Amnistía Internacional denunció la "profundización"
de la represión en Nicaragua contra cualquiera percibido como opositor y la
"falta de una respuesta decidida, coordinada y sistemática" de la
comunidad internacional.
La indiferencia ante lo que ocurre
en Nicaragua es
un "precedente peligroso
en la región" pues otros Gobiernos se animan a seguir su "receta
represiva", advierte la oficina regional para el continente americano de
la organización de defensa de los derechos humanos Amnistía
Internacional (AI), en un informe publicado este viernes 6 de
septiembre.
"El Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúa instrumentalizando las instituciones del Ejecutivo, la Asamblea Nacional y el Poder Judicial para legitimar su agenda represiva y garantizar la impunidad de los crímenes del derecho internacional y violaciones de derechos humanos cometidos", dice AI.
El informe menciona la excarcelación
de 135 presos políticos que fueron llevados a Guatemala este jueves y
asegura que es una repetición de la táctica de "intercambiar cárcel por
exilio" que lleva al "desarraigo y la "disrupción" de los
proyectos de vida de los afectados.
La organización internacional
considera que en Nicaragua "cualquier forma de disidencia y ejercicio de
libertades, ya sea política, social o religiosa, siguen siendo imposibles de
ejercer sin represión estatal".
"La profundización del ataque
sistemático contra personas defensoras de derechos humanos, activistas, líderes
religiosos y organizaciones de la sociedad civil en Nicaragua es un nuevo golpe
contra la libertad de expresión, asociación y religión, que no sólo tiene
repercusiones en Nicaragua”, dijo Ana Piquer, directora para las Américas de
Amnistía Internacional.
"Criminalización de las voces
disidentes"
El informe se refiere a la revocación
de la personalidad jurídica de más de 1.500 organizaciones sociales en un solo
día, el 20 de agosto, con lo que son 5.000 las clausuradas, y a la
"represalia sufrida por decenas de líderes de diferentes confesiones
cristianas", incluyendo la católica.
También menciona que el 3 de
septiembre, la Asamblea Nacional aprobó nuevas reformas al marco jurídico
nacional "con el objetivo de añadir elementos que agravan aún más la
criminalización de las voces disidentes".
Las modificaciones propuestas al
Código Penal introducen la posibilidad de sancionar penalmente a personas u
organizaciones que, de acuerdo con las autoridades nicaragüenses, cometan fuera
del territorio nacional delitos contra la administración pública, el Estado o sus
instituciones, así como ciberdelitos, entre otros, dice AI.
Los cambios incluyen la posibilidad
de enjuiciar en ausencia a personas acusadas de estos delitos, lo que
podría utilizarse en contra de personas consideradas disidentes por el Gobierno
y que no están más en el país.
"Las reformas también
facilitarían la confiscación de los bienes de las iglesias y organizaciones clausuradas,
lo que en términos de derechos humanos es una medida altamente cuestionable, ya
que vulnera el derecho a la defensa y al debido proceso. Esta práctica podría
servir para consolidar aún más el clima de impunidad y represión en el
país", asegura el informe.
"Control absoluto de todos los
espacios sociales"
"Daniel Ortega está utilizando
todos los recursos a su disposición para continuar ejerciendo el control
absoluto de todos los espacios sociales, suprimiendo cualquier voz disidente y
criminalizando la defensa de los derechos humanos, bajo la mirada tibia de la
comunidad internacional”, dijo Ana Piquer.
Ante este escenario, es
imperativo -insiste AI- que la comunidad internacional tome medidas urgentes,
coordinadas y efectivas para garantizar los derechos humanos en Nicaragua y que
su modelo represivo no continúe siendo un atractivo referente de impunidad para
otros países en el continente.
rml (efe, @AmnistíaOnline) - Tomado de D.W. / Alemania. .Imagen: Moises
Castillo/AP/picture alliance.