Por Alfonso López Borgoñoz, experto sobre Norte de África en Amnistía Internacional España.
La crisis diplomática y migratoria
entre Marruecos y España surgida a partir de la estancia en un hospital de
Logroño de Brahim Gali en la primavera del 2021 tiene un telón de fondo: el
Sáhara Occidental, de unos 266.000 kilómetros cuadrados situado en
el norte de África, en el extremo occidental del desierto del Sáhara y a
orillas del océano Atlántico. Es un territorio considerado no autónomo por las
Naciones Unidas, por el cual no cesa la disputa.
Sobre el
Sáhara Occidental señalar que actualmente una gran parte de ese territorio está
bajo el control de Marruecos. España fue su potencia administradora (o
colonial) hasta noviembre de 1975, fecha en que ‘cedió’ el territorio a
Marruecos y a Mauritania, en un extraño acuerdo. Posteriormente Mauritania se
retiró, ampliando Marruecos la zona bajo su control, por lo que su Gobierno
considera que todo el Sáhara Occidental está bajo su soberanía.
Pero, en
realidad, de hecho, Marruecos no controla todo el territorio. Su franja
oriental está en manos del Frente Popular para la Liberación de Saguía el-Hamra
y de Río de Oro (Frente Polisario), movimiento independentista saharaui que,
desde su creación en 1973, lucha por la independencia y, en todo caso, por el
proceso de autodeterminación del Sáhara Occidental. El Frente Polisario ha
establecido la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), que es
reconocida por unos ochenta países y que reclama también la soberanía sobre el
Sáhara Occidental.
¿Qué país reclama el control del Sáhara Occidental?
El
acuerdo firmado hace casi cincuenta años por el Gobierno de España para la
cesión del Sáhara Occidental no ha sido aceptado por la comunidad
internacional, por no ser legal desde esa perspectiva. La administración del
Sáhara Occidental no se puede pasar de un país a otro. No es una finca
particular.
En
varias resoluciones de las Naciones Unidas, como la 1514 (XV),
de 1960; la 1541 (XV), de 1960; o la 2625 (XXV),
de 1970; se señala que el futuro de los territorios no autónomos sólo se puede
decidir por un proceso de libre determinación entre sus
habitantes, que incluya, entre las opciones a votar, la de la independencia.
Incluso en su resolución 2602 (del pasado 29 de octubre de 2021), el Consejo de
seguridad de la ONU se reafirma en su “compromiso de ayudar a las partes a
alcanzar una solución política justa, duradera y aceptable para todas ellas,
basada en la avenencia, que prevea la libre determinación del pueblo del Sáhara
Occidental en el marco de disposiciones conformes a los principios y propósitos
de la Carta de las Naciones Unidas (…)”.
En
cualquier caso, y pese a no ser legal desde una perspectiva internacional el
acuerdo tripartito sobre el Sáhara Occidental, el 26 de febrero de 1976 el
Gobierno de España comunicó a la ONU que finalizaba su presencia allí y que se
consideraba sin responsabilidad alguna sobre lo que allí sucediera. Y así se ha
comportado habitualmente.
Pero no
todo el mundo acepta ese planteamiento de desentendimiento unilateral del
Gobierno español. Argelia, país muy implicado en el conflicto del Sáhara
Occidental y que acoge entre sus fronteras desde 1975 a los campamentos de
refugiados saharauis –cuyos derechos apoya–, acaba de recordar recientemente
las responsabilidades de España en este tema con motivo de la crisis
diplomática surgida ahora entre ambos estados, fruto del apoyo explícito del
Gobierno de España al plan del Gobierno de Marruecos con respecto a ese
territorio, con el que no está de acuerdo Argelia.
En
definitiva, actualmente el control del Sáhara Occidental es reclamado tanto por
el Reino de Marruecos como por la RASD, disputándose la soberanía de la misma
entre ambos. Y el Gobierno de España trata de que su nombre se asocie cuanto
menos mejor a todo este asunto, pese a la indudable ligazón histórica y
jurídica que tiene con el territorio del Sáhara Occidental.
