Por Víctor Álvarez R. / Opinión
Las Presidenciales del 28-J no sirvieron para
superar la crisis política. El CNE dio como ganador a Nicolás Maduro pero
Edmundo González afirma que las actas que tiene en sus manos le dan a él la
victoria. El Centro Carter evalúa el proceso como una elección no democrática
en la que se presentaron unos resultados totales, sin desglosarlos por mesas de
votación que dejen claro de dónde salieron esas cifras. Ante las denuncias de
fraude electoral, Nicolás Maduro presentó ante el TSJ un recurso contencioso
electoral que prolongará el conflicto político, y así no habrá condiciones ni
incentivos para la inversión productiva.
La
crisis política y el recrudecimiento de las sanciones internacionales hará muy
difícil sostener la política de estabilización con la que el gobierno logró
reducir el déficit fiscal, la emisión de dinero inorgánico, desacelerar la
inflación, mantener estable el tipo de cambio y proyectar a Venezuela como uno
de los países de mayor crecimiento económico en América Latina.
La
prolongación de la crisis política tiende un manto de incertidumbre sobre la
economía. Si la comunidad internacional desconoce el resultado, se repetirá
otro período presidencial signado por sanciones económicas y aislamiento
internacional. La tensión diplomática repercutirá sobre el comercio exterior y
las inversiones extranjeras. Si no se resuelve el conflicto político
reaparecerán los desequilibrios macroeconómicos, la actividad económica se
estancará y el país puede caer de nuevo en una profunda y prolongada recesión
económica que recrudecerá la migración.
Dificultades para mantener el anclaje cambiario
En 1999,
Venezuela extraía 3 millones 100 mil barriles de petróleo diarios. En agosto de
2024 la cifra es de solo 851 mil. En la próxima década, Venezuela necesita
captar inversiones por $ 100 mil millones -a razón de $ 10 mil millones cada
año- para aumentar la producción en 100 mil barriles al día adicionales, hasta
llegar a dos millones de barriles diarios en diez años.
Pero las
sanciones financieras, petroleras y comerciales limitan las inversiones en
petróleo y obligan a Pdvsa a vender los crudos a través de intermediarios, con
ruinosos descuentos que han llegado al 40%. Si se endurecen las sanciones
petroleras se desplomará el ingreso en divisas, el BCV no podrá abastecer el
mercado cambiario y el precio del dólar se desbordará. De hecho, ante la
prolongación de la crisis política, la demanda de divisas está aumentando y el
BCV se ha visto forzado a vender más dólares en momentos en que las reservas
internacionales registran mínimos históricos.
Impacto
inflacionario de la depreciación
Una
depreciación menor a la inflación trae como consecuencia la apreciación del
tipo de cambio real. El cambio oficial es de 36,63 Bs/$, pero la tasa real que
se ajusta por inflación está en 120 Bs/$. Este abaratamiento de la divisa
estimula una mayor demanda y ejerce presión sobre el tipo de cambio.
El
gobierno ha priorizado el uso de la política cambiaria como instrumento de su
estrategia antiinflacionaria. Combina el anclaje cambiario con la exoneración
de aranceles para abaratar las importaciones y desacelerar la inflación, por
eso posterga el ajuste cambiario.
Para
anclar el precio del dólar se ha reducido la emisión de dinero sin respaldo
destinado a financiar el déficit fiscal. El BCV mantiene una política monetaria
muy restrictiva -con 70% de encaje legal- que deja a los bancos sin liquidez
para financiar la producción y el consumo. Esto se traduce en menos bolívares
para comprar dólares. Adicionalmente, el BCV inyecta divisas al mercado
cambiario para estabilizar el tipo de cambio.
Si se
endurecen las sanciones petroleras, el ingreso en divisas se desplomará, el BCV
no tendrá reservas para mantener el anclaje cambiario. Así el precio del dólar
se desquiciará, arrastrando consigo el desbordamiento de los demás precios. La
prolongación del conflicto político y el endurecimiento de las sanciones
colocan a Venezuela a las puertas de un nuevo desequilibrio macroeconómico que
puede reeditar los años duros de escasez e hiperinflación que ya se creían
superados.
