Transcurre dentro de excepciones. Una declarada por el poder
en materia económica y otra consagrada de facto en materia política y
electoral.
El poder le teme al voto. Le da pánico que el rechazo a sus
políticas desnude nuevamente su condición de minoría en la sociedad. Sabe que
cualquier gobierno que haya destruido el salario y las pensiones; que genere
inflación; que asfixie a la economía; que convierta hospitales en ruletas
rusas; que deteriore la educación y sea incapaz de sostener el servicio de luz
y agua no puede esperar que lo premien votando a su favor. Debe prenderle velas
a que la gente deje de votar para que no haya castigo a su gestión.
Por eso el CNE se empecina en crear todos los obstáculos posibles para inducir a la población a no votar. También es evidente que el principal objetivo del plan gubernamental es desplazar y sustituir el voto directo, universal y secreto por el voto en asambleas comunales.
Si una votación apreciable no lo frena ahora, tendrán vía
libre para aprobar en la próxima Asamblea Nacional todo lo que quieran.
En estas circunstancias y con todas las faltas de garantías y
condiciones que obstaculizan el ejercicio del derecho constitucional a elegir,
con respaldo mayoritario, a diputados, legisladores y gobernadores, votar en
Mayo tendrá un doble valor adicional: parar el ascenso del autoritarismo y
evitar que el régimen pase a instaurar el Estado Comunal, final del Estado de
Justicia y Derecho que consagra nuestra Constitución. Abstenerse puede
precipitar el adiós definitivo a la democracia en Venezuela.
Probablemente habrá una abstención mayoritaria porque
tradicionalmente las elecciones regionales suscitan menos interés que las
nacionales. En éstas la disputa es por la presidencia de la República, dónde se
concentran todas las decisiones, se dispone sobre todos los recursos y se
adquiere la atribución de Comandante en jefe de la Fuerza Armada, institución
que ejerce el monopolio legal del uso de la fuerza. La silla de Miraflores es
la madre de todas las pugnas, porque allí es donde se bate el cobre.
Los niveles regionales tienen menos poder, Pero están más
próximos a la gente.
Hay una tercera característica que no han tenido anteriores
elecciones regionales. Después del discutible Boletín de Amoroso y la negativa
a mostrar las actas, tendrán un carácter confirmatorio: operarán como un
indicador de la verdad sobre los resultados del 28 de julio. Si se repite una
victoria, ahora con un diseño perfeccionado para que a la oposición le resulte
muy difícil ir a votar, se moralizaría la sociedad democrática, se le daría una
demoledora proyección internacional a la causa por la libertad y se
descentralizaría las posibilidades de defender cada victoria regional. Una victoria
asociada a un liderazgo colectivo desde abajo más que a la personalización en
una figura nacional.
En las ciudades del interior, las relaciones entre las varias
oposiciones, es decir las variadas formas de cada una de resistir la absorción
por parte del Estado, tienen un margen mayor de llegar a acuerdos legítimos y
de cara a la defensa de la gente.
Una parte de esos opositores que integran el arco opositor
está en repliegue ante la represión. Otras, están enfrentando obstáculos y
riesgos para construir una barrera democrática para que el régimen no se adueñe
de toda la Asamblea Nacional y de las gobernaciones. En todas hay elementos de
una línea de resistencia, aunque unas sean adaptativas, pasivas o testimoniales
y otras, activas y presenciales.
Los motivos en cada variedad de la oposición se pueden llegar
a entender y las razones de las diferencias entre las dos principales
corrientes que tienen directrices de voto opuestas, pueden comprenderse y
justificarse. A las dos las distingue un mismo propósito: lograr un cambio para
aplicar la Constitución. Y rescatar la democracia. Se diferencian en los medios
y formas de lucha.
Entre los integrantes de cada una y en las relaciones entre
ambas, debería privar la primera regla de la democracia: respetar la pluralidad
de opiniones y aceptar la diversidad de posiciones.
Pero en vez de eso, está ocurriendo una guerra a muerte entre
las cúpulas y seguidores de ambas.
En el primer plano se observa una lucha por el control de la
oposición entre dos estrategias de cambio. Pero tras bastidores se escenifica
una campaña negra para destruir a los dos liderazgos, un vicio cainítico que no
deberíamos secundar.
En esa pelea interna se está produciendo una pugna entre
competidores para no tener competidores. Ello está empujándonos a que nos
recoloquemos en una lucha por la democracia sin democracia.
Hay pragmatismo, hay ambición de líderes, hay pérdida
de responsabilidad estratégica y hasta baja estatura ética en un grado que
aconseja tomar distancia y esclarecer como contribuir a superar esta loca
degradación de nosotros mismos. La recuperación de la ventaja política comienza
por la rectificación en los dirigentes. En todos.
Desde mi observación, lo valioso es que las fuerzas
democráticas de cambio, eludiendo obstáculos esperados y agravados, lograron
postular candidaturas en todo el país. Sin planchitis y con una convicción de
respaldo a las figuras seleccionadas, más allá del dictamen cuantitativo que
van a dar los números.
Se eliminaron tarjetas sin explicación como las del MPV, MAS,
Centrados, UP o Puente. Se inhabilitaron candidatos con posibilidades de ganar
como Octavio Orta en la gobernación de Guárico o Juan Carlos Fernández en
Zulia. Y vendrán otras vulneraciones a la ley para inflamar la rabia al voto en
una reacción que castigue el derecho a votar para dejar de castigar al
responsable de anular el voto. Está claro a quien le conviene la abstención en
términos de acrecentar su poder.
Ahora la respuesta cívica urgente es ir por los votos de la
franja de venezolanos que aún tienen dudas razonables y respetables sobre ir a
votar.
No hay tiempo ni argumento que perder. Es un deber con
Venezuela.
