Rosa Moussaoui*/ Opinión
Soy
periodista del diario francés L'Humanité, reportera que durante
mucho tiempo estuvo adscrita al servicio internacional. Trabajo sobre el norte
de África desde 2010. He informado e investigado con frecuencia desde
Argelia, Túnez y Marruecos. Y tengo que decirles que todo mi trabajo sobre Marruecos y el
Sáhara Occidental ha sido desde entonces sistemáticamente objeto de
comentarios insultantes y abusivos en línea, probablemente orquestados y
organizados, así como de artículos viles en la prensa difamatoria vinculada al
régimen marroquí - esto obviamente se ha agravado con el auge de las redes
sociales. Éstas y otras cuestiones son las que nos han llevado a cerrar los
comentarios de los artículos publicados en nuestro sitio web.
He
estado en Marruecos muchas veces, entre otras para cubrir el juicio en
apelación del defensor de los derechos humanos Wafae Charaf en
2014, para cubrir el juicio de los presos políticos saharauis de Gdeim
Izik en Rabat en 2016 y para cubrir el levantamiento popular en el Rif, en un contexto de represión
violenta, en 2017. Durante estas coberturas, se me sometió sistemáticamente
a una vigilancia estrecha y muy visible, claramente destinada a intimidarme. En
el caso del Rif, estas intimidaciones policiales contra mí se documentaron en
un informe de Reporteros sin Fronteras. Durante este reportaje,
cuando seguían al fotoperiodista que me acompañaba, el seguimiento nunca cesó y
sólo conseguimos escapar de los policías que nos perseguían desactivando la
opción de localización de nuestros dos teléfonos.
Durante estas coberturas, se me sometió sistemáticamente a una vigilancia estrecha y muy visible, claramente destinada a intimidarme
Más
recientemente, investigué los cargos inventados contra el periodista Omar
Radi, una voz crítica cuyo trabajo sobre los movimientos sociales, las
violaciones de derechos humanos, el acaparamiento de tierras y los intereses
entrelazados de la monarquía y el capital, marroquí o extranjero, resultaba muy
inquietante para Palacio. Omar Radi fue condenado injustamente a seis años de
prisión. En junio de 2020, Amnistía Internacional publicó un
informe en el que revelaba que su teléfono había sido infectado con el programa
espía israelí Pegasus. Esto desató la furia represiva de la policía
política contra él. Él mismo se vio acusado de espionaje, atentar contra la
seguridad del Estado y, por último, para completar el arsenal de cargos, se
presentó contra él una denuncia por "violación". Con mi colega Rachida
El-Azzouzi, de Mediapart, llevé a cabo una larga investigación sobre
este asunto para L'Humanité. Nuestra investigación causó un gran
revuelo: arrojó luz sobre las acusaciones contra este periodista. Sacó a la luz
la "estrategia sexual" del régimen marroquí y de su policía para
desprestigiar y demoler a periodistas y opositores. En el curso de esta
investigación, nos enfrentamos al miedo a hablar, a intentos de manipulación, a
presiones e incluso, en una ocasión, a la intrusión de un anónimo en una
videoconferencia con una de nuestras fuentes en Marruecos.
Sacamos
a la luz la "estrategia sexual" del régimen marroquí y de su policía
para desprestigiar y demoler a periodistas y opositores
En lo
que a mí respecta, empecé a notar fallos de funcionamiento en mi iPhone
desde finales del verano de 2019. Se hicieron más frecuentes durante el
invierno de 2019, cuando estaba cubriendo el movimiento popular y las
disputadas elecciones presidenciales en Argelia. Las aplicaciones
se abrían solas, la memoria se saturaba sistemáticamente y era casi imposible
utilizar mi navegador web, que detectaba demasiadas redirecciones. Estas
disfunciones fueron en aumento hasta que en marzo de 2020, en vísperas de mi
confinamiento, mi teléfono se congeló por completo. No podía arrancarlo: se
quedaba atascado en la manzana de Apple. Lo llevé a un taller, que tuvo que
reiniciarlo, y perdí muchos datos.
Durante
la investigación sobre Omar Radi, además de la intrusión en la
videoconferencia, me di cuenta de que ciertas fuentes conocían el contenido y
los detalles de conversaciones confidenciales que yo había mantenido con otras
fuentes. En ese momento tuve serias dudas, así que reinicié mi
teléfono, me deshice de él y me compré otro.
En la
primavera de 2021, periodistas del consorcio Forbidden Stories se
pusieron en contacto conmigo y me informaron de que sospechaban que mi teléfono
podía tener implantado un programa espía. Les entregué mi teléfono para que un
equipo especializado del Laboratorio de Seguridad de Amnistía Internacional lo
comprobara y analizara. El análisis no reveló nada en el nuevo
dispositivo, así que me tranquilicé.
Pero en
julio, la víspera de las revelaciones del Proyecto Pegasus, un
periodista de Forbidden Stories volvió a ponerse en contacto
conmigo para comunicarme que, efectivamente, yo figuraba en una lista de
objetivos potenciales de este programa espía israelí, lista elaborada, según el
consorcio de medios internacionales que investigó el caso, por un servicio de
seguridad del gobierno marroquí. En mi caso, los reinicios forzados y luego
voluntarios de mi teléfono hicieron desaparecer cualquier rastro del programa
espía.
Sin
embargo, presenté una denuncia, mi periódico interpuso una demanda civil, fui
interrogada en el marco de la investigación preliminar por agentes de policía
encargados de la lucha contra la ciberdelincuencia, y ahora se ha abierto una
investigación judicial.
