Por Carlos Seijas Meneses
Caracas. Las empresas
privadas en Venezuela enfrentan, según organizaciones gremiales, una “alta
carga fiscal” a la que ahora se suma una contribución mensual recientemente
creada para mejorar las pensiones -equivalentes hoy a unos 3,5 dólares al mes.
Una pensión que reciben más de cinco millones de adultos mayores.
El 8 de mayo, el presidente Nicolás Maduro promulgó la ‘Ley
de Protección de las Pensiones’, que crea una “contribución especial” de hasta
el 15 % del total de los pagos realizados “por concepto de salario y
bonificaciones de carácter no salarial”.
Esta debe ser “declarada y pagada mensualmente”, con el fin
de “mitigar el impacto negativo” de las sanciones en los ingresos de los
pensionados.
Un propósito “loable” con un empresariado “agotado”
Para el abogado Juan Korody, presidente de la Asociación
Venezolana de Derecho Tributario (AVDT), si bien el propósito de mejorar las
pensiones es “loable”, el empresario privado tiene “prácticamente su capacidad
económica agotada”. Esto a causa de la “excesiva carga fiscal” que -afirma- hay
en el país.
El experto dijo a EFE que “la tributación en Venezuela se
encuentra totalmente desarmonizada y llena de cargas materiales y formales”.
Fotografía del abogado y presidente de la Asociación
Venezolana de Derecho Tributario Juan Korody, durante una entrevista con EFE en
Caracas (Venezuela). EFE/Miguel Gutiérrez
Explicó que las empresas destinan, en promedio, un 80 % de su
utilidad en el pago de los tributos. Esto las deja con poco margen para otros
aspectos, como inversiones, adquisición de equipos, salarios y ganancias.
Por tanto, “no es el momento de un nuevo aporte fiscal”, sino
de “armonizar” los tributos que “ya existen”.
Un nuevo “impuesto”
De acuerdo con la ley, el jefe de Estado “establecerá,
anualmente, el porcentaje correspondiente de la contribución”, que para esta
primera vez fijó en un 9 %, tres puntos más de lo sugerido por empresarios.
A juicio de Korody, la carga fiscal aumenta con este
“impuesto”, lo que tiene un impacto -advirtió- en los precios de los productos
que pagan los consumidores. Así como en la capacidad de las empresas para
incrementar los salarios o hacer nuevas contrataciones.
La Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria),
según dijo a EFE su primer vicepresidente, Francisco Acevedo, había pedido que
el porcentaje no superara el 6 % y que se exonerase el pago para “los sectores
prioritarios”.
Además, propuso un “tope máximo” equivalente hoy a 390
dólares para que “no se castiguen los esfuerzos de las empresas que mejor
pagan”. Que son, principalmente, las grandes, donde los salarios oscilan entre
los 249 dólares (obrero y operador) y los 1.003 dólares (gerente), según
Conindustria.
El diputado chavista Ramón Lobo, exministro de Economía, dijo
a EFE que el nuevo aporte para las pensiones “es deducible del ISLR (Impuesto
Sobre la Renta)”, por lo que puede incluirse “como gasto de la empresa al momento”
de la declaración.
La “excesiva” carga fiscal
Conindustria ha advertido, en numerosas ocasiones, que los
“excesivos tributos fiscales y parafiscales” representan uno de los principales
factores que afectan la actividad manufacturera.
La organización industrial considera que el aumento de la
recaudación “debe venir por mayor actividad económica, no por el aumento de
tasas impositivas”. Pues “es muy difícil para el industrial mantener un
crecimiento sostenido con el incremento constante de tasas y tributos”.
Según cifras oficiales, Venezuela recaudó unos 3.161 millones
de dólares en impuestos el primer cuatrimestre del año, un alza del 77,5 %
frente a los 1.780 millones del mismo período de 2023.
En un comunicado, Fedecámaras, la mayor patronal del país,
expresó su “preocupación” debido a que “la aplicación de esta contribución
agrega mayor presión fiscal a las empresas”.
A su vez, advirtió que, como consecuencia, “se verá afectada
la rentabilidad, limitando las inversiones y la mejora en el ingreso de los
trabajadores, estimulándose el empleo informal”.
De acuerdo con Korody, las obligaciones se incrementan en la
medida en que la empresa tenga presencia en varios municipios o si pertenece a
alguno de los sectores gravados con tributos especiales.
Indicó que, en promedio, una empresa tiene que “hacer 200 o
más declaraciones al año”, lo que genera “una carga material, formal, muy
impresionante”. Además, esta tiene su costo, que se traduce en inversiones en
sistemas de tecnología y personal calificado.
Por tanto, propone encuentros con las autoridades, con
estudios sobre el impacto económico de la carga fiscal, para evaluar qué
tributos “tienen que seguir existiendo” y cómo se deben pagar.
Fuente: EFE / España.
