Dicen que la “alianza del gobierno con sectores
religiosos agrava la discriminación”.
El pasado 23 de julio fueron detenidas arbitraria e ilegalmente, 33 personas en la ciudad de Valencia, estado Carabobo, que se encontraban en un local de esparcimiento privado. De acuerdo a la información suministrada a través de redes sociales, presuntamente la detención se produjo por “ultraje al pudor”, luego de una denuncia anónima hecha por vía telefónica y ejecutada por funcionarios de la Policía Bolivariana de Venezuela (PNB), quienes develaron los nombres de las personas, y difundieron el acta policial y objetos personales, además de sus cédulas de identidad y fotografías de las 33 personas, en un procedimiento a todas luces irregular e ilegal.
Organizaciones
sociales de la comunidad sexogénero diversa alertaron de la irregular
situación, debido a que la verdadera motivación de la detención es la
orientación sexual de las personas detenidas. Estas personas, tras ser
expuestas al escarnio público, fueron recluidos en una estación en la zona de
Los Guayos, y posteriormente trasladados al Palacio de Justicia de Carabobo
para ser presentados ante el Ministerio Público, sin embargo, después de varios
diferimientos, después de 3 días, fue que el Ministerio Público realizó la
audiencia acusando a estas 33 personas, de ultraje al pudor, agavillamiento y contaminación
sónica. A las 10:00 p.m. de éste día, se conoció que 30 de los detenidos
quedarán bajo régimen de presentación por 3 meses, es decir, no se otorgó la
libertad plena, mientras que permanecen privados de libertad, al dueño del
local y 2 empleados.
De esta forma
se sienta un alarmante precedente que agrava la vulnerabilidad de las personas
LGBTIQ+ y de toda la población en general, ya que pone en evidencia rasgos
totalitarios de un Estado que se inmiscuye en la vida privada de personas
adultas bajo pretextos morales
Funcionarios
y policías utilizan la homofobia estatal para extorsionar
El
Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+ ha hecho pública la denuncia de
extorsión: “Durante el proceso, varios grupos familiares han informado que están
siendo extorsionados por funcionarios”.
Desde Mujeres
en Lucha, exigimos la libertad inmediata y plena de las 33 personas adultas,
arbitraria e ilegalmente detenidas solo por su orientación sexual.
Responsabilizamos
al gobierno conservador y de falso socialismo de Maduro, el cual le cede a
organismos policiales y funcionarios corruptos que usan la homofobia estatal
para extorsionar y criminalizar.
Alianza del
gobierno con sectores religiosos agrava la discriminación
Situación que
se ha venido agravando de manera progresiva a raíz de las recientes expresiones
de alianza y colaboración del gobierno de Maduro con grupos religiosos,
fundamentalistas, católicos, evangélicos y demás sectas religiosas, manifestado
en hechos como destinar recursos públicos para la refacción de templos
religiosos, y la participación de diputados y funcionarios del gobierno en
actos religiosos en la vía pública, a través de los cuales estos grupos anti
derechos solicitan al Estado que se prohíba la educación sexual integral en las
escuelas del país.
Solo con la
movilización derrotaremos la discriminación y la homofobia, afirmaron.
