Desde el regreso al poder de
Netanyahu, unos meses después del nombramiento de la funcionaria judicial,
ambos se enfrentaron en varias ocasiones
Fue la piedra en el zapato de
Netanyahu y la oposición la convirtió en un símbolo de la democracia liberal y
de la independencia judicial en Israel. Gali Baharav-Miara, la fiscal
general de Israel, se encuentra en el ojo del huracán en su país después de que
el gobierno liderado por Benjamin Netanyahu aprobara por unanimidad un voto de
censura contra ella.
El Ejecutivo la acusa de abusar
de su poder y de obstruir el trabajo del gabinete, pero sus defensores
denuncian que el primer ministro intenta reemplazarla por una figura más
complaciente para escabullirse así de los procesos judiciales a los que se enfrenta
por corrupción y que, en este contexto, Baharav-Miara es uno de los últimos
bastiones de la independencia judicial en Israel.
El propio Netanyahu, de hecho, no
pudo votar en la cuestión de confianza debido al conflicto de intereses que le
impide realizar cualquier acción que pueda afectar su proceso penal. Su caso
volvió a sacar a las calles la tensión entre elEejecutivo y la judicatura, que
hace dos años provocó las mayores manifestaciones antigubernamentales de la
historia de Israel.
La reactivación del conflicto
La coalición de derechas y
extremistas nacionalistas que lidera Netanyahu puso en marcha a principios de
2023 una profunda reforma del poder judicial, argumentando que la judicatura se
había vuelto intervencionista y bloqueaba sus políticas. Pero la reforma,
denunciaban los críticos y los manifestantes, socavaba el delicado sistema de
controles y equilibrios en un país que carece de constitución formal.
El ataque de Hamas del 7 de
octubre de 2023 y la guerra de Gaza pusieron todo ese proceso en suspenso. Sin
embargo, el gobierno quiere ahora reiniciar esos planes de reforma, y Gali
Baharav-Miara, que protagonizó numerosos choques con el ejecutivo, supone un
obstáculo, señalan los analistas.
La tensión entre las
instituciones, convertida en una batalla por la identidad del país, no solo
sigue sin resolverse, sino que podría derivar en una crisis constitucional.
Decenas de miles de manifestantes volvieron a protestar en Tel Aviv, Jerusalén
y otras ciudades por las últimas iniciativas del gobierno y por lo que
consideran un intento desesperado de Netanyahu de mantenerse en el poder a
cualquier costo.
En el centro de la polémica se
encuentra la fiscal general, un cargo que en Israel tiene más prerrogativas que
en otros países, pero también otras decisiones del gobierno, como el despido
del jefe de la agencia de inteligencia nacional o la ruptura del alto el fuego
en Gaza.
Quién es Baharav-Miara
Baharav-Miara, de 65 años, fue
nombrada fiscal general de Israel en 2022, durante el breve gobierno liderado
por Naftalí Bennet. Antes trabajó durante tres décadas en el Ministerio de
Justicia y luego en el sector privado. Desde el regreso al poder de Netanyahu
unos meses después del nombramiento de la funcionaria judicial ambos se
enfrentaron en varias ocasiones.
Entre otras cosas, la fiscal
general abogó por acelerar el juicio por corrupción a Netanyahu, criticó el
bloqueo del gobierno a la creación de una comisión de investigación sobre los
fallos del 7 de octubre de 2023 e impidió los intentos de politizar la comisión
que elige a los jueces del Supremo.
En Israel, el fiscal general está
capacitado para tomar decisiones que son jurídicamente vinculantes para el
gobierno, y también advierte a los dirigentes sobre si las políticas que
quieren promulgar se ajustan a la ley o son contrarias a ella. De esta forma,
la Fiscalía general se convierte en uno de los pocos controles del poder
ejecutivo.
Pero, además, también supervisa
el sistema judicial, ese mismo que procesó a Netanyahu por tres casos distintos
de corrupción. “El gobierno desea estar por encima de la ley y actuar sin
controles ni equilibrios”, denunció Gali Baharav-Miara en una carta enviada al
gobierno antes de que se votara la moción de confianza en su contra. Su
destitución, sin embargo, no será sencilla.
Cómo sigue el proceso
El proceso para hacerlo podría
durar semanas porque requiere de muchos controles que buscan proteger
precisamente la independencia del cargo. La fiscal general recibió el apoyo de
numerosos juristas, entre ellos varios jueces retirados del Tribunal Supremo
que denunciaron que su destitución “pone en peligro de manera real que el
Estado de Israel sea un Estado de derecho, fundado en una gobernanza y unos
procedimientos administrativos adecuados”.
En un país sin constitución
oficial y con una sola cámara parlamentaria controlada por la coalición de
Netanyahu, el Tribunal Supremo de Israel lleva mucho tiempo ejerciendo un
importante control sobre las decisiones del gobierno.
Además del voto de censura contra
Baharav-Miara, Netanyahu también despidió el pasado viernes a Ronen Bar, jefe
del Shin Bet, la inteligencia doméstica, alegando una falta de confianza entre
los dos que había “crecido con el tiempo”. La decisión fue paralizada por el
Tribunal Supremo, que deberá decidir si es legal y si supone un conflicto de
intereses.
Pero el despido de Bar provocó
una reacción inmediata en la calle de miles de personas que denunciaron que
pone en peligro la independencia de las instituciones. Ronen Bar es el primer
jefe del Shin Bet despedido en la historia del país. Según él, su cese tiene
una motivación política y “está contaminado por conflictos de intereses”, ya
que se produce en un momento en que la agencia investiga al gabinete del primer
ministro por una posible infiltración de Qatar en el gobierno.
Fue la propia fiscal general
Baharav-Miara la que ordenó a la policía y al Shin Bet a finales del mes pasado
que investigaran a funcionarios de la oficina de Netanyahu por presuntos
vínculos financieros con Qatar. Desde entonces se prohibió divulgar toda la
información relativa a la investigación. El partido de Netanyahu, el Likud,
niega todas las acusaciones.
En medio de los bombardeos
Todos estos movimientos se
suceden en un momento en el que Israel reanudó los bombardeos contra Gaza tras
mes y medio de alto el fuego. Unos 700 gazatíes murieron desde entonces,
elevando el recuento de muertes en la Franja a más de 50.000, en su mayoría
mujeres y niños, según el Ministerio de Sanidad de Gaza.
El fin del alto el fuego paralizó
además la liberación de los rehenes israelíes en manos de Hamas, algo por lo
que también protestan desde entonces los manifestantes antigubernamentales, que
denuncian que sus vidas corren peligro. Pero el quiebre del alto el fuego acabó
también con la crisis de gobierno a la que se enfrentaba Netanyahu y que ponía
en peligro su mayoría parlamentaria.
Uno de los socios de la coalición
gubernamental, el radical de extrema derecha nacionalista Itamar Ben Gvir,
había abandonado el ejecutivo en protesta por el acuerdo con Hamas que frenó
los bombardeos sobre Gaza y permitió la liberación de parte de los rehenes. Con
la reanudación de los bombardeos, Ben Gvir volvió al gobierno y a su cargo de
ministro de Seguridad Nacional.
Y con el regreso de Ben Gvir y su
partido a la coalición gubernamental, Netanyahu logró finalmente que la
Knesset, el parlamento israelí, apruebe este mismo martes el presupuesto. Si no
hubiera logrado aprobarlo antes del 31 de marzo se habrían tenido que convocar
elecciones anticipadas, poniendo en peligro 15 años de gobierno casi
ininterrumpido de Netanyahu.
Por BBC Mundo – Texto tomado
de La Nación / Argentina
