- Las
fuerzas de seguridad reprimieron la disidencia y el derecho de reunión
pacífica en el Sáhara Occidental y agredieron físicamente a manifestantes.
- En
Marruecos se dictaron sentencias condenatorias contra al menos seis
personas -activistas, periodistas y un abogado- por ejercer pacíficamente
su derecho a la libertad de expresión.
- Las
autoridades siguen sin pedir cuentas por la muerte de al menos 37 personas
y la desaparición de 76 más por el uso excesivo de la fuerza contra unas
2.000 migrantes que intentaban cruzar la frontera entre Marruecos y
Melilla.
Contramutis
Las
autoridades marroquíes agredieron a manifestantes y reprimieron la disidencia
en el Sáhara Occidental, la excolonia española que Marruecos ocupa
desde finales de 1975 tras ser entregada por España y que está pendiente de
descolonización, según el último informe anual de Amnistía
Internacional (AI), correspondiente a 2023.
El estudio “La situación de los derechos humanos en el mundo”, hecho público el 24 de abril, detalla que en Marruecos se dictaron sentencias condenatorias contra al menos seis personas -entre ellas activistas, periodistas y un abogado- por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión y se infligieron tortura o malos tratos a algunas personas consideradas críticas con las autoridades.
Amnistía Internacional, que analiza en su informe la
situación de los DDHH en 155 países, expone, entre otras, las siguientes
observaciones sobre Marruecos y el Sáhara Occidental ocupado:
El 19 de enero, el Parlamento Europeo aprobó una resolución
sobre la situación de quienes ejercían el periodismo en Marruecos, en la que
instaba a las autoridades a respetarla libertad de expresión y la libertad de
los medios de comunicación.
Los tribunales siguieron mostrando intolerancia hacia la
libertad de expresión al condenar al menos a seis personas por expresar sus
opiniones.
El 20 de febrero, un tribunal de apelación condenó al
defensor de los derechos humanos Rida Benotmane a 18 meses de
prisión por cargos relacionados con publicaciones en redes sociales y vídeos de
YouTube de 2021 en los que criticaba los abusos de las fuerzas de seguridad,
pedía la liberación de las personas detenidas por motivos políticos y acusaba
al gobierno de reprimir la libertad de expresión.
En mayo, un tribunal de primera instancia condenó a la
activista Saida El Alami a dos años de prisión y al pago de una multa por “ofender
al rey”, algo que ella negaba. El 17 de mayo, el mismo tribunal
confirmó en apelación una condena a tres años de prisión impuesta al abogado
Mohamed Ziane por “insultar” a funcionarios e instituciones públicas, en
relación con un vídeo publicado en YouTube en el que criticaba al jefe de las
fuerzas de seguridad.
El 20 de julio, el Tribunal de Casación, máxima instancia
judicial marroquí, rechazó los recursos de los periodistas Omar Radi y
Soulaiman Raissouni, confirmando así sus penas de seis y cinco años de prisión,
respectivamente.
El 27 de noviembre, el Tribunal de Apelación de
Casablanca condenó a Said Boukiouda a tres años de prisión y al pago
de una multa por unos mensajes que había publicado en Facebook en diciembre de
2020 criticando las relaciones del gobierno con Israel.
SÁHARA OCCIDENTAL
En varias ocasiones, las autoridades reprimieron la
disidencia y el derecho de reunión pacífica en el Sáhara Occidental.
Entre el 4 de mayo y el 20 de junio, la policía vigiló en El
Aaiún, ciudad del norte del Sáhara Occidental, el domicilio de la
activista saharaui Mahfouda Lefkir a raíz de que ésta hubiera viajado
a Dajla, en el sur del Sáhara Occidental, para solidarizarse con activistas de
esta ciudad. Agentes encargados de hacer cumplir la ley la siguieron cada vez
que salía de su casa, abordaron y golpearon delante de la vivienda a activistas
que iban a visitarla, e insultaron a su familia y a ella.
El 14 de mayo, las autoridades expulsaron sin garantías
procesales, de El Aaiún a Agadir -ciudad costera del sur del país-, al ciudadano
italiano Roberto Cantoni, investigador que estudiaba el uso de energías
renovables en Marruecos y el Sáhara Occidental.
El 4 de septiembre, primer día de la primera visita de Staffan
De Mistura, enviado personal del Secretario General de las Naciones Unidas
para el Sáhara Occidental, al territorio, los agentes encargados de hacer
cumplir la ley dispersaron por la fuerza una protesta pacífica en El Aaiún.