La
cibervigilancia es una prolongación de la vigilancia física a una escala
vertiginosa
La
cibervigilancia es una prolongación de la vigilancia física a una escala
vertiginosa. Pero es mucho más aterradora porque es invisible e indetectable.
Viví las acusaciones de que habían pirateado mi teléfono como una situación de
gran violencia que me afectaba personalmente, pero también a mis allegados, mis
amigos, mis colegas y mi familia. Es una intrusión potencialmente insoportable,
una violación de mi intimidad y de mi vida privada. Es como si me robaran datos
personales de otras personas. Pero lo que me parece más grave es este ataque frontal
a la confidencialidad de las fuentes.
Cuando
eres periodista e investigas temas delicados, sobre todo en zonas vigiladas por
regímenes autoritarios, tu mayor preocupación es no poner en peligro a
las personas que te dan información. En este caso, mis fuentes pasadas y
presentes están claramente en peligro. Y en el futuro, esto compromete mi
capacidad para establecer los vínculos de confianza esenciales que permiten a
las fuentes confiarme información, a riesgo de hacerlo. La existencia misma de
este sistema de vigilancia crea un clima de miedo, y por tanto de silencio,
entre nuestras fuentes. En el caso de Marruecos, esto es evidente: ahora estoy
aislada de la mayoría de mis fuentes sobre el terreno.
Somos
muy vulnerables, sobre todo los periodistas. Nunca podremos competir
con los medios desproporcionados que despliegan los Estados autoritarios y las
multinacionales de la vigilancia, que no tienen límites y están
completamente por encima de la ley. Y sean cuales sean las herramientas y
protocolos que adoptemos para proteger nuestras fuentes, seguiremos expuestos.
La hipervigilancia que estos sistemas de cibervigilancia nos obligan a mantener
es también una forma de violencia, un obstáculo para el libre ejercicio de
nuestra profesión: genera ansiedad y supone una pérdida de tiempo y energía.
Y
también debo decirles que tomo precauciones cuando informo, utilizando
teléfonos rudimentarios cuando el contexto lo requiere, sin conexión y sin
localización. Pero nunca imaginé que tendría que tomar tales precauciones en
suelo francés. Lo vertiginoso aquí es la desterritorialización de los
ataques a la libertad de prensa, a la confidencialidad de las fuentes y a las
prácticas represivas.
Edward Snowden tiene razón cuando dice que hay que prohibir este tipo de armas
tecnológicas, que las dictaduras usan contra las voces críticas dentro y fuera
de sus fronteras. Puesto que los tratados internacionales prohíben las armas no
convencionales, debemos prohibir los programas espía, que son un arma
formidable en una terrorífica ciberguerra mundial contra las libertades. Hay
vidas en juego: las de periodistas y activistas encarcelados o asesinados,
como Cecilio Pineda Birto en México. Deben adoptarse sanciones
contra los Estados que han utilizado este software espía para tales fines, que
nada tienen que ver con la "lucha contra el terrorismo y la
delincuencia" que proclaman. También deberían rendir cuentas los
directivos de la empresa que lo comercializó bajo el paraguas del Ministerio de
Defensa israelí. Añado, por lo que respecta a Francia, que la complacencia de París
ante las prácticas autoritarias de la monarquía marroquí no es ajena a esta
situación.
Confiando
en su impunidad, las autoridades marroquíes y su policía se sienten autorizadas
a traspasar todas las líneas rojas. Los periodistas marroquíes en el exilio son
seguidos, acosados y amenazados en suelo francés. Yo misma fui testigo de ello
el 15 de febrero de 2019 en París, en una sala llamada Le Maltais rouge,
donde una conferencia sobre la libertad de prensa en Marruecos fue brutalmente
interrumpida por pesos pesados que cortaron la electricidad y lanzaron mesas y
sillas a los participantes.
¿Cuál
habría sido la reacción de Francia si semejante escándalo de ciberespionaje
hubiera implicado a China o Rusia?
La
complacencia de Francia ante el escándalo de ciberespionaje Pegasus es
inaceptable, habida cuenta de que están implicados miembros del Gobierno, e
incluso el Presidente de la República. ¿Cuál habría sido la reacción de Francia
si semejante escándalo de ciberespionaje hubiera implicado a China o Rusia? Habría
habido, con razón, una reacción diplomática y política de una envergadura
completamente diferente.
Me
gustaría concluir con un episodio que dice mucho de la arrogancia en Europa de
Estados autoritarios decididos a silenciar a los periodistas que se niegan a
plegarse a su propaganda. Me refiero al procedimiento judicial iniciado por el
Reino de Marruecos contra los medios de comunicación franceses que informaron
sobre el escándalo Pegasus, entre ellos Le Monde, Radio
France, France Media Monde y Mediapart. Afortunadamente, el fiscal rechazó
el principio de abrir un proceso por difamación. Pero el Reino de Marruecos ha
recurrido. Está representado en este asunto por un abogado especializado en
amordazar a los periodistas en beneficio de las grandes empresas y
multinacionales, y que lleva a cabo un verdadero acoso judicial contra los
periodistas críticos.
*Rosa Moussaoui es periodista francesa de L'Humanité. Extracto de su
intervención frente al Comité del Parlamento Europeo que investigó el
caso Pegasus. Tomado de El Independiente / España. Imagen: EFE.
