Controlada por un
congreso de mayoría derechista y ultraderechista, traicionó a la fuerza política
que la llevó al gobierno.
Desde Lima
Se han cumplido cien días del proceso de restauración conservadora y autoritaria con el gobierno de Dina Boluarte. Una restauración derechista que se sostiene en una brutal represión y la persecución judicial contra dirigentes sociales y manifestantes antigubernamentales. El trágico balance de los cien días de Boluarte es de 66 muertos, 48 de ellos por disparos de la policía y del ejército durante las protestas exigiendo la salida de la presidenta y del Congreso y el adelanto de las elecciones programadas para 2026. La gran mayoría de muertos son pobladores de las comunidades indígenas andinas. Estos crímenes están impunes. La derecha parlamentaria y la prensa hegemónica alientan la represión, y junto con el gobierno criminalizan las protestas y aplauden a las fuerzas de seguridad acusadas de disparar contra manifestantes.
Boluarte reemplazó el 7 de diciembre a Pedro Castillo, luego
que éste fuera destituido y encarcelado tras su fallido intento de cerrar el
Congreso. Abogada de 60 años y exfuncionaria de nivel medio del Registro
Nacional de Identificación y Estado Civil, Boluarte era una desconocida en la
política hasta que llegó a la vicepresidencia con los votos que convirtieron
a Pedro Castillo en presidente. Lo primero que hizo al asumir
el poder fue traicionar los principios políticos y las promesas que
levantó en la campaña al aliarse con la derecha y la ultraderecha que habían
complotado para derrocar al gobierno al que ella perteneció. Protestas,
represión y muerte han sido el precio de esa traición.
La mutación
“Es impresionante la mutación, el cambio, que ha sufrido
Boluarte”, le declaró a Página/ 12 el historiador, antropólogo
y analista político Carlos Monge. “Apenas Castillo fue destituido
por su absurdo golpe de Estado fracasado, Boluarte mutó, fue como un cambio
genético, un cambio de especie, y pasó a establecer una sólida alianza con los
mismos sectores políticos que la habían acusado de todo tipo de cosas cuando
era parte del gobierno de Castillo. De aliada muy íntima de un proyecto
de izquierda radical, al menos en el verbo aunque no en la acción, ha pasado a
ser la cabeza de un gobierno autoritario de derecha. La razón fundamental de
ese cambio es la ambición”.
Las protestas estallaron luego de la caída de Castillo en el
sur andino -donde él tenía su mayor respaldo- y en las primeras dos semanas del
gobierno de Boluarte la represión causó 22 muertos. Después de una breve tregua
por las fiestas de fin de año, el 9 de enero 18 manifestantes fueron muertos a
balazos en Juliaca, ciudad de la altiplánica región de Puno, epicentro de las
mayores protestas. La represión alimentó la indignación popular. Las protestas
y bloqueos de vías aumentaron, y la represión siguió sumando muertos, heridos y
detenidos. Pobladores de las regiones andinas se movilizaron llevar la protesta
a Lima. Por participar en las movilizaciones sociales, dirigentes y
manifestantes han sido detenidos y denunciados arbitrariamente por terrorismo y
organización criminal. Un policía murió quemado y seis soldados se
ahogaron en un río cuando dejaban una zona de Puno tras ser expulsados por los
campesinos. Once civiles han fallecido por no llegar a tiempo a un centro de
salud y por accidentes que las autoridades atribuyen a los bloqueos de vías.
Repliegue temporal
Las protestas, golpeadas por la represión y con signos de
agotamiento después de más de tres meses de movilizaciones, han disminuido,
pero no han cedido. La sensación es la de un repliegue temporal. En Puno se
mantiene una huelga indefinida. El rechazo al Gobierno y al Congreso crecen. De
acuerdo a una reciente encuesta de CPI, la desaprobación a la gestión
de Boluarte es de 76,1 por ciento (89,5 por ciento en el sur y centro
andino) y su aprobación de 20,1 por ciento. El Congreso
derechista que la respalda tiene un rechazo de 90,2 por ciento y un
respaldo de apenas 6,5 por ciento. Un 80,2 por ciento está a favor del adelanto
de elecciones para este año, algo que el Congreso ha bloqueado.
