Entre Todos D.
El Tribunal
Supremo de Justicia ha intervenido a la Federación Campesina Bolivariana y ha designado una junta directiva ad
hoc, a la que le ha dado plenos poderes para administrar sus fondos,
sancionar a sus integrantes y organizar y convocar las
próximas elecciones para escoger a sus autoridades.
La decisión la adoptó la Sala Constitucional, en su sentencia n.º 129 del pasado 3 de junio, en la cual la instancia decidió avocarse a conocer una demanda que Douglas Custodio Vargas Querales, Emilio Antonio Corea Díaz, Odulio Alberto Peraza Torrealba, Durga Yhosebe Ochoa Juárez y Emma Ramona Ortega, miembros de la Federación, interpusieron contra quienes venían ejerciendo esos cargos.
Los accionantes
originalmente solicitaron la intervención de la Sala de Casación Social, por
ser esta la competente para conocer asuntos relacionados con la materia
agraria. Sin embargo, la instancia declinó el asunto en la intérprete de la
carta magna, la Sala Constitucional, por considerar que el asunto afectaba «el
conglomerado de campesinas y campesinos a nivel nacional, involucrando
expedientes en materia civil, penal y agraria, así como actuaciones en
Registros y Notarías, lo cual perjudica la imagen del Poder Judicial, y
otras oficinas del Estado» y, por lo tanto, excedía sus facultades.
La Sala
Constitucional dice haber constatado irregularidades en el funcionamiento de la
organización, por lo que decidió designar una junta directiva ad hoc conformada
por Emma Ramona Ortega, como presidenta, y Douglas Custodio Vargas; Jesús
Antonio Linarez Rattia; Durga Yhosebe Ochoa Juárez; Emilio Antonio
Correa Díaz; Armando Corro Belisario; Isaac de Jesús Hernández
Chacín; Johanzi Joel Cabello Camero y Odulio Alberto Peraza Torrealba como
directores. Como se observará fácilmente, el máximo juzgado acogió los nombres
presentados por los peticionarios, quienes se autopostularon como directivos y
les concedió poderes plenipotenciarios.
