En octubre, Estados Unidos levantó temporalmente
algunas de sus sanciones contra Venezuela, que se centraban principalmente en
la industria petrolera del país. Estaba previsto que el indulto finalizara el
jueves. Justo antes de la fecha límite, la administración Biden dijo que la
mayoría de las compañías petroleras que operan en Venezuela tienen hasta
finales de mayo para cerrar sus negocios o solicitar una nueva licencia.
En otras palabras: se avecina un nuevo régimen de sanciones.
El indulto inicial estuvo condicionado a que Nicolás Maduro
aceptara celebrar elecciones presidenciales algo más libres, previstas para el
28 de julio.
Desde entonces, Maduro ha roto el espíritu de ese acuerdo: la ganadora absoluta de las primarias de la oposición, María Corina Machado, sigue inhabilitada para ocupar cargos políticos y miembros de su partido han sido encarcelados. Al sustituto que ella nominó, una académica de 80 años, también se le impidió participar en las elecciones.
La administración Biden nunca se ha mostrado entusiasmada con
la idea de imponer sanciones contra Venezuela. Todavía no lo está.
Pero Maduro le está forzando la mano.