El Coordinador Nacional de Derechos Humanos ha
calificado las acciones represivas como “crímenes de lesa humanidad”. Una misión
argentina de derechos humanos que viajó a Perú se ha pronunciado en el
mismo sentido. Amnistía Internacional ha señalado que las acciones de las
fuerzas de seguridad implican “delitos contra el derecho internacional” y ha
denunciado que la represión tiene un sesgo racista contra la población indígena
andina. Ocho relatores han firmado un documento del Alto Comisionado
sobre Derechos Humanos de las Naciones Unidas denunciando “el uso
excesivo de la fuerza” y se demandando “investigaciones exhaustivas, rápidas,
eficaces, imparciales e independientes”.
Genocidio
La Fiscalía de la Nación ha abierto una investigación por
genocidio contra Boluarte y algunos de sus ministros, pero hay poca confianza en la real
voluntad de investigar de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides,
cuestionada por corrupción y respaldada por la derecha. Benavides ha debilitado
las fiscalías de derechos humanos y fortalecido las de terrorismo para procesar
a dirigentes y manifestantes. Las investigaciones fiscales a policías y
militares avanzan lentamente, sin resultados hasta ahora.
A pesar de las evidencias -autopsias, videos, testimonios- de
que las fuerzas de seguridad han disparado con fusiles contra la población, el
gobierno insiste que no ha ordenado el uso de armas letales. Boluarte y sus ministros
respaldan a las fuerzas de seguridad acusadas de disparar contra la población. La
presidenta lanzó la absurda acusación de que los manifestantes se habían
disparado y matado entre ellos. El gobierno ha calificado las acciones
policiales durante la represión como “inmaculadas” y ha dicho que los policías
acusados de excesos represivos son “héroes” y los ha premiado con un bono
económico.
El sociólogo y analista político Alberto Adrianzén le
señaló a este diario que el origen del gobierno de Boluarte fue legal, pero
precisó que “ya no tiene legitimidad por el alto nivel de rechazo que concita.
“Este es un gobierno represivo de derecha que está legalizando la toma que está
haciendo la derecha de instituciones fundamentales de la democracia, como los organismos
electorales o el Tribunal Constitucional (TC). Boluarte es parte de un plan de
la derecha para copar las instituciones para asegurarse ganar las próximas
elecciones. Ella gobierna lo que puede gobernar, pero las medidas sustantivas
las está tomando el Congreso que controla la derecha”. Adrianzén propone
que los legisladores de izquierda abandonen el Congreso de mayoría derechista
“para no avalar, legitimar y legalizar con su presencia los atropellos que se
hacen en el Congreso contra la democracia”.
Monge a su vez califica al gobierno de Boluarte como
“autoritario” “ultraconservador”, “mafioso en su relación con las economías
ilegales” y “racista” por sus ataques contra las poblaciones quechuas y
aymaras. Señala que el gobierno se sostiene “en el aparato militar y
élites políticas y empresariales minoritarias que lo único que quieren es
preservar sus privilegios”. Advierte que “se está transitando de un
gobierno autoritario hacia un régimen autoritario, que es algo mucho más
grave”. Coincide con Adrianzén en que hay un plan en marcha de la derecha para
capturar los organismos electorales y otras instituciones con un conjunto de
reformas, para asegurar que alguien de izquierda, progresista, no gobierne el
país. “El TC ultraconservador acaba de ungir al Congreso de poderes casi
absolutos, generando un régimen de dictadura parlamentaria, y desde el Congreso
van por la captura de los organismos electorales”. Dice Monge que logrado ese
objetivo la derecha dejará caer a Boluarte y dará luz verde al adelanto de las
elecciones. “Cuando Boluarte haya cumplido su rol a favor de la
derecha, esa derecha le va a decir ´ya no me sirves´, como una familia de la
élite limeña despide a un viejo mayordomo que le sirvió con lealtad y devoción.
El futuro de Boluarte es la cárcel”.
Página 12 / Argentina. Imagen: EFE
