La interna del MAS puede autodestruir su propia obra
El partido, la herramienta política del Movimiento al
Socialismo (MAS), es un territorio que se disputan el actual presidente boliviano
y el exmandatario e histórico líder.
Por Gustavo Veiga - Desde
La Paz. Enviado especial del diario Página 12 / Argentina.
Hay dos graves problemas que
causan zozobra política en Bolivia. La tradición golpista de sus fuerzas
armadas, reverdecida con el intento de golpe fallido del 26 de junio y el
conflicto interno del MAS. Un movimiento de movimientos – así lo define su
propia militancia - que, como partido, va camino a la autodestrucción. El
enfrentamiento personal y lleno de susceptibilidades entre el jefe de Estado, Luis
Arce Catacora y el expresidente y líder histórico de esa fuerza
mayoritaria, Evo Morales, parece ubicado en un punto de no retorno. ¿Cómo
se entiende que dos personas que trabajaron juntas y en armonía entre 2006 y
2019 hayan dinamitado todos los puentes del diálogo? Álvaro García Linera, el
ex vicepresidente que convivió con ambos durante los tres mandatos de Evo,
definió la situación como una “guerra fraticida”.
Camino a su bicentenario – que en 2025 coincidirá con las elecciones nacionales – Bolivia atraviesa una actualidad convulsionada. Se percibe hacia el interior del Movimiento al Socialismo en la disputa sin tregua entre Evo y Arce Catacora, pero además en cómo se solidificó esa ruptura desde sus respectivos entornos. Las hostilidades comenzaron cuando el golpe liderado por Jeanine Áñez ya era un trágico recuerdo. Hasta los últimos días de Morales en el poder, su entonces ministro de Economía decía: “Evo cumple lo que promete”. Para muchos el artífice del llamado milagro boliviano, reconocía en su adversario de ahora, al líder absoluto del MAS. Pero algo empezó a romperse entre ellos. Y un nombre explica en parte ese distanciamiento.
Se trata de Eduardo Del Castillo,
el actual ministro de Gobierno y funcionario clave en el gabinete de Arce Catacora.
Joven integrante de la Columna Sur nacida en Santa Cruz de la Sierra y que
acompañó siempre a Morales, se transformó en el blanco predilecto de Evo –
después del presidente- desde que en agosto de 2023 denunció por narcotráfico
al movimiento cocalero de Las Yungas (Departamento de La Paz) y al del Trópico
de Cochabamba.
Había llegado demasiado lejos para
el sector evista del MAS. No sería el primer conflicto ni el último. Ya en 2022
las Federaciones del Trópico habían exigido su renuncia por lo que consideraron
ataques injustificados a antiguos miembros del gabinete de Evo y a dirigentes
cocaleros. Pidieron su cabeza como la de Iván Lima, el actual ministro de
Justicia. Hubo una escalada con Morales y en enero de este año, Del Castillo le
reprochó al líder que defendió hasta fines de 2019: “el sujeto histórico es el
bloque popular y no una persona”.
Un militante del MAS consultado
para esta nota y que se desencantó con la interna, tradujo en pocas palabras la
intervención crítica de García Linera dirigida a Arce Catacora y Morales: “Fue
como jalarlos de las orejas para que no se pierda este proyecto”.
El partido, la herramienta política
del Movimiento al Socialismo, es el otro territorio que se disputa. Se dirime
en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) que el sector de Evo define como
cómplice del gobierno. La conducción del MAS, congelada a 2017 y con Morales
como máximo dirigente, para el TSE debería renovarse. Por eso llamó a un
encuentro el próximo 10 de julio para destrabar la cuestión partidaria. Pero
como no convocó a Morales en tanto presidente, pero sí a sus delegados, este
sector ya anunció que no irá a la cita. Lo peor para el MAS podría llegar en el
futuro. Si recibe tres sanciones del TSE por sus internas que impiden
reorganizar al partido, podría perder la personería.
Sobre esta situación, la
ultraderecha boliviana que apoyó el golpe de Estado de 2019, da todos los días
un paso nuevo. Lo hace con ataques a una economía que tiene fisuras, pero
lejos está de parecerse a la que describe la fundación local Milenio o lo que
sostiene el detenido gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho,
citando a aquella: “su informe confirma con datos y argumentos técnicos lo que
venimos advirtiendo desde hace tiempo: la economía en Bolivia va en caída, la
crisis es estructural”.
A ese argumento el presidente lo
confrontó con su propia descripción del momento: “Ahora la situación está
volviendo a la normalidad y el modelo funciona y vamos a resolver el tema
económico y los problemas sociales”. Y además nombró dos medidas claves de su
gobierno: “Hemos aplicado un impuesto a las grandes fortunas y estamos
devolviendo el IVA a los sectores de menores ingresos”.
El analista económico Omar Velasco,
consultado por Bolivisión, se mostró equidistante de las dos posturas: “No todo
está bien, ni todo está mal”. Las perspectivas de mejoramiento existen,
cualquiera sea la fuente que se consulte. Más alentadoras o más magras.
Incluida la opinión de la policía económica mundial, el FMI.
En este contexto económico el gobierno
anunció una marcha en defensa de la democracia para el 12 de julio. Será desde
El Alto hacia la plaza Murillo en el kilómetro cero, donde las tanquetas
militares irrumpieron el 26 de junio. El Pacto de Unidad, liderado por las
organizaciones que acompañan a Arce Catacora con la Confederación Sindical
Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia a la cabeza, llamó a marchar.
La salud de la democracia boliviana
dio en las últimas horas una buena noticia que provino desde el mundo judicial.
Un Tribunal Penal de Cochabamba les aplicó condenas de ocho a dos años de
prisión a dirigentes de la Resistencia Juvenil Cochala. El motivo fue que en
noviembre de 2019, en los días posteriores al golpe, el grupo atacó a patadas y
golpes de puño a cholas y campesinos que defendían a Evo. Entre los
sentenciados hay cuatro hombres y una mujer. Son los mismos que atacaron a la
alcaldesa de Vinto, Patricia Arce del MAS, pintándola de rojo.
gveiga@pagina12.com.ar / Imagen: AFP