Impacto
sobre el ambiente de negocios e inversión
Un
contexto de sanciones económicas y aislamiento internacional aleja la inversión
privada nacional y extranjera. Ni los incentivos de las Zonas Económicas
Especiales ni la confidencialidad y protección que otorga la Ley Antibloqueo
serán suficientes para captar las inversiones que la economía necesita. Si se
endurecen las sanciones es previsible una salida de capitales, toda vez que las
inversiones locales tenderán a relocalizarse en otros países. Esto se traducirá
en una mayor demanda de divisas, así como un repunte del tipo de cambio y de la
inflación, lo cual abortaría el proceso de estabilización y recuperación
económica que se venía logrando.
Se
advierte que el endurecimiento de las sanciones puede terminar de lanzar a
Venezuela a los brazos de los rivales geopolíticos de EEUU. Ciertamente, el
gobierno de Nicolás Maduro seguirá contando con el apoyo de países como China,
Rusia, Turquía e Irán, pero en el actual contexto bélico será un respaldo
político, más que un apoyo económico. De hecho, el petróleo ruso está
compitiendo con el petróleo venezolano en los mercados asiáticos y China lo
compra con grandes descuentos debido a las sanciones por la invasión a Ucrania.
El gigante asiático detuvo la inversión en proyectos industriales y de
infraestructura en Venezuela y, a lo sumo, ha ampliado los plazos para el pago
de la deuda pendiente de $ 15 mil millones, pero no ha otorgado nuevo
financiamiento. Irán está enfocado en un potencial conflicto bélico con Israel
y anunció una dura respuesta tras el asesinato en Teherán del líder político de
Hamas, Ismail Haniyeh. Y Turquía está en una zona altamente sensible que no
puede descuidar. Todo esto socava la base de apoyo geopolítico y financiero
para mantener la estabilidad macroeconómica de Venezuela, en el corto y mediano
plazo.
Impacto
sobre el financiamiento de los organismos multilaterales
Venezuela
necesita repotenciar los sistemas de electricidad, agua potable, gas y
telecomunicaciones, que son un cuello de botella para expandir la actividad
económica, así como un obstáculo para mejorar las condiciones de vida en los
hogares venezolanos. Pero esto ya no se puede hacer con renta petrolera. En
adelante se va a requerir el financiamiento de los organismos multilaterales.
Recuperar el acceso al crédito internacional pasa por reestructurar la deuda
externa, proceso que exige un gobierno legítimo con muchísima credibilidad,
instituciones reconocidas y un gran consenso político para respaldar los nuevos
compromisos. Pero un gobierno no reconocido no va a poder reinsertarse en los
mercados financieros internacionales para reestructurar la deuda externa que se
calcula en torno a $ 160.000 millones.
Nueva
ola migratoria
En
Venezuela, el costo de la canasta alimentaria para cinco personas supera los
500 $/mes. Según un estudio de Ecoanalítica que mide el ingreso individual, 45%
de los venezolanos percibe 100 $/mes y solo 7% más de 600 $/mes.
Según
ACNUR, casi ocho millones de venezolanos han emigrado huyendo de los bajos
salarios, la pobreza y el deterioro de las condiciones de vida debido al
colapso de los servicios de agua, electricidad y gas. De acuerdo a un estudio
de la encuestadora Delphos, ante la pregunta de qué harían si no se resuelve la
crisis política, el 12 % señaló que buscaría la manera de emigrar.
En
consecuencia, si la economía se estanca y cae de nuevo en recesión, la falta de
empleos estables y bien remunerados recrudecerá el flujo de venezolanos que se
marcha al exterior en busca de mejores fuentes de ingreso y condiciones de vida
para sus familias.
Fuente:
finanzasdigital.com