El joven universitario,
al que España ha negado el asilo, podría ser deportado mañana si no prosperan
últimas las alegaciones a su caso: "No le recibirán con flores, le espera
la cárcel".
Francisco
Carrión@fcarrionmolina
Es una sala con tres habitaciones. Una para hombres, otra
para mujeres y la tercera reservada a familias. En ella, además de camas y una
sencilla estancia, un aseo y una ducha permiten vivir en condiciones dignas. A
diario, cerca de ella, el trajín de pilotos y azafatas para subir a los aviones
es imparable desde primera hora. Es la ‘sala de los rechazados’, la que está en
tierra de nadie, la que acoge a personas cuyo acceso al país ha sido denegado,
está en revisión o a la espera de una deportación. En un aeropuerto pequeño
como el de Bilbao apenas tiene uso. Sin embargo, desde hace doce días ‘vive’
ahí un activista saharaui, cuya identidad se mantiene bajo secreto, que ha
solicitado asilo alegando que es perseguido, que su vida corre peligro y que
deportarle de nuevo a Marruecos sería su final: “Me
esperaría la cárcel”.
Llegó en vuelo regular el pasado 23 de junio procedente de Marrakech. Desde entonces está bajo vigilancia policial permanente, privado de libertad. Goza de buena salud y está bien atendido en la sala del ‘limbo’ que hace semana y media es su único refugio. No está incomunicado pero sus abogados, a través de traductores, son la única vía de interlocución que tiene para clamar no ser devuelto a Marruecos. En estos días su preocupación y ansiedad ha ido en aumento ante la posibilidad de que España le devuelva a Marrakech en las próximas horas. Sabe que allí le esperará la policía y, con toda probabilidad, una condena de prisión.
Por el momento, su posible deportación se ha retrasado al
menos 24 horas. Todo apuntaba a que tras no prosperar los primeros recursos a
su denegación de asilo hoy la policía los deportara a Marrakech en un avión que
partía a las siete de esta mañana de la terminal vizcaína. Las últimas
alegaciones han prolongado al menos un día más, hasta mañana, el devenir de
este joven y la confianza de que las alegaciones puedan prosperar y evitar su
entrega a Marruecos.
Su viaje se frenó en seco cuando intentó acceder a la
terminal, a territorio español. Formalmente, según ha declarado, su propósito
era seguir ruta hasta Madrid y desde allí volar a Cuba, a La Habana. Fue en
Bilbao donde decidió dar el paso en busca de la libertad y solicitar asilo en
nuestro país. En su pasaporte figura que nació el 23 de diciembre de 2000, que
tiene apenas 23 años y que procede de El Aaiún, la capital de los
territorios ocupados del Sáhara Occidental.
Es uno de tantos activistas universitarios que han padecido
el acoso y hostigamiento del régimen marroquí por reivindicar la libertad, el
derecho de autodeterminación del Sáhara Occidental, la ex colonia española
ocupada por Marruecos desde 1976 y considerada por la ONU como un territorio no
autónomo pendiente de descolonización. Optar por estudiar en la Universidad
conlleva abandonar el Sáhara y desplazarse a Marruecos, a tierra hostil para un
activista saharaui.
"La responsabilidad es del Gobierno español"
El joven que espera angustiado en una sala de aeropuerto en
Bilbao ha estudiado derecho en la Universidad de Agadir. “Anímicamente está
destrozado, muy preocupado ante la posibilidad de que le devuelvan a
Marruecos”, aseguran fuentes de la Delegación Saharaui en España: “Sabe que no
le van a recibir con flores, que tiene todas las papeletas para terminar en un
calabozo cuando menos”.
Consideran que si finalmente las denegaciones de asilo que
hasta ahora ha recibido se transforman en una orden de deportación toda la
responsabilidad de lo que le pueda suceder recaerá en las autoridades
españolas: “Es un joven que procede de una familia originaria española, de
cuando el Sahara occidental era una colonia española, la ‘provincia
53’. Su familia tiene papeles emitidos por España, el libro de familia es
español, sus antecedentes originariamente son españoles. Por eso el Gobierno de
España tiene una responsabilidad ante un caso flagrante de vulneración de
derechos humanos como este”, aseguran.
