La Oficina de la ONU
para los DDHH denunció "ataque sistemático contra las organizaciones
religiosas".
Las autoridades nicaragüenses han lanzado un "ataque
sistemático contra las organizaciones religiosas" con expulsiones de 42
sacerdotes y seminaristas en el último año, destacó la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos,
que también denunció la extensión de la represión contra los activistas a sus
familiares.
El director de operaciones y cooperación técnica de la
oficina, Christian Salazar, presentó este martes ante el Consejo de Derechos
Humanos de la ONU el informe sobre la situación en Nicaragua en
los últimos 12 meses, donde destacó un incremento de la persecución a opositores
que también alcanza a instituciones religiosas.
"La persecución ha resultado en el cierre de al menos 1.103 de estas entidades desde 2018", indicó Salazar, quien subrayó que esta represión también se ha traducido en detenciones arbitrarias de religiosos, procesos judiciales sin garantías, secuestros de sacerdotes en sus parroquias o las mencionadas expulsiones.
El ataque a estas instituciones "ha erosionado
profundamente el goce del derecho a la libertad de conciencia y de religión,
dejando a la sociedad nicaragüense cada vez más desprotegida y silenciada",
indicó el representante de la oficina que dirige el alto comisionado Volker
Türk.
El cierre de instituciones jurídicas, agregó, forma parte de
la política de cancelación de la personalidad jurídica de todo tipo de
organizaciones por parte del Gobierno de Daniel Ortega.
Cierre de 1.500 organizaciones en un solo día
Tan sólo en un día del pasado mes de agosto se ordenó el
cierre de 1.500 de estas organizaciones, 700 de ellas religiosas, lo que eleva
el total de disueltas desde 2018 a más de 5.000, recordó Salazar.
"Esto deja a miles de personas sin acceso a servicios
esenciales y a muchas más sin empleo, lo que afecta sus medios de vida y
exacerba la crisis social y económica en Nicaragua", agregó.
“Las cuatro Nicaraguas”
Respecto al acoso de parientes de activistas y otras personas
percibidas como opositoras, el informe denuncia que a éstos "se les
prohíbe hablar sobre los casos bajo amenazas de perder el derecho a visitas o
de encarcelar a otros familiares".
Salazar manifestó también preocupación por la reciente
modificación del Código Penal y de la ley contra el lavado de dinero y la
financiación del terrorismo, reformas que "podrían ser utilizadas para
intensificar la persecución y represión", especialmente a los
nicaragüenses en el exilio y a extranjeros.
El informe, cuyo contenido ya se adelantó la semana pasada,
señalaba que 141 personas seguían siendo retenidas tras detenciones
arbitrarias, aunque la semana pasada 135 (posiblemente parte de esa lista)
fueron puestas en libertad y desterradas a Guatemala.
Desapariciones forzadas y torturas
El informe de Naciones Unidas documentó al menos dos
desapariciones forzadas y 12 casos de torturas en el pasado año, así como
"un alto número de personas condenadas tras procesos carentes de juicio
justo, sin garantías de debido proceso y bajo cargos fabricados", recordó
Salazar.
También señaló que en julio 11 periodistas se vieron
obligados a abandonar el país por temor a represalias, y que entre junio de
2023 y el mismo mes de 2024 se impidió a al menos 62 nicaragüenses regresar a
su propio país por decisión de las autoridades, un ejemplo de un
"destierro forzado" con un "impacto devastador", indicó.
En este sentido, subrayó que "quienes están en el exilio
tienen derecho a un retorno seguro y a poder desarrollar su vida en paz en su
país de origen".
En el turno de réplica intervino por videoconferencia, como
en sesiones anteriores del Consejo sobre Nicaragua, la procuradora general
Wendy Morales, quien acusó a los autores del informe de "descalificar y
denigrar de manera infame a nuestras autoridades e instituciones
nacionales".
Sus críticas, aseguró, olvidan "los avances en todos los
ámbitos que nuestro país ha obtenido para el beneficio de todos los
nicaragüenses".
"Lo único que codician es la intervención en los asuntos
internos de nuestro país a favor de su propia conveniencia, violentando nuestro
derecho a seguir venciendo la pobreza y ejerciendo nuestro indeterminable
derecho a la soberanía y a la autodeterminación", subrayó la procuradora
general nicaragüense.
CP (efe, ONU DDHH) Tomado de D.W. / Alemania. Imagen: Alfredo Zuniga/AP
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