Por Chema Caballero
Recientemente, el español Manuel
Terrén Parcerisas era detenido en el aeropuerto de Málaga. Se trata de un
empresario al que la Audiencia Nacional investiga desde hace algún tiempo como
uno de los principales líderes de una trama ilegal de venta de diamantes que
sirvieron para financiar al Frente Revolucionario Unido (RUF, por sus siglas en
inglés), el grupo armado responsable del conflicto de Sierra Leona (1991-2002)
que dejó más de 70.000 muertos, más de 2,6 millones de desplazados, miles de
mutilados y mujeres víctimas de violencia sexual y que secuestró y utilizó como
soldados a cientos de menores.
Los llamados diamantes de sangre fueron claves para la prolongación del conflicto. Eran extraídos en las minas del este del país, principalmente en la región de Kono. Civiles secuestrados, muchos de ellos niños, eran obligados a trabajar en los yacimientos. Las gemas solían salir a través de la frontera con Liberia. Una vez en ese país, con el apoyo del expresidente Charles Taylor, llegaban al mercado internacional como si fueran liberianos.
En el año 2000, entró en vigor el
llamado Proceso de Kimberley. Un sistema de certificaciones diseñado para
impedir que los diamantes procedentes de conflictos entren en el mercado. Una
forma de evitar que con su compra se financien guerras o abusos de derechos humanos.
Un gran paso. Pero con algunos agujeros. Son los países de origen los que
emiten los certificados, no un organismo independiente. Esto facilita su
falsificación. Y, por tanto, diamantes manchados de sangre siguen llegando a
los mercados.
El Tribunal Especial para Sierra
Leona (SLSC, en sus siglas en inglés) condenó a algunos de los
principales líderes del RUF por esclavizar a civiles en las minas de diamantes.
Entre ellos, al expresidente liberiano Charles Taylor, principal facilitador
del blanqueamiento de las gemas procedentes de Sierra Leona. Sin embargo, no
juzgó a ningún nacional de otros países que estuviera implicado en este
tráfico. También dejó otros flecos sueltos, como la reparación de las víctimas.
El SLSC juzgó solo a los máximos
responsables del conflicto sierraleonés. Una vez terminado su trabajo, la ONG suiza Civitas Maxima se impuso
la tarea de seguir el rastro de aquellos criminales de guerra que no habían
sido llevados ante la Justicia. Gracias a su labor, algunos de ellos han sido
procesados y condenados en diversos países: Gibril Massaquoi en Finlandia, Kuti
Kamara en Francia, por citar solo los últimos casos.
Quizás uno de sus logros más
importantes fue conseguir que el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE)
condenase a una empresa belga y su filial centroafricana por el tráfico de
diamantes que han servido para financiar a los grupos armados de la República
Centroafricana. Se trata de Kardiam, con sede en Amberes, y su filial centroafricana
Badica, el mayor comerciante de estas piedras en el país africano.
Igualmente, consiguió la detención
del ciudadano estadounidense-belga Michel Desaedeleer, curiosamente también en
el aeropuerto de Málaga. Estaba acusado de tráfico de diamantes de sangre y
de utilizar personas esclavizadas para su extracción en Sierra Leona. La
Audiencia Nacional concedió su extradición a Bélgica. Pero su muerte en prisión
en 2016, frustró la esperanza de que por primera vez un responsable no
sierraleonés o liberiano de financiar a los grupos armados de estos conflictos
fuera condenado.
La ONG suiza también está detrás de
la detención de Terrén. Ella ha recogido las pruebas necesarias para la demanda
interpuesta por un ciudadano sierraleonés, residente en España, que fue
esclavizado en las minas de diamantes de Kono, prospere.
A la Audiencia Nacional se le
presenta una gran ocasión para hacer justicia. Aunque hayan pasado 22 años del
fin del conflicto de Sierra Leona, las víctimas no olvidan. Siguen esperando
reparación por los abusos a que fueron sometidas.
La Comisión de la Verdad y a
Reconciliación de Sierra Leona (SLTRC, por sus siglas en inglés), que funcionó
de 2002 a 2004, recomendó implementar un programa integral de reparaciones. En
2008, el Fondo de las Naciones Unidas para la Consolidación de la Paz
proporcionó recursos para el programa. A lo largo de los años, este recibió 8.5
millones de dólares que se invirtieron en medidas como pagos únicos de ayuda
provisional, operaciones médicas en caso de lesiones graves, formación
profesional y pequeñas becas. Los beneficios se distribuyeron selectivamente y
dejaron fuera a la mayoría de las víctimas. Incluso algunas de las
seleccionadas, al ver las ridículas cantidades que les ofrecían (nunca más de
100 dólares) renunciaron a ellas, a la espera de que las verdaderas
reparaciones llegasen. Pero estas jamás se materializaron.
Ahora, si la fortuna amasada por
Terrén, que ejerce de empresario hotelero en Brasil, fuera incautada, podría
ser empleada para resarcir, como mínimo, a las personas que esclavizó para
enriquecerse. Ojalá que esta vez sí se haga justicia.
Tomado de MUNDO NEGRO / España. Fotografía:
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