Una larga guerra y un más largo
plan de paz, ya roto
Tras el
abandono de España, se inició un largo conflicto armado entre Marruecos
y el Frente Polisario. Casi la mitad de la población del Sáhara Occidental se
refugió en Tinduf, en Argelia, huyendo de los bombardeos y represión
marroquí, en los campamentos allí ubicados donde ahora viven unas 180.000
personas.
En 1988
se acordó entre las autoridades marroquíes y el Frente Polisario el
llamado Plan de Arreglo, aprobado por la ONU en 1991.
En él se acordaba la celebración de un referéndum en el cual se pediría
a la población saharaui elegir entre la independencia o la integración en
Marruecos. Y para poder llevar a cabo dicho acuerdo se establecía la
MINURSO (Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara
Occidental), que debía supervisar el alto el fuego e implementar un referéndum,
cuya celebración se ha ido posponiendo desde entonces por la negativa
del Gobierno de Marruecos a llevarlo a cabo.
En lugar
del referéndum, para el Gobierno de Marruecos en la actualidad la opción
preferente de solución para el conflicto es la que presentó en la ONU en el año
2007, y es su propuesta de dotar al Sáhara Occidental de una cierta autonomía,
bajo su soberanía, lo que no es aceptable para el Frente
Polisario en absoluto (ni para Argelia).
Pero
todo puede ir a peor. A mediados de noviembre de 2020, tras un intercambio de
disparos en la zona fronteriza sur del Sáhara Occidental con Mauritania entre
el ejército marroquí y tropas del Frente Polisario, los saharauis acusaron a
Marruecos de haber roto el alto el fuego y haber provocado el reinicio del
conflicto armado. Desde entonces se han sucedido pequeños
enfrentamientos militares entre ambas partes, en los que han muerto un
número indeterminado de personas, con pocos datos independientes sobre los
combates o sobre las bajas habidas.
Una situación jurídica peculiar
En todo
caso, en estos momentos, la comunidad internacional, liderada por las
Naciones Unidas, continúa sin reconocer la anexión de facto marroquí. Una
excepción notable y reciente son los Estados Unidos, cuyo anterior presidente
Donald Trump varió la posición de su país en diciembre de 2020, siendo el único
miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU que apoya la opción de
Marruecos.
Y otra
más reciente y también inesperada ha sido la del gobierno de España, que considera que la posición ‘más
seria, creíble y realista’ para que se solucione el conflicto del Sáhara
Occidental es la autonomía allí que defiende el gobierno marroquí, sin permitir
se haga ningún referéndum de libre determinación. Ese planteamiento
implica el reconocimiento de la soberanía del Reino de Marruecos sobre el
territorio en disputa.
La Unión
Europea, en un comunicado, pareció estar de acuerdo con ese cambio en la posición
española, pero al mismo tiempo comentó su seguimiento y respeto aún por el
ordenamiento internacional, por una solución aceptable por las dos partes del
conflicto y por las resoluciones de Naciones Unidas, que, como ya hemos
indicado, sólo contemplan la posibilidad en el futuro de la realización de un
referéndum de autodeterminación para resolver el actual conflicto del Sáhara
Occidental.
¿Quién controla el Sáhara
Occidental actualmente según la ONU?
La
situación en este momento es curiosa. Por un lado, el Sáhara Occidental sigue
en el listado de territorios dependientes no autónomos, pero no tiene, según la
propia ONU, una potencia administradora.
Marruecos
no lo es, pese a su control de una amplia zona, y España, que lo fue hasta
febrero de 1976, señala reiteradamente que no tiene responsabilidad alguna, e
incluso, como hemos visto, parece ser favorable a un futuro autonómico del
territorio más que a la opción que elijan en una consulta libre los habitantes
originarios del territorio.
En todo
caso, para la ONU, en sus últimas resoluciones (como la 2602/2021, del 29 de
octubre), las únicas partes relevantes ahora para un acuerdo allí son
Marruecos, el Frente Polisario, Argelia y Mauritania. Pero hay muchas voces que
consideran que España sigue siendo importante.
