Familias víctimas de la violencia paramilitar en Colombia
obtuvieron una victoria contra la multinacional bananera Chiquita Brands
International, que hace unos años aceptó haber pagado a grupos paramilitares en
Colombia. Un tribunal federal estadounidense de Florida anunció el fallo el
lunes 10 de junio.
La empresa Chiquita Brands International en 2007 admitió haber
financiado a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), una organización que
fue designada como terrorista por Estados Unidos y conocida por sus
abusos contra los derechos humanos denunciados por varias ONG.
Y ahora deberá pagar una indemnización de 38,3 millones de dólares a familiares de víctimas. Así lo definió el jurado estadounidense para darle fin a un litigio que arrancó por demandas civiles iniciadas por nueve víctimas en el año en el que la empresa hizo la confesión. El juez acaba de fallar a favor de ocho de ellas.
En una corte de West Palm Beach, tras más de una década de
litigios, el dictamen del juicio civil señala que Chiquita - una multinacional
bananera consolidada en Estados Unidos en 1899 bajo el nombre de United Fruit
Company- no demostró que "la asistencia que brindó" al grupo
paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)
para proteger a sus empleados de la violencia fue resultado de una
"amenaza ilegal, inmediata e inminente" por parte de este grupo
terrorista.
Tampoco se comprobó que "no tenía otra alternativa
razonable" más que la de "proporcionar asistencia a las AUC",
según consta en el veredicto, que además señala que esta ayuda a los
paramilitares constituyó "una actividad peligrosa" que aumentó el
riesgo para los miembros de la comunidad.
Esto luego de que el juez Kenneth Marra y 10 jurados
escucharon las versiones de los campesinos, de la empresa y de algunos exjefes
de las AUC como Salvatore Mancuso.
Los demandantes son familiares de las víctimas de la
violencia, especialmente
en la región bananera de Urabá (Colombia), entre los que se encuentran
maridos e hijos que fueron objetivos de asesinatos por las AUC, según sus
abogados.
Agnieszka Fryszman, una de las abogadas que llevan el caso,
declaró:
Nuestros clientes arriesgaron sus vidas para pedir cuentas a
Chiquita, depositando su fe en el sistema judicial de Estados Unidos
La reparación económica estaría entre 2 y 2,7 millones
de dólares por víctima. Algunos de los demandantes son Víctor Palencia Gómez,
padre de Carlos Arturo Palencia Sibaja, quien percibirá 2,4 millones de dólares
de indemnización; o Janeth Rivera Vargas y Nini Johana Molina Rivera, esposa e
hija, respectivamente, de Albeiro Antonio Molina Román, quienes recibirán una
indemnización de 2,1 millones de dólares, cada una.
Antecedentes de un proceso de casi dos décadas
Chiquita Brands International cerró sus operaciones en
Colombia en 2004 y, tres años después, en una corte de Nueva York,
admitió que había pagado a paramilitares colombianos 1,7 millones de dólares.
La empresa aseguró que lo hizo como víctima de extorsión,
entre 1997 y 2004, para así proteger a sus empleados.
Las AUC fueron designadas en 2001 como una organización
terrorista extranjera en Estados Unidos, esa designación convirtió ese apoyo en un delito
federal, pese a que en 2014 fueron retiradas de la lista de terrorismo por la
misma nación del norte de América.
Aunque algunos familiares, cuyos seres queridos fueron
asesinados por los grupos que financió, presentaron demandas contra Chiquita,
la empresa no los había indemnizado, pues en 2007 llegó a un arreglo
judicial que le supuso una multa de 25 millones de dólares, que no estaba
destinada a las víctimas.
Más de 7.000 personas han interpuesto acciones legales
respecto de Chiquita y su relación con grupos paramilitares en la subregión del
Urabá antioqueño y Magdalena Medio, según explicó Earth Rights Internacional a
el diario El país.
Los familiares de las víctimas sostenían que la empresa de
frutas y verduras se asoció voluntariamente con las AUC para proteger su
negocio y no a los trabajadores.
Esta vez, los demandantes alegaron que Chiquita pagó a las
AUC casi 2 millones de dólares a
pesar de saber que el grupo estaba implicado en un reino del terror.
El jurado aceptó ese argumento probando que el dinero
transferido a los paramilitares se utilizó para cometer crímenes de
guerra como
homicidios, secuestros, extorsiones, torturas y desapariciones forzadas.
Las AUC, ayudadas en ocasiones por miembros de las fuerzas
armadas, sembraron el terror desde finales de la década de los noventa, como
parte de una encarnizada guerra contra las guerrillas colombianas de extrema
izquierda.
El grupo se desmovilizó entre 2003 y 2006, confesó sus
crímenes y aceptó indemnizar a las víctimas.
Marco Simons, consejero general de EarthRights International,
dijo en un comunicado:
Este veredicto envía un poderoso mensaje a las corporaciones
de todo el mundo: beneficiarse de abusos contra los derechos humanos no quedará
impune. Estas familias, víctimas de grupos armados y corporaciones, hicieron
valer su poder y prevalecieron en el proceso judicial
EarthRights International es uno de los grupos que
presentaron, hace 17 años, en la Corte Federal de Nueva Jersey, la primera
demanda contra Chiquita Brands, acusando a esa empresa de haber apoyado
económicamente a ese grupo de paramilitares en Colombia.
"Este fallo histórico marca la primera vez que un jurado
estadounidense considera responsable a una importante corporación
estadounidense por complicidad en graves abusos contra los derechos humanos en
otro país, un hito para la justicia", hizo hincapié EarthRights International.
La izquierda colombiana celebra
Luego de darse a conocer el fallo, el director del
Departamento Nacional de Planeación (DNP), Alexander López, consideró en la red
social X que "esta condena es una reivindicación para las víctimas de la
multinacional".
También el exdirector de la Agencia Nacional de Tierras
(ANT), Gerardo Vega, manifestó que, si bien este fallo es importante, aún falta
"que la justicia colombiana proceda y condene a las empresas que eran
filiales de Chiquita".
Por su parte, Carlos Caicedo, exalcalde de Santa Marta y
exgobernador del departamento caribeño de Magdalena, donde también hay grandes
extensiones de tierra dedicadas al cultivo del banano, expresó en la red social
X que "El apoyo de esos empresarios, con más de 1,7 millones de dólares,
les permitió a los paramilitares aumentar su presencia en el Magdalena y el
Urabá, donde asediaron a las comunidades y dejaron en varias zonas un modelo de
producción proclive al narcotráfico"
Fuente: France 24 / Imagen: Keith Srakocic, AP.