Caracas.
En la recién culminada reunión del Consejo Presidencial de la Federación
Sindical Mundial (FSM), realizado este 3 y 4 de marzo en Chipre, la delegación
venezolana denunció las políticas de corte neoliberal del gobierno de Nicolás
Maduro, que junto a las nefastas consecuencias de las sanciones, mantienen
salarios y pensiones casi inexistentes de 5$ al mes.
Así lo
expresó el dirigente Pedro Eusse, de la Central Unitaria de Trabajadores de
Venezuela (CUTV) y del Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora(FNLCT)
durante su intervención en el cónclave sindical internacional.
Eusse recordó que es una política mundial "destruir los derechos de las y los trabajadores(as) activos(as) y jubilados(as) y de someter a los pueblos".
"En
Venezuela, el proceso que se iniciara con el Presidente Chávez, ahora, con el
Gobierno del Presidente Maduro, se ha degradado a un proceso regresivo y
reaccionario con una retórica seudorevolucionaria que no tiene ninguna
correspondencia con las políticas públicas que se ejecutan", prosiguió.
"La
industria petrolera venezolana y con ella toda la economía nacional, colapsó
como resultado de su descapitalización al ser empleada como medio de
enriquecimiento privado por diversas vías, luego las sanciones imperialistas
terminaron de agravar al extremo la situación", argumentó el
dirigente.
"La
hipocresía y el cinismo de un gobierno que exige sacrificios al pueblo
trabajador quedan en evidencia, cuando se ufana en informar que pese a los
menguados ingresos petroleros y a las dificultades económicas, canceló 109 mil
millones de dólares por pago de deuda externa, desde el año 2013 hasta el
2017", indica.
"Pero
además, el Gobierno Nacional suministra divisas del Estado a la oligarquía y a
las mafias corporativas con la excusa de supuestamente procurar estabilizar la
moneda nacional que se devalúa diariamente, mientras sostiene que no hay dinero
para mejorar los salarios ni para la seguridad social ni para repotenciar las
empresas estatales, que vienen siendo privatizadas secretamente", detalló.
"El
gobierno del Presidente Maduro optó por políticas de corte neoliberal, con la
finalidad de atraer y mantener inversiones privadas presentando como principal
ventaja competitiva a una fuerza de trabajo con los peores salarios del
continente y quizás del mundo; el salario mínimo en Venezuela, al igual que las
pensiones, está por los 5 dólares mensuales, en medio de una incesante
inflación que ha sido impulsada por la liberación de precios y de
ganancias".
"En
esas condiciones, nuestros jubilados(as) y pensionados(as) son sometidos(as)
prácticamente a una política de exterminio, con una pensión miserable, sin
acceso a alimentos adecuados, medicinas y atención médica",
denunció.
"Pero
además, bajo la justificación del bloqueo, se adelanta una salvaje
desregulación laboral que ha llevado al desmontaje de las convenciones
colectivas, de la libertad sindical y del derecho a huelga", aseveró al
tiempo que señaló el carácter antidemocrático y autoritario de la élite
gobernante que en los últimos 10 años criminaliza con saña a trabajadores y
trabajadoras que luchan por derechos o denuncian corrupción administrativa,
estimándose en más de 133 las y los trabajadores(as) judicializados(as)
injustamente.
"Toda
esa situación, ha llevado a que desde el 9 de enero las maestras y maestros y
profesores(as) de educación básica y media, sumando a trabajadores(as)
universitarios(as) y de la salud, entre otros, hayan protagonizado
multitudinarias manifestaciones en todo el territorio nacional, exigiendo
salarios dignos a través de la firma de la convención colectiva de trabajo cuya
negociación el gobierno ha paralizado con el aval de las direcciones sindicales
desclasadas y patronales", expresó.
"El
diálogo tripartito promovido por la OIT, donde la representación de la patronal
privada, con la complicidad de centrales sindicales pro-capitalistas, avanza en
su propósito de desalarizar o bonificar las remuneraciones y de ese modo
reducir costos y maximizar ganancias, reduciendo o eliminando las
indemnizaciones por prestaciones sociales y otros conceptos legales. El
Gobierno contribuye a ello impidiendo la participación en esos debates de las
centrales sindicales que nos oponemos a tales pretensiones", aseguró.
Con nota
de prensa.