La posición internacional
absolutamente mayoritaria, y que sigue
Rusia y China, y hasta ahora la Unión Europea (veremos cómo evoluciona esta
cuestión), es la que se indica cada año en la resolución que amplía el
mandato de la MINURSO. En ella se defiende un pacto entre las partes,
una “solución política (…) que prevea la autodeterminación del pueblo del
Sáhara Occidental en el contexto de arreglos compatibles con los principios y
propósitos” de la ONU. Los portavoces de las Naciones Unidas siguen señalando
que su posición no ha variado.
Incluso
el pasado 16 de diciembre de 2021, se aprobaba una resolución por la Asamblea
General de la ONU (la 76/152) sobre la “Realización universal del derecho a
la Libre Determinación”, en cuyo artículo primero se reafirmaba el derecho
de todos los pueblos a la libre determinación, incluidos los sometidos a
dominación colonial, extranjera y externa, por ser un requisito fundamental
para que se garanticen y respeten efectivamente los derechos humanos y se
preserven y promuevan esos derechos, y en el artículo segundo su firme
oposición a los actos de intervención, agresión y ocupación militar extranjera
que, en algunas partes del mundo, han conculcado el derecho de los pueblos a la
libre determinación y otros derechos humanos.
Esa
había sido también la opción de los diferentes gobiernos que ha habido en
España desde 1976, país donde habita una amplia comunidad de origen saharaui,
en muchos casos, muy formada y activista, pero a la que no se le reconocen
derechos como miembros de una antigua colonia, y es considerada como apátrida,
moviéndose con pasaporte argelino, pese a haber tenido sus padres o abuelos DNI
español.
Ahora,
se deberá ver qué va implicando en la práctica el cambio de posición
expresado por el presidente del gobierno español el 18 de marzo de
2022.
Sin observadores internacionales
La situación de los derechos
humanos en el Sáhara Occidental es muy mala desde
hace muchos años, pero se ha deteriorado más desde la ruptura del alto el fuego
a fínales de 2020. Las autoridades de Marruecos impiden sistemáticamente
las concentraciones por la autodeterminación y obstaculizan el trabajo
de las organizaciones locales de derechos humanos, hostigando y
maltratando con dureza continuamente a sus miembros y a periodistas, tanto en
las calles, como en las comisarías, en las prisiones o en sus propias casas,
donde a veces retienen a la gente sin mandato judicial. Incluso hay acusaciones
de violación a activistas como Sultana Khaya y su hermana por miembros
no identificados de los cuerpos de seguridad de Marruecos. Las
investigaciones sobre las denuncias de tortura nunca se investigan de forma
correcta.
Y no es
fácil seguir lo que sucede. No hay observadores externos independientes.
Marruecos no autoriza la entrada allí a periodistas, abogados, activistas o
políticos del extranjero. Y el Consejo de Seguridad de la ONU, por su
parte, se niega a incorporar la vigilancia de la situación de los
derechos humanos en el mandato de la MINURSO, lo que impide documentar los
abusos de forma independiente, como sí hacen otras misiones de la ONU.
Y la
observación internacional es indispensable. No se ha garantizado jamás
una rendición de cuentas adecuada de los responsables de haber cometido
violaciones de derechos humanos en la zona. Ni por Marruecos en su
parte, ni por el Frente Polisario de los ocurridos en la suya o en los
campamentos de refugiados de Argelia.
Y,
mientras tanto, hemos podido contemplar como Marruecos ha utilizado como peones
en un juego político a las personas migrantes, incluidas las menores de edad,
dejándolas cruzar la frontera en Ceuta como forma de presión sobre España; y,
también mientras tanto, España ha reaccionado a menudo devolviendo a estas
personas en caliente a territorio marroquí, incluso a niños y niñas, sin ningún
tipo de garantías y en contra de las normas internacionales.
Lamentablemente,
nadie parece estar observando de forma seria, creíble y realista lo que sucede
con los derechos humanos a unos 1.500 kilómetros de distancia del sur de España
y Europa.
Publicado originariamente en ElDiario.es
Tomado
de Amnistía Internacional / España.