Caracas. La reciente excarcelación y salida inmediata de
Venezuela del exministro de Interior Miguel Rodríguez Torres se convierte,
según expertos, en una "pena de exilio" de facto que, al ser contraria
a la Constitución y estar abolida desde 1863, es una fórmula velada, puesto que
no hay sentencia formal ni pronunciamiento por parte de las autoridades.
Rodríguez Torres fue liberado tras casi cinco años preso y se
unió a una lista de otros seis venezolanos, considerados "presos
políticos", que lograron su libertad, pero fuera de las fronteras del
país.
Tras su liberación el pasado 21 de enero, el exministro expresó su satisfacción por recuperar la libertad, pero se mostró contrariado por la obligación de salir de Venezuela y no poder vivir en su país, aunque no entró en detalles sobre cómo se acordó la operación.
"Es un momento que para mí es contradictorio, (de) mucha
felicidad porque he salido en libertad después de cinco años en lo que llamé la
caja gris, (pero) me dispongo a viajar fuera de mi tierra, dejar a mi Venezuela
amada", expresó.
ES UN CASTIGO
El director de la ONG Acceso a la Justicia, Ali Daniels,
explicó a EFE que con este y otros casos anteriores se aplica "una condena
al exilio", aunque no exista una sentencia de un tribunal.
"Demuestran que en Venezuela existe la pena de exilio,
independientemente de que los órganos judiciales la dicten o no, pero en la
práctica se está aplicando, y eso viola los estándares internacionales porque
se están aplicando penas que no existen en la normativa jurídica", agregó.
La Constitución establece que ningún acto del Poder Público
podrá establecer la pena de extrañamiento del territorio contra sus ciudadanos.
La "pena de exilio" se mantuvo en el siglo XIX,
hasta que en 1863 el entonces presidente Juan Crisóstomo Falcón emitió el
Decreto de Garantías en el que eliminaba, entre otras penas, la de destierro.
VICTIMARIO Y VÍCTIMA
Rodríguez Torres, un general de la Fuerza Armada que fue jefe
del servicio de Inteligencia, dirigió la respuesta policial del Gobierno a las
protestas antigubernamentales de 2014 que se saldaron con 43 muertos y cientos
de heridos.
En 2018, fue arrestado por efectivos de Inteligencia y, desde
entonces, sus abogados y familiares denunciaron malos tratos en prisión, así
como la falta de atención médica que agravó sus condiciones de salud.
A juicio de Daniels, el caso es un resumen de "lo bueno
y lo malo" de la Justicia venezolana, porque hubo un "juicio donde no
se sabe cuáles eran las pruebas en contra de él, era un juicio, evidentemente,
arbitrario, pero al mismo tiempo demuestra la impunidad, porque esta persona es
un represor".
El abogado espera que, una vez la Corte Penal Internacional
(CPI) decida reanudar la investigación de Venezuela por presuntos crímenes de
lesa humanidad, el testimonio de Rodríguez Torres sea incluido.
Al margen de su pasado y atendiendo a su situación actual,
España lo acogió -dijo el ministro de Exteriores del país europeo, José Manuel
Albares- "con el mismo estatus que se les concede a los venezolanos y que
permiten la residencia de manera autónoma", y agregó que, en este caso,
hubo una "mediación de carácter humanitario" sin dar más detalles.
La mediación corrió a cargo, según el liberado, del
expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, a quien agradeció su
gestión, junto a representantes de Naciones Unidas, el chavismo y la oposición.
UNA LISTA QUE SE AMPLÍA
Desde 2016, se registraron otros seis casos de venezolanos,
considerados presos políticos, que al ser liberados salieron inmediatamente del
país, sin un pronunciamiento oficial que explicara esta situación.
Los dirigentes opositores Francisco Márquez y Gabriel San
Miguel fueron liberados en 2016 y directamente viajaron hasta España.
Un caso similar ocurrió en 2018 con el antichavista Lorent
Saleh, excarcelado por "riesgo de suicidio", tras cuatro años preso
acusado de planear actos terroristas y contra el Estado. Tras su excarcelación,
llegó a España con el entonces secretario de Estado español para Cooperación y
para Iberoamérica y el Caribe, Juan Pablo de Laiglesia.
Los exdiputados opositores Mariela Magallanes y Américo De
Grazia estaban refugiados en la embajada de Italia en Caracas desde mayo de
2019, tras ser acusados de participar en un conato de levantamiento militar en
abril de ese año. Siete meses después, viajaron a Italia con el senador
conservador Pier Ferdinando Casini, en una misión coordinada por el Ministerio
de Exteriores italiano.
Vilca Fernández, de 34 años, exlíder estudiantil, estaba
detenido desde el 31 de enero de 2016 bajo acusaciones de "instigación al
odio y difusión de información falsa", tras escribir un tuit contra el
oficialista Diosdado Cabello que decía: "Tienes los días contados en el
poder". Salió de prisión en 2018 y, de inmediato, viajó a Perú.
Sarai Coscojuela
Agencia EFE / Tomado
de yahoo.es