Agredieron física y verbalmente al menos a 23 manifestantes saharauis, entre
quienes figuraban dos mujeres –Salha Boutenkiza y Mahfouda Lefkir- y Bouchri
Ben Taleb. Arrastraron por el suelo a las personas que se manifestaban y
las golpearon y amenazaron. El 7 de septiembre, agentes cargados de hacer
cumplir la ley detuvieron arbitrariamente en Dajla al menos a 4 activistas
saharauis -entre ellos Hassan Zerouali y Rachid Sghayer- y los retuvieron en la
comisaría de policía de OumBir durante 7 horas, lo que les impidió reunirse con
Staffan De Mistura.
El 21 de octubre, los agentes encargados de hacer cumplir la
ley impidieron que la organización saharaui de derechos humanos CODESA
(Colectivo de Defensores Saharauis de los Derechos Humanos) celebrara su primer
congreso nacional en El Aaiún. Según contaron a Amnistía Internacional personas
que iban a asistir al acto, las fuerzas del orden emplearon violencia física
contra ellas.
Las autoridades mantuvieron el cierre físico de la sede de la
Asociación Saharaui de Víctimas de Violaciones Graves de Derechos Humanos
Cometidas por el Estado Marroquí en El Aaiún, impuesto en 2022.
TORTURA Y OTROS MALOS TRATOS
Se infligieron tortura o malos tratos a algunas personas
consideradas críticas con las autoridades.
El 18 de abril, en el Aaiún, agentes encargados de hacer
cumplir la ley detuvieron arbitrariamente durante 90 minutos a Abd El Tawab El
Terkzi a raíz de que éste hubiera aparecido en un vídeo de un turista español
diciendo que se sentía orgulloso de ser saharaui y estaba a favor de la
autodeterminación de su pueblo. Los agentes lo sometieron tortura y otros malos
tratos, consistentes en esposarlo, abofetearlo, escupirle y amenazar con
violarlo y matarlo con ácido.
A fecha de mayo de 2023, se había negado el derecho a leer y
escribir en prisión al menos a 5 personas, a saber: Rida Benotmane,
escritor y miembro de la Asociación Marroquí por la Defensa de los Derechos
Humanos; Mohamed Ziane, de 80 años, abogado de derechos humanos y personalidad
académica, y los periodistas Taoufik Bouachrine, Omar Radi y Soulaiman
Raissouni.
En febrero, Marruecos devolvió a su país sin el debido
proceso al ciudadano saudí Hassan Al Rabea, que corría peligro de sufrir allí
tortura y otras violaciones de derechos humanos. Agentes de seguridad
marroquíes lo habían detenido el 14 de enero en el aeropuerto de Marrakech a
petición de Arabia Saudí, que lo acusaba de delitos de terrorismo.
MUJERES Y PERSONAS LGTBI
La legislación nacional consolidaba la desigualdad de género,
incluso en relación con el derecho de las mujeres a la herencia y a la custodia
de hijos e hijas. El Código Penal castigaba el aborto a menos que fuera
necesario para preservar “la saludo la vida de la madre” y lo practicaran
profesionales de la medicina o la cirugía. Las mujeres que abortaran o
intentaran abortar fuera de estas excepciones legales se enfrentaban a penas de
entre seis meses y dos años de prisión y a una multa. El Código Penal también
castigaba a toda persona implicada en la práctica de un aborto con penas de
entre uno y cinco años de prisión (el doble si lo hacía de forma habitual) y
una multa.
El artículo 489 del Código Penal castigaba la conducta sexual
entre adultos del mismo sexo, o actos “contra natura”, con penas de entre seis
meses y tres años de prisión y multas.
En abril, Le Desk, medio de noticias digital marroquí,
informó de que un colegio francés de Kenitra, ciudad del noroeste de Marruecos,
había despedido a una profesora después de que un grupo de padres hubiera
presentado una denuncia en febrero por “apología de la homosexualidad” debido a
que la docente animaba al alumnado a aceptar las relaciones sexuales entre
personas del mismo sexo.
Las autoridades siguieron sin pedir cuentas a nadie por la
muerte de al menos 37 personas y la desaparición de 76 más el 24 de junio de
2022, cuando las fuerzas de seguridad marroquíes y españolas habían hecho uso
excesivo de la fuerza contra unas 2.000 personas migrantes subsaharianas que
intentaban cruzar la frontera entre Marruecos y el enclave español de Melilla.
Los tribunales siguieron imponiendo condenas a muerte. La
última ejecución había tenido lugar en 1993.
Tomado de ECS