Apreciado colega y amigo.
Comparto tu posición de principio
sobre la actitud jurisdiccional que se atribuye el titular del M.P.
nacional y estimo que, además de violar el propio ordenamiento jurídico
constitucional y legal, constituye un desconocimiento del principio de
Separación y Colaboración de Poderes Públicos, al invadir competencias propias
de Poder Judicial.
No tengo dudas acerca de que el
Caso Lanz es un ASUNTO DE ESTADO por sus implicaciones en la gobernabilidad y
la credibilidad de las instituciones.
Me muestro razonadamente incrédulo sobre la narrativa del señor Fiscal General por elementos relevantes como la "perfecta, coherente e incontestable confesión" del delincuente Glen Castellano, convertido en testigo estrella, la omisión a la pregunta del periodista de Últimas Noticias sobre la línea inicial de investigación del general Mejía, la negativa a informar sobre supuesto Pran que contrató a los presuntos autores materiales, la descalificación del Comité de Comité de Búsqueda y Liberación de Carlos Lanz y la sádica descripción de la supuesta desaparición de los restos corpóreos de Carlos en un sorpresivo y macabro festín de cerdos.
En el caso de Jorge Rodríguez, el
Estado no pudo sino admitir su muerte y, después de muchas presiones,
poner a la disposición de sus supuestos autores materiales pero, en el
Caso Lanz, en una huida hacia adelante, se niega a investigarse así mismo
cierra los canales de seguimiento de la investigación y, lo que es
escandaloso, rechaza plenamente el diputado presidente Rodríguez Gómez y
la bancada mayoritaria de nuestro Partido y sus aliados, la activación
del mecanismo parlamentario de investigación política y de control de los
órganos estatales relacionados con las indagaciones del caso.
Hermano, has sido muy delicado y
respetuoso en tus consideraciones - como corresponde a un jurista en debate con
el Poder - pero creo que, hoy más que nunca, debe mantenerse la vigilancia
social, la Veeduría Pública y la Contraloría Ciudadana en el presente
caso porque este icono Caso Lanz debe servir para mostrar las carencias
doctrinales, fallas institucionales y omisiones de las normas nacionales
e internacionales en el comportamiento del Estado venezolano en materia de
DDHH, con el fin de evitar la degradación ética de la figura del camarada
Carlos Lanz, la impunidad de los involucrados y favorecer la
perfectibilidad del sistema de Administración de Justicia y de protección de
los derechos fundamentales. La presencia de la Asociación Internacional de
Juristas, la Asociación Americana de Jurista y otros colectivos de
profesionales del Derecho, pueden ayudar a esclarecer este Asunto de Estado.
Como en el Caso Jorge Rodríguez, ya
el Estado expuso su Versión Oficial. Ahora, el debate Judicial debe
darnos la Versión Real y, el juicio Oral, Público y con plenas Garantías
Judiciales, nos debe conceder la Justicia a que tiene Derecho nuestro Carlos Lanz
y nuestro pueblo.
CINCO CRÍMENES CON CINCO PODERES EN
REVOLUCIÓN, NO ES ACEPTABLE.
Fraternalmente,
Yoel Pérez Marcano