Organizaciones de derechos humanos
de Nicaragua denuncian un nuevo patrón represivo del régimen Ortega Murillo.
El Gobierno de Daniel Ortega está tomando como "rehenes" a familiares de disidentes sandinistas u opositores, con el fin de obligarlos a que entreguen a sus parientes que han huido de Nicaragua, denunciaron este viernes (16.09.2022) organismos de derechos humanos de ese país centroamericano.
"Este comportamiento delincuencial no tiene precedentes en la historia, no es característico de ninguna dictadura, posee los ribetes de un secuestro donde el secuestrador se apodera de víctimas inocentes, las toma como rehenes para lograr capturar a la persona a quien quiere secuestrar", señaló el Cenidh en una declaración pública.
Ese organismo, crítico con el
Gobierno de Ortega, aseguró que "en las últimas semanas" ha dado
seguimiento y "documentado un nuevo patrón represivo del régimen Ortega
Murillo en contra" del movimiento político Unión Democrática Renovadora
(Unamos), antiguo Movimiento Renovador Sandinista (MRS), que incluye a sus
familiares.
Acciones arbitrarias e
inconstitucionales
Citado por el diario La Prensa, el
abogado Gonzalo Carrión, del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca +,
señaló que “la captura de familiares, de seres queridos de las personas
perseguidas” por parte la policía evidencia “un patrón de acciones arbitrarias
e inconstitucionales” del régimen de Ortega.
El rotativo denunció la detención
de Jeannine Horvilleur, de 63 años, y de su hija Patricia Álvarez Horvilleur,
sacadas por la fuerza de su casa por la policía y detenidas sin mediar orden
judicial, por ser familiares de un opositor que huyó del país.
"A nivel nacional se ha
desatado una estrategia de acoso, persecución, amenazas, e incluso detenciones
arbitrarias de integrantes del partido y sus familiares. Se registran más de 10
al cierre de esta nota", sostuvo el Cenidh.
Piden "acciones urgentes"
Para el Cenidh, las detenciones de
familiares desvinculados de la política "supera la gravedad delictiva del
secuestro extorsivo, que, según el Código Penal, es cuando se exige un rescate
o cualquier utilidad monetaria".
"En este caso el régimen está
exigiendo la vida, la integridad y seguridad de seres humanos inocentes, por
eso toma como rehenes a los familiares de las víctimas a las que está
criminalizando para capturarlas, masificando la victimización y violándoles el
derecho a la libertad individual, la integridad personal, física y psicológica,
el derecho a la presunción de inocencia, entre otros", advirtió.
Para el Cenidh, las detenciones de
los familiares de opositores "no es una persecución coyuntural" de
cara a las elecciones municipales de noviembre próximo, sino que "estamos
ante una evidente decisión de aniquilamiento política y físicamente" de
los disidentes.
Por tanto, ese organismo lanzó
"esta alerta urgente a nivel nacional e internacional" y pidió a
todas las organizaciones de la sociedad civil nicaragüense, de derechos humanos
y organizaciones que dan seguimiento a la crisis de Nicaragua desde el
exterior, "a valorar y priorizar esta situación en su agenda de
acompañamiento e impulsar acciones urgentes".
Llamado a la CIDH
Particularmente hizo un
"llamado especial" a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH), al Mecanismo Especializado de Seguimiento a Nicaragua (Meseni) y a la
Oficina de la ONU para los Derechos Humanos (Oacnudh), "a analizar esta
situación e impulsar acciones en concordancia con la gravedad y urgencia que el
caso amerita".
Nicaragua atraviesa una crisis
política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las
controvertidas elecciones generales del pasado 7 de noviembre, en las que
Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto
con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con siete de sus
potenciales rivales en prisión y dos en el exilio.
jc (efe, La Prensa) Texto tomado de
D.W / Alemania.