En la familia de este joven saharaui ya pasaron por un
episodio similar. Un hermano suyo, vinculado a la televisión en el Sáhara, vive
hoy refugiado en Francia. El joven que estos días espera en la ‘sala de los
rechazados’ de la terminal vizcaína forma parte del grupo de universitarios que
no dudan en implicarse en la reivindicación del derecho de
autodeterminación del Sáhara ocupado. Reclamar la independencia del Sahara
occidental de Marruecos “sigue siendo un ejercicio de valentía y riesgo”.
Organizaciones como Zear Errefuxiatuak, la comunidad Saharaui
y un equipo de abogados movilizado para este caso trabajan contrarreloj para
evitar su deportación.
Husein Amadour, el mal precedente
Los precedentes no permiten ser optimistas. Un caso similar
ocurrido en Tenerife en 2019 concluyó con una deportación y la posterior
detención por las autoridades marroquíes de un joven que había solicitado asilo
en nuestro país. Se trató de Husein
Amadour, un universitario que hostigado por el régimen marroquí por
reivindicar el derecho de autodeterminación del Sáhara occidental decidió
abandonar Marruecos. Él lo hizo en patera. A su llegada a Las Palmas pidió
asilo. Alegó persecución contra él y el grupo de activistas políticos al que
estaba vinculado. Pese a que él juez español dictó que fuera internado en el
Centro de Internamiento de Extranjeros de Hoyo Fría de Tenerife, finalmente las
autoridades españolas lo trasladaron de nuevo a Las Palmas y allí fue subido a
un avión y devuelto a Marruecos. Desde entonces, cumple una condena de 12 años
de prisión. Sentencia que le ha llevado por varias prisiones y durante la cual
ha protagonizado varias huelgas de hambre para denunciar las malas condiciones
en las que vive encarcelado.
En el caso del joven estudiante de derecho que desde el 23 de
junio pasado espera en el aeropuerto de Loiu, su solicitud de asilo se tramitó
horas después de aterrizar. Poco después la petición fue denegada por la
Audiencia Nacional. La revisión, el ‘reexamen’ posterior, también fue
rechazada. Ahora la esperanza está puesta en la petición para acogerse al
llamado ‘Estatuto de apátrida’. Sin embargo, su resolución no será rápida y por
ello la defensa ha solicitado que, de modo cautelar, por la premura y urgencia
temporal, se acuerde una paralización de su deportación: “El ha solicitado que
si finalmente se le deporta que por favor no sea a Marruecos, teme que allí le
detengan y le metan en la cárcel”, asegura Javier Galparsoro, representante de
Zear Errefuxiatuak.
Por los datos conocidos de este caso, en Zear no ponen en
duda su versión ni su procedencia, “nadie duda de que es saharaui”, incluso
aseguran que se trata de un activista con “un perfil importante” y que se
encontraría perseguido por las autoridades marroquíes por razones que la
organización no ha detallado.
Cárceles hacinadas
Colectivos de apoyo al activista saharaui han convocado una
concentración de apoyo al joven esta tarde a las 19.00 horas en la plaza Moyúa
de Bilbao. Denuncian que el gobierno español le ha negado el asilo pese a ser
víctima de persecución política.
Cumplir pena de prisión en Marruecos es algo más que un drama
por carecer de libertad. El hacinamiento de sus prisiones convierte en un
infierno cualquier condena. Marruecos superó en agosto pasado los 100.000
presos y la cifra no ha parado de crecer desde entonces. La autoridad
carcelaria del país vecino admite en público el hacinamiento de las prisiones
en mitad de las denuncias de graves violaciones de derechos humanos que lanzan
sin tregua las organizaciones internacionales.
En mayo pasado se conoció que la Delegación General de la
Administración Penitenciaria y de Reinserción, el organismo marroquí a cargo de
las prisiones alauíes, admitía que a finales de 2021 el número de reos en sus
cárceles alcanzó la cifra de 102.653 internos. Incluso admitía en público un
problema de hacinamiento en sus prisiones. Un aumento del 18,83 % sólo en los
cuatro últimos años. El ente estatal marroquí reveló entonces que a cada preso
le correspondía apenas un espacio de 1,74 metros cuadrados. Internos, además,
que en el 95% de los casos ocupan las cárceles sin condena definitiva sino en
una situación de prisión preventiva.
Tomado de El Independiente / España.