Jefes de servicios de inteligencia
civil y militar de Venezuela han cometido crímenes de lesa humanidad para
reprimir a la oposición, dirigidos por el presidente Nicolás Maduro y sus
colaboradores, denunció la ONU.
"El presidente Nicolás Maduro y otras autoridades de alto nivel (...) fueron los artífices en el diseño, implementación y mantenimiento de una maquinaria para reprimir a la disidencia", señaló este martes (20.09.2022) una misión internacional de investigación creada por Naciones Unidas para Venezuela.
"Incluidos actos de tortura y
violencia sexual"
"El Estado venezolano utiliza
los servicios de inteligencia y a sus agentes para reprimir la disidencia en el
país. Esto conduce a la comisión de graves delitos y violaciones de los
derechos humanos, incluidos actos de tortura y violencia sexual", afirma
un extenso informe que la misión presentó a la prensa.
Este informe ahonda en los
hallazgos que esta misma misión expuso en 2020 y ahora se centra en las
actividades de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y el
Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
En el caso del Sebin, el informe
señala como responsables al actual director general, Gustavo Enrique González,
al director del Helicoide (principal centro de detención) entre 2014 y 2018,
Carlos Alberto Calderón; y a su número dos en ese periodo, Ronny González.
En la Dgcim se menciona al director
general Iván Rafael Hernández, y a antiguos responsables de distintos estamentos
del organismo: Rafael Antonio Franco, Hannover Esteban Guerrero y Alexander
Enrique Granko.
Órdenes deliberadas de Nicolás
Maduro y de Diosdado Cabello
Como sea, se precisa que las
actuaciones de todos ellos eran el producto de órdenes directas de Maduro y, en
el caso del Sebin, también de Diosdado Cabello, su primer vicepresidente.
"Los actos de violencia
documentados no fueron realizados por individuos aislados y sin conexión
actuando solos dentro del Sebin y la Dgcim. Estas violaciones, que constituyen
crímenes de lesa humanidad fueron parte de una política deliberada del Gobierno
para silenciar, y sofocar a la oposición", enfatiza el informe.
La misión ha documentado los casos
de 122 víctimas sometidas a tortura, violencia sexual y a otros tratos inhumanos
en los centros de la Dgcim, especialmente en su sede principal en Caracas
(conocida como Boleíta) y 51 por parte de agentes del Sebin, principalmente en
el Helicoide, contra opositores, periodistas, manifestantes y activistas.
Aunque los casos denunciados
pertenecen especialmente a los años 2017, 2018 y 2019, las violaciones y los
crímenes del Sebin y la Dgcim continúan hasta hoy, manteniéndose las mismas
estructuras, patrones y prácticas, afirma la misión, dirigida por la jurista
Marta Valiñas.
rml (efe, afp) Tomado de D.W / Alemania.
