Defensores de derechos
humanos en Venezuela califican las escuchas telefónicas como parte de una
política de vigilancia masiva del Estado sobre los ciudadanos.
El 22 de junio pasado, la ONG venezolana "Ve Sin Filtro”
denunció, con base en el "Informe de Transparencia en las Comunicaciones
2021” de la empresa Telefónica, "el uso indiscriminado y masivo de la
interceptación de las comunicaciones de los venezolanos suscriptores de esa
operadora, por orden de los organismos de seguridad”.
Telefónica, casa matriz de Movistar, opera en Venezuela desde el año 2005. Con el 49.83% del mercado y con aproximadamente 8 millones de líneas en uso, Telefónica (Movistar) es la más grande de las empresas que prestan servicios de telefonía móvil en el país, según el reporte del año 2020 de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL).
Desde el 2015, Telefónica ha venido publicando anualmente un
informe titulado "Transparencia en las Comunicaciones”. Hasta la fecha ha
publicado siete informes. De acuerdo con el último, durante el año 2021,
Telefónica realizó 1.584.547 intercepciones en sus líneas telefónicas de Venezuela,
lo cual afectó a alrededor de un 20% de sus accesos (clientes) en el país.
Estas intervenciones telefónicas respondieron a 861.004 requerimientos de
autoridades del gobierno venezolano (Ministerio Publico; Cuerpo de
Investigaciones Científicas y Criminalísticas; Servicio Bolivariano de
Inteligencia; cuerpos de policía; Universidad Nacional Experimental de la
Seguridad).
La cifra de un 20% de accesos afectados (clientes) en
Venezuela es sorprendentemente alta si se observa que durante el mismo año en
el resto de los otros países donde Telefónica presta este tipo de servicios
(Alemania, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, México, Perú,
Reino Unido y Uruguay) las intervenciones legales realizadas por la empresa no
llegaron en ningún caso al 0,3% de sus accesos (clientes) de esos países, de
acuerdo con los cálculos realizados por "Ve Sin Filtro”.
Cifras en aumento
Otras cifras a tener en consideración para evaluar lo anormal
de la situación venezolana, es el hecho de que el número de requerimientos de
intervenciones telefónicas y de accesos (clientes) afectados se ha venido
incrementando anualmente de forma muy pronunciada desde el año 2013 (reportado
en el informe del 2016), hasta el 2021, año del último informe.
Entre los años 2013 y 2021, Telefónica recibió en Venezuela
las siguientes cantidades de requerimientos de Interceptaciones telefónicas por
año: 186.659 (2013); 235.201 (2014); 339.646 (2015) 380.250 (2016); 234.932
(2017); 639.911 (2018); 651.446 (2019); 736.498 (2020); y 861.004 (2021). Los
requerimientos a Telefónica, por tanto, se multiplicaron casi por cinco entre
el 2013 y el 2021. En total, durante ese periodo de tiempo Telefónica recibió y
procesó 4.265.547 requerimientos de Interceptaciones telefónicas de parte de
las autoridades venezolanas.
Respecto al número de accesos (clientes) afectados por las
referidas solicitudes durante ese periodo, los informes de Telefónica solo
reportan cifras para Venezuela a partir del 2016. Sin embargo, los datos
son igualmente alarmantes. Entre los años 2016 y 2021, las intervenciones a las
comunicaciones realizadas por Telefónica afectaron por año al siguiente número
de accesos (clientes): 418.960 (2016); 234.932 (2017); 1.091.668 (2018);
1.212.732 (2019); 1.401.311 (2020); y 1.584.547 (2021). Se puede observar que
entre el 2016 y el 2021, el número de accesos (clientes) afectados casi se
cuadruplicó. En total durante esos seis años, Telefónica afectó 5.944.150
accesos (clientes) en Venezuela.
Estas cifras aquí referidas son solo una parte del uso masivo
de las intervenciones de las comunicaciones en Venezuela, ya que ellas solo
corresponden a las "Interceptaciones legales” que realizó Telefónica,
empresa que opera el 50% de las líneas de teléfonos celulares en el país.
Respecto al otro 50%, las empresas Digitel y Telcel, cada una con un 25% del
mercado, no se tiene datos ya que estas empresas nunca han suministrado este
tipo de información. Telcel es una empresa del Estado venezolano. No existe
razón, sin embargo, para presumir que en este restante 50% la situación haya
sido muy diferente a la de Telefónica.
La comparación entre las elevadas cifras de Interceptaciones
telefónicas en Venezuela (20%) y las muy bajas cifras de países similares de la
región, como Brasil (0,28%); Argentina (0,05%); Chile (0,05%) o Colombia
(0,00%), hace inadmisible que se pretenda justificar todo ese volumen de
intervenciones telefónicas como un recurso legal para el combate de la
delincuencia en el país. De allí que múltiples defensores de derechos humanos
en Venezuela han calificado estas intervenciones como parte de una política de
vigilancia masiva del Estado sobre los ciudadanos.
Interceptación de comunicaciones personales en entornos no
democráticos
Para los ciudadanos venezolanos, esta sistemática y
desmesurada intervención del gobierno en su vida privada se agrava por la
ausencia en el país de un verdadero Estado de derecho, tal como ha sido
constatado y reflejado desde hace varios años en los informes de organismos
internacionales y nacionales sobre las violaciones de los derechos humanos en
Venezuela.
La Constitución venezolana, en su artículo 48,
garantiza "el secreto e inviolabilidad de las comunicaciones
privadas en todas sus formas” y establece que "no podrán ser interferidas
sino por orden de un tribunal competente, con el cumplimiento de las
disposiciones legales y preservándose el secreto de lo privado que no guarde
relación con el correspondiente proceso”. E igualmente, en su art. 60, el
texto constitucional afirma que "toda persona tiene derecho a la protección
de su honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y
reputación”. Sin embargo, en la práctica son muchos los venezolanos que se
han visto en situación de total indefensión frente al escarnio público y/o a
procesos judiciales a consecuencia de intervenciones arbitrarias, muchas de
ellas ilegales, de sus comunicaciones personales.
Por ejemplo, "en el año 2020 se registraron 16 casos de
detenciones arbitrarias por la difusión de contenidos a través de WhatsApp. La
crítica política, denuncias sociales, información sobre altos funcionarios,
denuncias sobre presuntos hechos de corrupción, la difusión de convocatorias
para protestar, o la mera circulación de información por parte de periodistas
fueron parte de los contenidos que llevaron a las encarcelaciones”, según se
señala en el informe "Privacidad y datos personales en Venezuela” (2022)
de la ONG "Espacio Público”.
José Vicente Haro, constitucionalista y profesor de derecho de
la Universidad Central de Venezuela, señala que en su experiencia como abogado
defensor de derechos humanos ha visto en los últimos años cómo en Venezuela se
realiza con mucha frecuencia la detención de personas con base en escuchas
ilegales: "De los 337 casos de detenciones arbitrarias donde actué como
abogado defensor, el 67% de ellas estaban basadas en la intercepción de
comunicaciones privadas sin autorización judicial para el momento en el que se
produjo la detención. La gran mayoría de estas personas eran simples
ciudadanos, muchos estudiantes y, algunos, menores de edad, a los cuales se les
pretendió atribuir y acusar de cometer delitos contra el Estado, no obstante
estar en ejercicio de sus derechos a la manifestación y libertad de expresión
al sumarse a las protestas en contra del gobierno”.
Por su parte, Rocío San Miguel, abogada venezolana experta en
temas militares y fundadora de la ONG Control Ciudadano, advierte que otro
elemento que agudiza la orfandad de los ciudadanos frente a la invasión de su
privacidad por parte del Estado venezolano es la total desregulación que
caracteriza al Sistema Nacional de Inteligencia y de Contrainteligencia del
país: "El Sistema Nacional de inteligencia y de contrainteligencia está
completamente desregularizado. Es decir, no hay una norma rectora, tal como lo
exige la Constitución, que establezca las reglas del funcionamiento del
Sistema, sus límites y los controles democráticos a los que debe estar sometida
su actuación. La actual desregulación del Sistema de inteligencia le otorga una
gran discrecionalidad a los órganos que realizan estas labores, generándose
perversiones que atentan contra los derechos humanos de los venezolanos”.
Para San Miguel, "una característica que tienen buena
parte de las escuchas en Venezuela es que no solo son masivas, sino que se
convierten en indeterminadas en el tiempo y el uso que se le da a la
información termina siendo discrecional”.En este contexto, la sociedad entera
se siente bajo permanente sospecha. Por ello, concluye San Miguel,"la
sensación de indefensión y de vulnerabilidad de los ciudadanos es muy fuerte y
produce un efecto social enorme, un daño antropológico. El ciudadano que se
siente vigilado y bajo sospecha termina encerrándose en sí mismo, evitando en
lo posible opinar y participar en los asuntos de la vida pública del país. Y es
a este objetivo hacia donde realmente apuntan este tipo de mecanismos”.
Tomado de D.W /
Alemania.
